Un acuerdo de mayo de 2019 pretendía saldar los reclamos y deudas cruzadas entre el Estado y las distribuidoras, pero los errores de cálculo a favor de las empresas podrían sumar un perjuicio al sector público de más de $40.000 millones.
El acuerdo que celebró el ex secretario de Energía Gustavo Lopetegui con las empresas Edenor y Edesur, en el marco del traspaso de jurisdicción de la concesión a la provincia de Buenos Aires y a CABA, significó un millonario perjuicio para el Estado Nacional por deudas condonadas a las empresas y el reconocimiento de créditos a favor de las concesionarias por congelamiento de tarifas mal calculados. Es lo que se desprende de una exhaustiva auditoría realizada por la actual intrervención del ENRE (ente nacional regulador de la electricidad) sobre el mencionado acuerdo, de mayo de 2019, cuyos resultados serán presentados en la causa “Lopetegui Gustavo y otros, por malversación de caudales públicos” que se tramita en el juzgado nacional en lo criminal y correccional federal 5.
La intervención del ENRE detectó irregularidades en el cálculo de las multas a las distribuidoras que no habían sido pagadas, y otros montos que integran el objeto del acuerdo. La auditoría advirtió que el método “ad hoc” utilizado invirtió el carácter de los resultados: las concesionarias pasaron de ser deudoras del Estado nacional a ser acreedoras.
En el marco del traspaso de jurisdicción el servicio público de energía eléctrica a las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado Nacional suscribió en mayo de 2019 con las distribuidoras Edenor y Edesur un acuerdo con el objeto de poner fin a una serie de disputas y obligaciones recíprocas, generadas entre 2006 (suscripción de las actas de renegociación contractual) y 2016 (revisión tarifaria integral dispuesta por Mauricio Macri y el ministro Aranguren).
En el acuerdo se contabilizaron tanto las acreencias reclamadas por las Concesionarias al Estado nacional por el congelamiento tarifario, así como las deudas por Sanciones acumuladas por las empresas con el erario público. Para la cuantificación de estas obligaciones, la entonces Subsecretaría de Energía Eléctrica utilizó métodos de cálculo “ad hoc”(sin ninguna justificación técnica), que se apartaron de los mecanismos oficiales definidos para los correspondientes rubros, redundando en un beneficio para las concesionarias.
Con respecto a las acreencias reclamadas por las distribuidoras, la auditoría del ENRE detectó importantes diferencias. Comparando los “ingresos percibidos” con los que “les hubiera correspondido recibir”, tomando en cuenta no sólo las tarifas sino también los subsidios, resulta que no habría un saldo para reclamarle al Estado, sino que empleando “el mecanismo de cálculo oficial previsto en las Actas vigentes desde 2006, resulta que Edenor SA le debería al Estado Nacional $ 10.898 millones y Edesur SA $ 15.501 millones”.
Tamaña diferencia no es la única que surge del análisis del acuerdo. En lo que respecta a los reclamos del Estado contra las distribuidoras por sanciones y multas acumuladas, el acuerdo suscripto por Lopetegui “subvaluó” el monto actualizado, en 9453 millones de pesos para el caso de Edesur, y de 7731 millones en lo que respecta a Edenor, estima la auditoria del ENRE.
Es decir, que entre uno y otro concepto, las diferencias en contra del Estado por defecto de cálculo ascenderían a más de 40 mil millones de pesos. Además de Lopetegui, en el acuerdo firmado el 10 de mayo de 2019 con Edenor y Edesur, en el que se pretendía “poner fin a las disputas y reclamos”, aparece comprometido también el entonces Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico Juan Antonio Garade.
En la causa penal mencionada se investiga, precisamente, si Lopetegui y Garade realizaron “maniobras de administración presupuestaria que podrían haber generado beneficios económicos indebidos a favor de las concesionarias Edenor S.A. y Edesur S.A.”
El actual interventor del ENRE, Federico Basualdo, instruyó a la Asesoría Jurídica del organismo a que presente en el Juzgado los informes y la documentación respaldatoria de la auditoría. La información aportada por el ENRE, estiman fuentes oficiales, “presenta elementos que pueden colaborar en el esclarecimiento de la causa, permitiendo que se dejen sin efecto los acuerdos realizados”.
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