La votación del Senado que le solicitó a Economía destinar ese dinero a la crisis por el Covid es descripta como un mensaje a Georgieva acordado previamente con el presidente.
“¿Por qué estamos tratando un proyecto de declaración cuando el ministro está afuera con el presidente? Es más fácil: llaman por teléfono al ministro que es de su propio espacio político, deben tener el número de teléfono”, chicaneaba el senador Martín Lousteau el jueves cuando veía que desde el Senado se lograba la mayoría para solicitar al Ministerio de Economía que los derechos especiales de giro se queden en las arcas argentinas en contexto de pandemia. Lousteau no leía que la llamada no era para el ministro Martín Guzmán sino para Kristalina Georgieva, a quien se le recordó que a partir de este año todo acuerdo con el Fondo tiene que pasar por el Congreso.
Alberto Fernández y Martín Guzmán regresan de Europa con la decisión tomada y comunicada de usar esos 4400 millones de dólares que le corresponden al país por ser miembro del FMI para constituir reservas que respalden los mayores niveles de emisión monetaria que provocan las medidas paliativas al parate económico de la pandemia. Esta política fue criticada por los fondos de inversión, que presionaron a través de economistas y medios afines para que Argentina destine esos derechos al pago de intereses de la deuda.
En tanto, en Buenos Aires, los ministros del Gabinete mostraron una semana activa de gestión ya en modo campaña. Santiago Cafiero y Wado de Pedro salieron a criticar a la oposición, pero también a mostrar que es una decisión de todo el gobierno usar esos derechos (una canasta de monedas fuertes como el euro, el dólar, la libra esterlina, el yen y el yuan) para ampliar la base monetaria de divisas en el Banco Central y así poder emitir más en contexto de pandemia. Fue una estrategia conjunta que se llevó adelante en el plano nacional e internacional.
No es la primera vez que el gobierno usa esta tradicional jugada del policía bueno y el policía malo. También, siempre lo recuerda el senador Oscar Parrilli, el año pasado le mandaron una carta al Fondo cuestionando la débil institucionalidad del acuerdo de Mauricio Macri con Christine Lagarde en 2018, como herramienta de presión.
Con la experiencia de ese acuerdo ruinoso que hizo que Argentina tomara la deuda más grande de la historia del FMI, el oficialismo logró la sanción en febrero de este año de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, por amplia mayoría, que establece que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso de la Nación y que los acuerdos futuros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deberán también ser aprobados por el Parlamento.
La declaración del Senado de este jueves que solicita al Ministerio de Economía de la Nación que “los fondos que le corresponden a la Argentina” en los derechos de giro que distribuirá el FMI, estimados en 4350 millones de dólares, se apliquen para financiar políticas públicas para resolver los problemas derivados del Covid-19”, es el llamado de atención directo a Georgieva, un recordatorio de la posición política que sostiene el bloque mayoritario en la Cámara Alta, por donde tendrá que pasar cualquier acuerdo con el organismo.
Según contaron fuentes oficiales a Tiempo, el gobierno de Alberto Fernández caracteriza a la deuda como un “cepo al desarrollo” del país. Y en ese contexto, no le viene nada mal fortalecer sus reservas, como herramienta de autonomía financiera en medio de la crisis mundial. Por eso, tener un Banco Central fuerte permite tranquilizar a Guzmán, siempre pendiente de la emisión. Sin embargo, es el propio Estados Unidos el que está emitiendo para financiar empresas y familias, posición que destacó la vicepresidenta Cristina Fernández la semana pasada. Si fue el Estados Unidos de Donald Trump el que apretó el botón para financiar a Macri, la posición de Joe Biden, que es muy otra en términos económicos y sanitarios, podría repercutir dentro del FMI, debido a su posición dominante.
Desde el gobierno también destacaban el acuerdo que se gestó con el Parlamento chino, por el cual también se logró el apoyo al país por parte del gigante asiático. Según su cuota miembro, Estados Unidos tiene un 16% de peso en las votaciones mientras que China tiene un 6 por ciento.
Quizá no haya un anuncio estridente para dar cuenta de los resultados concretos de la gira y solo se destaque el trabajo de hormiga de convencer país por país. Y quizá no haya apuro en cerrar esta negociación clave para el futuro del país. Portugal estiró su negociación durante dos años en 2011, y además no les hizo caso a las recomendaciones de los técnicos. Ese es un eje clave de la administración Fernández: se comenzó la negociación con la advertencia de que el organismo no tendría acceso a delinear políticas económicas internas. Y en esta gira europea, se les recordó.
La inflación de abril preocupó al gobierno
El 4,1% de alza en el costo de vida volvió a inquietar a la Casa Rosada.
Fuentes oficiales destacaron que para frenar la inflación utilizarán los derechos de exportación como amortiguadores de la suba de los precios internacionales de la soja y otros granos que presionan sobre los precios de la canasta local. “En el medio también hay vivos”, destacaron.
Estas fuentes oficiales ponderaron que gracias al acuerdo de la carne bajó el precio del kilo de asado. Además, destacaron las sanciones implementadas a las empresas que trataron de hacer fraude en el empaquetamiento de los alimentos al modificarles el peso y así escapar de la regulación acordada en el programa de Precios Cuidados.
Por último, apostaron al lanzamiento de una nueva canasta de alimentos que tendrá valores fijos hasta fines de octubre próximo y que, en un principio, se sumará a Precios Cuidados y Precios Máximos, en la que se ofrecerá a los consumidores una lista de alimentos acotada de entre 100 y 150 productos de primera necesidad como aceites, yerba, fideos, harina, entre otros, y que ya son los más baratos de cada categoría. «
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