Luego del pedido de los gobernadores dialoguistas de agilizarla como condición para la aprobación de la “Ley Bases…”, el ministro de Economía, Luis Caputo habría girado los ingresos del tributo a una provincia para la construcción de viviendas.
A pesar de los efectos sobre la inflación, en febrero pasado, por medio del Decreto N.º 107/2024, el Gobierno estipuló un nuevo cronograma de cuatro fechas para aumentar de los montos fijos del impuesto al combustible. Lo que conformará, ahora, una nueva billetera con la que poder seducir a los mandatarios subnacionales con obras públicas.
A los fines de recuperar el tiempo que estuvo congelado, se estableció una suba, el pasado 1º de febrero por el tercer y cuarto trimestres de 2021 y todo 2022, luego otra en marzo (primeros 6 meses de 2023) y una más en abril (tercer trimestre 2023). Pendiente de la última el próximo 1º de mayo (cuarto trimestre 2023).
Así, ante las sumas acumulativas de porcentajes, en el último informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de marzo, la recaudación por el tributo presentó un salto sideral: sumó $ 82.481,8 millones.
Lo que supuso una variación interanual del 215% (en marzo de 2023 había sido $ 26.185,9 millones) y juntó $ 179.106,1 millones durante el primer trimestre del año (diferencia positiva del 91% respecto al mismo periodo de 2023, aunque debajo de la inflación).
De los cuales, por lo establecido en la Ley N.º 23.966, Título III y Ley N.º 27.430, un 47,96% se destinan a obra pública: 15,07% al Fondo Nacional de Vivienda; 28,58%, Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; y 4,31%, al de Hídrica.
Pero dichos recursos, desde el pasado marzo, se encuentran bajo la órbita de Luis Caputo. “Con el objeto de asegurar el efectivo control y administración de las finanzas públicas, es necesario designar al Ministerio de Economía como fiduciante en representación del estado nacional en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del estado nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción (…) o, cuando corresponda, emitir opinión previa”, establecieron en el Decreto N.º 215/2024.
A su vez, de que solicitó realizarse, dentro del plazo de 60 días (fecha límite próximo 3 de mayo), una auditoria integral de la gestión de los fondos integrados total o parcialmente con y/o fondo del estado nacional. Luego de destacar, que el informe de la Sindicatura General de la Nación advirtió sobre “la ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos“.
El pedido por la obra pública
A pesar de que el fin de la obra publicar para “terminar con la corrupción”, fue una de las principales promesas durante la campaña del presidente Javier Milei, durante las tratativas de la nueva versión de la “Ley Bases…” los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) pusieron la cuestión sobre la mesa.
Además de la modificación del impuesto a las Ganancias (del monto a partir del cual comienzan a tributarlo), los mandatarios subnacionales le pidieron al jefe de Gabinete, Nicolás Posse y al ministro del Interior, Guillermo Francos, que se “agilice la obra pública” como condición para su apoyo.
Y en esa línea, el Gobierno ya habría hecho uso de los ingresos que genera el impuesto a los combustibles. “Milei recuperó y actualizó el Fondo Nacional de la Vivienda, (…) que hacía rato que no actualizaban”, afirmó en una entrevista reciente el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.
Así, el mandatario, que participó, hace dos semanas, de las reuniones en Balcarce 50, reveló que la provincia va a recibir $ 600 millones –$ 400 millones ya se le giraron- en lugar de los $ 100 millones de antes, lo que le va a “permitir hacer viviendas”.
Desde el entorno, el gobernador, aseguraron a El Cronista, que, durante la presidencia de Alberto Fernández, “se discriminaba a Corrientes en las transferencias de recursos para hacer viviendas” y que se le daba mucho al entonces gobernador oficialista de Chaco, Jorge Capitanich.
El Cronista
