La abogada Valeria Carreras se había hecho eco de los dichos de funcionarios oficialistas y de mensajes en redes sociales que acusaban a Patricia Bullrich de haber estado detrás de este episodio y de la muerte del colectivero
El fiscal federal Guillermo Marijuán desestimó una denuncia presentada por la abogada kirchnerista Valeria Carreras para que se investigara en Comodoro Py el supuesto complot de la oposición que derivó en el asesinato de Daniel Barrientos y la agresión a Sergio Berni.
Luego del asesinato del colectivero de la línea 620 y la agresión al ministro de Seguridad bonaerense, en redes sociales se difundieron distintas teorías que señalaban a Patricia Bullrich como la responsable de una hipotética planificación de lo sucedido. Incluso, el propio Kicillof y Berni dieron paso a la teoría conspirativa detrás del hecho luctuoso al plantear que el robo había sido más sofisticado que los habituales. Además, Kicillof, gobernador y jefe político de Berni, agrandó la sospecha sobre la planificación de los hechos cuando remarcó que, días antes del asesinato, Bullrich había hablado de la falta de seguridad en los colectivos. Luego, el oficialismo en redes sociales hizo correr imágenes de un hombre que había estado en un acto de Bullrich, precandidata presidencial del PRO, y aseguraban que era uno de los agresores de Berni. No era así.
La abogada Carreras, muy activa en Twitter, había posteado su teoría sobre el ataque a Berni, que coincidió con la postura del ministro: había dicho que fue una “emboscada”. También señaló como un hecho relevante a tener en cuenta que un policía de la Ciudad que golpeara a un manifestante.
La denunciante, a partir de toda la información disponible, había deducido que “la organización de los atacantes, autores materiales de los golpes y la arenga que incitó a la violencia, serian del espacio político liderado por la Sra. Patricia Bullrich” ya que “con fecha 17-3-2023 concurrió a una línea de colectivos”. Además, subió a sus redes un mensaje sobre “reclamo de choferes respecto a la seguridad y video con personas que coincidirían con los atacantes de ayer”. La abogada señaló también: ”Se suma como indicio el hecho que algunos miembros policiales pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires fueron los que con represión burda violenta desmedida y sin motivo, exaltaron a los presentes, incitándolos a la violencia de masas, sin perder de vista que dicha policía responde al espacio de Juntos por el Cambio, mismo espacio que la dirigente de mentas”.
Y agregó: “Pueden verse cartelería y representantes de dicho espectro político también en la convocatoria”.
Con todo ese cóctel de información, opiniones políticas partidarias varias y fotos erróneas, la abogada se presentó en Comodoro Py para que investigue si se cometió el delito de intimidación pública e incitación a la violencia que están contemplados en los artículos 211 y 212 del Código Penal.
El fiscal Marijuán analizó la denuncia y postuló la desestimación del caso a la jueza María Eugenia Capuchetti. En su dictamen, al que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, Marijuán señaló: “Conforme se advierte en este caso, a partir de la presentación efectuada la denunciante pretende que se inicie una nueva causa, distinta de aquellas que se encuentran en curso, para investigar la presunta intervención intelectual de una persona que lidera un espacio político, en este caso menciona a Patricia Bullrich, en los referidos hechos que son objeto de otras investigaciones, circunstancia que, claro está, de modo alguno corresponde sea receptada ni tenga favorable acogida”.
El fiscal añadió: “La denuncia de la Dra. Carreras no contiene la relación de un hecho, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución, sino que se remite a sucesos que conforman objeto de otras investigaciones, a los que les otorga una calificación, mencionándolos como constitutivos de los delitos previstos en los artículos 211 y 212 del Código Penal, sin aportar un desarrollo que le otorgue fundamento. Por el contrario, nos hallamos frente a una alegación de consideraciones de la denunciante, que contiene conclusiones de sus premisas sobre la intervención de sujetos en otras causas, carente de basamento probatorio y que ensaya una adecuación típica en delitos de competencia federal a partir de la presunta autoría intelectual de un líder político en los eventos que se investigan en otras jurisdicciones”.
Marijuán le indicó a la denunciante dónde debió haber hecho la denuncia: “De considerarse que detrás del asesinato del Sr. Daniel Barrientos existió un complot en contra del gobierno de la provincia de Buenos Aires, las presentaciones sobre la intervención de sujetos en cualquiera de las formas de autoría y participación en aquel delito, deben ser presentadas ante la sede judicial correspondiente de la provincia de Buenos Aires, donde deberán aportarse las pruebas que la denunciante considere para colaborar con la familia de la víctima y el Ministerio Publico Fiscal, en el camino hacia la averiguación de la verdad”.
“Por otra parte -agregó Marijuán- si lo que están denunciando es una suerte de complot en contra del Sr. ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Dr. Sergio Berni, por el delito que aparece públicamente conocido, que lo tiene como víctima de lesiones, en ese caso, también es en el juzgado correspondiente que deberán efectuarse los aportes que contribuyan a dilucidar la intervención de los distintos sujetos en un acontecer típico y antijurídico”.
El fiscal concluyó: “Toda vez que la denuncia presentada no contiene una descripción correcta de sucesos concretos que permita la elaboración de una hipótesis de delito, para dar paso al ejercicio de la acción, me encuentro impedido de dar impulso a una investigación”.
Y por eso postuló la desestimación. Sin impulso fiscal, la causa está destinada al archivo.
Infobae
