Christian D’Alessandro presentó el recurso contra ANSES “para que no sigan metiendo la mano en el bolsillo de los jubilados”.
Un abogado previsionalista le exigió a la Justicia que frene el vaciamiento del fondo de los jubilados. En las últimas semanas, el Gobierno aceleró el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar las políticas de Mauricio Macri, pese a que el organismo resultó gravemente perjudicado.
El recurso de amparo del letrado Christian D’Alessandro recayó por sorteo en el Juzgado 1 de la Seguridad Social. Presentó junto con eso una medida cautelar para frenar el desguace de los recursos previsionales. Planteó que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, deben mantener el patrimonio de los trabajadores hasta el 10 de diciembre, cuando asuma el gobierno de Alberto Fernández.
Mediante la resolución conjunta 69/2019 del 22 de octubre, las secretarías de Hacienda y Finanzas obligan a los organismos descentralizados del Estado a entregarle todo su excedente de liquidez al Tesoro Nacional, una medida fuertemente cuestionada por su presunta inconstitucionalidad. El Ejecutivo emitió a cambio de esto Letras, que le colocó, entre otras entidades, al FGS.
Macri de esta forma financia sus gastos corrientes con problema que patea al próximo gobierno, al que le deja organismos desfinanciados y lo fuerza a pagar los intereses multimillonarios de estos bonos. Lo decidió después de que agotó todas las fuentes de financiamiento, dado que los mercados internacionales le dieron la espalda y el FMI ya le entregó el préstamo más grande en su historia al final de la segunda guerra mundial.
D’Alessandro, como representante de Horacio Eladio Burgos, presentó el recurso contra ANSES “para que no sigan metiendo la mano en el bolsillo de los jubilados”. La cautelar apunta a no innovar y suspenda la resolución hasta que se sustancie la toma de mando del presidente electo democráticamente para que el FGS sea inalterable hasta el 10 de diciembre, para atenerse al artículo 43 de la Constitución Nacional y a la ley 16.986.
Denunció justamente que la resolución que salió de la órbita de Lacunza, y que fue acatada por ANSES, vulnera los derechos de los trabajadores pasivos, cuyos haberes provienen de los aportes realizados por los activos. Dichos recursos son ahora afectados a operaciones ajenas a los fines para los cuales integran el Fondo, lo que pone en riesgo a las futuras prestaciones, quienes ya padecen la quita de beneficios.
El Gobierno no consiguió que ningún economista o financista que quiera presidir el FGS desde mediados del año pasado, por lo que se hace cargo de la Subdirección Ejecutiva de Operaciones del Fondo el secretario general de ANSES, Alejo Maxit. El Destape reveló que la gestión de Cambiemos redujo el patrimonio administrado a tan sólo U$S 32.100 millones. Esto implicó una caída del 50% desde los U$S 64.000 millones que había consolidado a octubre de 2015, lo que sólo se explica por negociados, uso partidario del dinero y malas inversiones.
