GOBERNADORES RESPALDAN EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA QUE IMPULSARÁ ALBERTO FERNÁNDEZ

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El Presidente convocó a un grupo de mandatarios provinciales para para diseñar el pedido de juicio político que impulsará contra el máximo tribunal. “Juntos por el Cambio se apropió del Poder Judicial”, dijo antes del encuentro Jorge Capitanich, gobernador del Chaco. Este miércoles se elevará el pedido a la Cámara de Diputados.

El presidente Alberto Fernández se reunió este martes en Casa Rosada con un grupo de gobernadores para diseñar el pedido de juicio político que impulsará contra los cuatro jueces de la Corte Suprema.

El encuentro, que comenzó al mediodía, contó con la participación de los mandatarios provinciales Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

También con la participación de los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Los gobernadores de esas provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, se conectaron por videoconferencia.

En la reunión, que se desarrolló en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, acompañaron a Fernández el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.

Conferencia de prensa

Al finalizar el encuentro, los gobernadores ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron los resultados de la reunión. “Junto a gobernadores, vicegobernadores, vicegobernadoras y gobernadoras hemos tenido una reunión con el Presidente de la República con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo Capitanich, el primero en hablar.

“El Presidente, con la mayoría de gobernadores y gobernadoras, hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos que pueden sintetizarse en la violación de la Ley de Ética Pública y el mal desempeño a partir de decisiones que tienen que ver con oportunamente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26080 después de más de 16 años de vigencia y la restitución de la Ley 24.937″

“En ese contexto, conjuntamente con el fallo que favorece a CABA, nosotros observamos efectivamente en esta Corte Suprema, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública, una manifiesta parcialidad“, añadió Capitanich.

Esta manifiesta parcialidad, aseguró, “significa que los fallos que hemos observado favorecen a una parcialidad política y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales: deben ser custodios y guardianes de la Constitución pero lo que observamos es que los argentinos y argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, patrimonio, honor y libertad con miembros de la Corte que violan clara y contundentemente la Constitución y sobre todo los principios republicanos y federales de gobierno”.

En ese marco, Capitanich reconoció que las provincias argentinasse sienten “damnificadas por la asignación de recursosde una manera antojadiza sin ningún tipo de fundamento alguno”. En consecuencia, “consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias y del federalismo es una bandera absolutamente irrenunciable porque es la base para lograr equidad e igualdad”, concluyó. 

La presentación ante Diputados

Luego tomó la palabra Kicillof, quien adelantó a los periodistas que “pronto van a tener a disposición el pedido que va a ser elevado a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados”. Dicha presentación, que “no tiene antecedentes en la historia argentina”, se realizará este miércoles, anticipó el mandatario provincial. 

Consultado sobre la dificultad de llevar adelante el proceso con una oposición que viene trabando el funcionamiento del Congreso, respondió: “La comisión de Juicio Político resuelve si pone en marcha o no el procedimiento. Lógicamente, será el propio transcurso de la investigación el que después irá confirmando el resultado del pleno. Si ya estuvieran todos los votos no tendríamos diputados porque serían cosas que están escritas antes. Y esto no es así, porque es un procedimiento de mucha gravedad”.

“El presupuesto parecía que no se iba a aprobar y se aprobó. Por eso digo, uno no se puede adelantar a la evolución de los hechos”, insistió en ese sentido. 

La denuncia contra Robles

Gerardo Zamora, por su parte, se refirió al accionar judicial que algunas provincias desplegaron contra la Corte Suprema en los últimos días y la denuncia que él presentó este lunes en el Juzgado de la capital provincial contra Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, por supuesto “tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público” ante las filtraciones de chats que mostrarían un vínculo entre el Gobierno porteño y ese tribunal.

Existen “presentaciones que hemos realizado varios gobernadores que no han sido oídas ni contestadas. Creemos que esta situación se agrava muchísimo cuando se conocen los chats. Por eso la denuncia en la cabeza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y la investigación de los demás miembros es la decisión de varios gobernadores”, explicó.

“Hay un conflicto de poderes muy grave (…). La legitimidad del presidente de la Corte Suprema está totalmente en duda y con ello el estado de derecho. No se puede dejar pasar esto”, remarcó.

Minutos antes, en sus redes sociales, Zamora aseguró que Robles, a quien denunció en la Justicia Federal “por estar involucrado en un escándalo de gravedad institucional sin antecedentes”, no quiso entregar sus teléfonos. “Con esto, en vez de ayudar a aclarar (si es que no tuviera nada que ver con el delito endilgado) oscurece más aún la legitimidad de la presidencia de la CSJN, y sigue resquebrajando cada vez más, al estado de derecho en el país. Dr. Rosatti, vuelvo a preguntarle, ¿que hará usted ahora? La Patria no se merece esto“, escribió el gobernador de Santiago del Estero en un hilo de Twitter.

Capitanich: “Juntos por el Cambio se apropió del Poder Judicial”

Antes de ingresar a Casa Rosada, Capitanich brindó una entrevista con Futurock donde afirmó hoy que existe una “parcialidad manifiesta” por parte de la Corte Suprema que “responde” a Juntos por el Cambio (JxC). En ese marco, el gobernador de Chaco adelantó que acompañará el pedido de juicio político que Fernández impulsará contra Rosatti.

“Acá el problema central es político, Juntos por el Cambio se apropió del Poder Judicial para perseguir opositores, para defenestrar el sistema republicano de Gobierno y para destruir el federalismo en Argentina. Esta apropiación de la justicia constituye un hecho de gravedad institucional“, observó Capitanich.

Se trató del segundo encuentro que el Presidente mantuvo con gobernadores luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara unacautelar ordenando al Gobierno Nacional pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. 

En la anterior reunión, de la que participaron también –algunos de forma presencial y otros virtual– Kicillof, Capitanich, Zamora, Ziliotto, Melella, Insfrán, Quintela, Jaldo, Uñac, Kirchner y Jalil, además de los mandatarios Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), se redactó un documento que definió a la decisión del máximo tribunal como “un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”.

Juicio político contra Rosatti

Este domingo, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, Fernández publicó una carta anunciando su decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema para que “se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”, tras la difusión de informaciones “jamás contradichas” que dejan al descubierto “el vínculo escandaloso entre parte de la política y la justicia” en el marco de “un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la República”.

El mandatario se refería, entre otras irregularidades, a la difusión de supuestos chats de Telegram entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el principal operador del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles, donde éste le recomendaba al funcionario de Larreta maniobras para favorecer la posición del distrito porteño en el litigio que mantenía con la Nación por los fondos coparticipables y también le sugería los pasos a seguir para que la Corte pueda convalidar judicialmente el reclamo del senador Luis Juez a un lugar en el Consejo de la Magistratura.

“Los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado”, advirtió Fernández.

Por eso, “he convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti”, detalló el jefe de Estado en el escrito que difundió por redes sociales, donde también adelantó que pedirá que “se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.

“Permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes”

Horas más tarde, en una entrevista con C5N que dio desde Brasil, Fernández expresó su “preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes y la República exige tres poderes independientes”. 

“Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión” de la justicia, consideró entonces. 

Rosatti, recordó el mandatario sobre esa intromisión registrada en los últimos meses, además de ser titular de la Corte “tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso”.

Página/12

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