EL GOBIERNO REGLAMENTA EL ACCESO ABIERTO FERROVIARIO, PERO LO DELEGA A LOS PRIVADOS

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El Gobierno introdujo modificaciones en el acceso abierto a la red ferroviaria. La gestión de la infraestructura quedará delegada en los futuros concesionarios de vías, en lugar de la ADIF: la red seguirá parcelada. El Estado tendrá un rol marginal, limitándose a aprobar los mecanismos propuestos por los privados. La decisión apuntala la reprivatización total del sistema.

En la antesala de la privatización del sistema, el Gobierno nacional introdujo modificaciones en el acceso abierto a la red ferroviaria.

Mediante la resolución 1984/2026 del Ministerio de Economía, que lleva la firma del ministro Luis Caputo y que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, se estableció que la implementación del libre acceso por parte de cualquier operador ferroviario a la red –principio establecido en la ley 23.132 de Ferrocarriles Argentinos– quedará en manos de los futuros concesionarios privados.

Según consta en el anexo de la resolución, el acceso de los operadores será delegado en los futuros “administradores de infraestructura” –no confundir con Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF)–, es decir, los futuros concesionarios de las vías.

Estos, de acuerdo a la citada resolución, deberán “presentar ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía el Procedimiento de Solicitud de Acceso”. Las autoridades deberán responder en el plazo de 15 días, y en caso de no suceder, se podrá aplicar de forma provisional.

El procedimiento deberá contener “(i) solicitud del operador ferroviario y verificación de condiciones previas; (ii) asignación de ventanas de paso y acceso a la red; (iii) formalización del Convenio de Circulación; (iv) verificación del cumplimiento para la corrida de trenes”. A su vez, se deberán precisar otros aspectos como comunicación, peaje o canon, documentación, entre otros aspectos.

En cuanto a los requisitos de los operadores, se mantiene la obligatoriedad de estar inscriptos en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (ReNOF) y se deberá presentar el plan de carga, información de seguros, nómina del personal, procedimientos ante contingencias y detalles de tráfico. Los administradores, por su parte, deberán aprobar las solicitudes de los operadores en un plazo de 30 días transcurridos desde la presentación, aunque el plazo será extensible en el caso de faltante de documentación o necesidad de subsanar.

Por otra parte, los administradores de infraestructura presentarán ante la Secretaría de Transporte “un modelo de Convenio de Circulación que será utilizado para sus relaciones con los operadores ferroviarios”. Al igual que con el procedimiento de solicitud de acceso, habrá 15 días para la aprobación oficial y, en caso de no ocurrir, se podrán celebrar convenios de circulación de carácter provisional de acuerdo al modelo presentado. Este modelo deberá contemplar las rutas de circulación adjudicadas, aspectos operativos como velocidades y pesos máximos, procedimientos de solución de controversias entre partes, acuerdos relativos a servicios auxiliares, entre otros aspectos.

Estas empresas deberán autorizar a los operadores que cumplan con los requisitos, a excepción de que se constaten incumplimientos, falta de capacidad disponible o falencias de seguridad operacional. A su vez, debe garantizarse un “trato no discriminatorio”.

Los administradores finalmente deberán publicar y remitir a la Secretaría información relativa a la red en concesión, al cálculo del canon o peaje, capacidad de red disponible, restricciones permanentes o temporales a la circulación, el reglamento operativo, criterios de asignación, entre otras cuestiones.

En otras palabras, cada concesionario privado de la infraestructura podrá determinar normativa diferente distinto para eventuales terceras empresas que deseen prestar servicios sobre los sectores de la red a su cargo.

EnelSubte