Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda dejaron firme un fallo que destacó la importancia de la búsqueda de la verdad y la defensa del interés de la opinión pública
La Corte Suprema de Justicia dejó firme hoy la desestimación de una demanda por daños y perjuicios iniciada durante el kirchnerismo por Norberto Yauhar -entonces ministro de Agricultura de la Nación- contra los periodistas Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki, que lo habían vinculado con hechos de narcotráfico.
Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la Corte rechazó un recurso de queja de Yauhar, que pretendía que la Corte revisara una decisión de la Cámara Civil adversa a su demanda. El fallo del máximo tribunal es muy breve. “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible”, sostiene.
Según el expediente, en 2013 los programas “Lanata sin filtro” y “Cada mañana”, de Radio Mitre, dieron un adelanto de una investigación de “Periodismo para Todos”, sobre el hallazgo de 110 kilogramos de cocaína disimulada en cajas de langostinos en un buque pesquero de la empresa Poseidón, en Puerto Madryn. Esa firma estaba integrada por una sola persona, que fue condenada a nueve años de cárcel por almacenamiento de estupefacientes.
El informe periodístico daba cuenta del interés del entonces ministro Yauhar en la causa penal por narcotráfico. También, de vínculos del exfuncionario con el dueño del buque y con un contador responsable de la campaña electoral del partido de Yauhar que era además asesor financiero de la empresa pesquera. En ese marco, se barajó la teoría de que el exministro sería el verdadero propietario de la embarcación.
Yauhar ganó en primera instancia. Se ordenó una indemnización a su favor de $600.000 por las manifestaciones en las que se decía sobre él: “Está en el negocio de la droga”, “Tiene contacto con los narcos” y “En algún momento va a ir preso, por narco”. En aquel fallo se sostuvo que fueron afirmaciones categóricas y no opiniones, y que no había elementos para sostener esas acusaciones.
Pero después la Sala G de la Cámara Civil revocó esa sentencia y rechazó la demanda en todas sus partes. Entendió que el informe periodístico contenía “una combinación de datos y opiniones propios de este tipo de nota”, que mezcla “información con ideas propias del o los periodistas que evalúan, conjeturan y explicitan, desde la perspectiva de su profesión, esa información”.
“La búsqueda de la verdad y el sometimiento de un tema de indiscutible interés general a la opinión pública, como es el flagelo del narcotráfico y su perniciosa ramificación en diferentes estamentos de nuestra sociedad, imponían la emisión del programa, no su silenciamiento o cancelación”, dijo la Cámara.
Los camaristas hicieron referencia en su fallo, firmado el 15 de noviembre de 2019, a la doctrina de la “real malicia” y recordaron el fallo de la Corte de Estados Unidos en el caso “New York Times v. Sullivan”, citado por la Corte argentina, que dijo que “las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y éste debe ser protegido si la libertad de expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir”.
La Cámara destacó que no se demostró el conocimiento de la falsedad de la noticia ni el desinterés por encontrar la verdad. Y dijo: “Es cierto que diversos pasajes del informe periodístico y sus adelantos debieron razonablemente resultar ofensivos y molestos para el actor, empero, a la luz de la doctrina constitucional sentada en numerosos fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (…), el funcionario público involucrado en labores periodísticas vinculadas al interés general, carga con el peso de una tolerancia mayor a manifestaciones que pueden resultar agraviantes en el contexto mediático en el que son expresadas”.
Y añadió: “Ello pues ante el conflicto de derechos fundamentales como son el de derecho de prensa y libertad de expresión y opinión, y aquel que preserva el de intimidad y el honor de los ciudadanos, el Derecho debe inclinarse en favor del primero, por su evidente proximidad al núcleo democrático de nuestra Constitución Nacional”.
Yauhar intentó sin éxito que la Corte revisara ese fallo, pero el tribunal desestimó este jueves su pedido.
LA NACION
