El Poder Ejecutivo apeló la decisión del juez de la convocatoria que desplazó al Interventor nombrado por DNU y reclamó su restablecimiento en el cargo.
El gobierno nacional vuelve a la carga en la pelea por Vicentín. Apeló la decisión del juez Lorenzini de reponer al frente de la conducción de la agroexportadora al antiguo Directorio de la compañía, a la vez que degradar con el título de veedores a los interventores propuestos por el Poder Ejecutivo. El rechazo de la resolución emitida el viernes 19 se realizó a través de dos notas: una presentada por el ahora veedor Luciano Zarich y otra por la Procuración del Tesoro de la Nación. El gobierno nacional tenía plazo hasta ayer al mediodía para hacerlo.
La apelación
En el recurso presentado, Zarich acusa al juez por “devolverle la Administración a los Directores que están verosímilimente sospechados de estrellar una empresa de 90 años de trayectoria que actúa en uno de los mercados más rentables del país”. Y resalta algunos hechos que el juez omitió en su fallo y que Página 12 ya ha denunciado en estas semanas: las investigaciones en curso acerca de las triangulaciones de operaciones comerciales de la empresa a efectos de producir evasión fiscal, el vaciamiento de la empresa y los desprendimientos patrimoniales personales con la intención de no tener que solventar con esos bienes en caso de que tuvieran que dar respuesta ante demandas judiciales.
También profundiza sobre el ocultamiento de información a los acreedores a los que Vicentin adeuda mas de 99.000 millones de pesos. Entre otros requisitos técnicos, la empresa no presentó los estados contables del año 2019, una información imprescindible en el marco del concurso a la hora de evaluar su situación económica.
Más allá de esta denuncia, las apelaciones cuestionan el accionar técnico del juez del fuero comercial por desobedecer un DNU del Poder Ejecutivo Nacional. Además se lo acusa por la contradicción de que, a pesar de haberse declarado incompetente para resolver las pretensiones de quienes cuestionaron la constitucionalidad de la intervención, tomó dos decisiones importantes: reponer a los administradores responsables del estado de situación actual de la empresa al frente de la misma y que los interventores designados por DNU fueran ahora veedores, con las (pocas) facultades que ello implica. “No se encontraba legalmente habilitado para dictar la medida cautelar que dispuso, ni ninguna otra”, explica el descargo de Zarich.
Una vez respondida la resolución del viernes, el Estado Nacional cuenta con dos opciones para continuar con la demanda judicial: una revocatoria ante el mismo juez, para que revea la decisión que dictó, o una apelación al superior (Cámara). Preocupa entre abogados constitucionalistas el hecho de que la Ley de Concursos y Quiebras no contempla que las decisiones de este tipo sean apelables. Sin embargo, dadas las desprolijidades mencionadas anteriormente, el curso que puede tomar la causa aún no es tan claro.
Media sanción para la Bicameral
Mientras el proceso judicial sigue su curso, el Senado aprobó la media sanción para la creación de la Bicameral Investigadora sobre la deuda de la empresa con el Banco Nación. El objetivo es investigar las posibles maniobras irregulares de la relación crediticia entre el Banco y la empresa. Además, profundizará en las investigaciones por estafas a acreedores, clientes y empresas competidoras dada su posición dominante entre 2016 y 2019.
Claudio Lozano, integrante del directorio del Banco Nación, uno de los actores protagónicos que aportó información clave para revelar el accionar de la empresa y además es querellante en el caso , explicó que “el camino concursal es un procedimiento que va a llevar mucho tiempo, por eso hay que estar atento para evitar que se convalide la estafa”.
En un encuentro que mantuvieron junto con Eduardo Hecker, presidente del Banco, y representantes de distintas organizaciones con inserción en actividades gremiales, económicas y sociales, Hecker aclaró que el objetivo de la entidad es cobrar los 300 millones de dólares que Vicentín le debe al Banco, porque en definitiva “esa plata son créditos para las Pymes, para sostener y crear fuentes de trabajo y ayudar al crecimiento del país”. Si bien en estos tres meses el Banco Nación otorgó préstamos exclusivamente a las Pymes por un monto mayor a lo que debe Vicentín, Hecker resaltó que “es importante recuperar ese dinero para continuar reforzando estas líneas de créditos”.
Página/12
