Las villas y las cárceles siguen siendo un foco de desesperación al que los gobiernos llegan tarde y mal. Muere, con la reapertura, la utopía del CBU para los inquilinos. Y un “dream team” asesora al Gobierno con la app CuidAR.
En algún momento de los más de 50 días de aislamiento obligatorio que lleva la Argentina hubo quienes se ilusionaron con que la pandemia empujase finalmente cambios sociales largamente demorados. No parece estar sucediendo. A dos semanas y media de la primera contagiada de COVID-19 en el Barrio 31 y de la protesta en el penal de Devoto, las villas y las cárceles siguen siendo el eslabón más débil del sistema. Como fueron siempre.
Los barrios vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires explican por sí solos más del 50% de los nuevo casos de coronavirus diarios y el nivel de positividad del testeo en la 31 es lo más preocupante que ha mostrado hasta aquí la pandemia en la Argentina. De cada 100 pruebas PCR que se hacen en la villa de Retiro, 67 dan positivo. Como explica desde hace semanas la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como investigadores expertos consideran que un nivel de positividad óptimo en los tests es de entre el 10% y el 20%. Menos que eso es signo de estar testeando de más. Más que eso es signo de estar testeando de menos. 67%, está claro, es signo de haber llegado muy tarde y encontrar un escenario descontrolado. Un panorama similar asoma con los primeros testeos en la villa 1-11-14.
Según el tardío protocolo que armó la Ciudad -después de la intervención de la Nación en el tema-, en los barrios vulnerables hay desde hace menos de una semana búsqueda activa de casos por parte del Estado. Los representantes del Ministerio de Salud porteño van casa por casa relevando síntomas y definiendo si hay o no personas que ameriten ser testeadas, en vez de esperar que quienes tengan síntomas se contacten con el sistema sanitario. Cuando aparecen los resultados positivos, se abren dos caminos: el hospital público o, si es una persona asintomática o que no requiere asistencia compleja, alguno de los hoteles habilitados para la cuarentena en la Ciudad. Hasta allí, bien. Pero es con los contactos estrechos de los casos positivos en donde el plan muestra su falencia más grande.
Con ese círculo cercano a las personas contagiadas de coronavirus en las villas, el Ministerio de Salud porteño hace un seguimiento (que puede ser presencial o telefónico) para conocer su evolución y el Ministerio de Desarrollo Humano les acerca comida y elementos de higiene. Teniendo en cuenta que son personas que viven hacinadas y, en muchos casos, compartiendo el baño con otros vecinos, aún respetando la cuarentena, salta a la vista la imposibilidad de contener los contagios en esas condiciones. A esos contactos estrechos, aseguran en la Ciudad, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta les ofrece lugares de aislamiento en iglesias u hoteles. Pero, también aseguran en la gestión porteña, el nivel de aceptación es bajísimo. Las familias no quieren dejar sus casas. Casas que, según reconoció el vicejefe Diego Santilli este domingo en C5N, en muchos casos no cuentan con las obras de infraestructura pública mínima para recibir agua potable de red.
Trece años de gestión de la misma fuerza política en la ciudad más rica del país no parecen haber sido suficientes para llevar un caño de agua a un barrio que está a 10 cuadras de la Facultad de Derecho de la UBA que en 1949 se instaló en su sede actual porque, paradójicamente, eran terrenos que ya tenían una estación de bombas de agua corriente. Y son más de 520 los contagiados en el barrio. La única ¿ventaja? que asoma en este escenario es la pirámide poblacional de las villas, que tienen más población joven que de riesgo.
A la crisis sanitaria se le superpone la también estructural crisis socioeconómica. Otro aspecto la pandemia empeora sin que aparezcan esperanzas de cambios. Las entregas de los bolsones de comida que organiza el gobierno porteño en el Barrio 31 no tienen protocolos de cuidado ni para los vecinos ni para los trabajadores de la Ciudad. Días atrás, en uno de los puntos de entrega más concurridos, los empleados tercerizados de una empresa de limpieza tuvieron que ayudar a los maestros y directivos de una escuela a bajar la comida de uno de los camiones porque había colas de vecinos desde las 10 de la mañana y los bolsones llegaron una hora y media después sin nadie que los baje del vehículo. Tardaron más de una hora. Sin barbijos ni guantes ni vestimenta especial y sin nadie que organice las filas de gente. ¿Qué reconocimiento recibieron esos trabajadores tercerizados por su colaboración? El despido. La Ciudad está comenzando a dejar caer los contratos de tercerización de servicios en las escuelas.
En las cárceles, el panorama tampoco cambió. En el penal de Devoto ya son 8 los contagiados, además de un trabajador del Servicio Penitenciario. Con cada nuevo caso confirmado, los compañeros de pabellón de los enfermos se esfuerzan por lavar todo con lavandina. No es fácil. “Uno de los acuerdos de la última Mesa de Diálogo fue que comenzaríamos a recibir artículos de limpieza por parte del Servicio Penitenciario y lo único que nos llega es lo que nos envía la familia. A algunos compañeros los penitenciarios les robaron los barbijos y otras cosas que la familia nos deja en la entrada. Desaparecen cosas”, le contó uno de los presos en las últimas al diario Clarín, que mantiene una interesante y detallada cobertura del tema. Igual que con el Barrio 31, Devoto es la vidriera de lo que sucede en el resto del país. Mientras la Suprema Corte bonaerense se prepara para firmar un fallo que ponga en un limbo el hábeas corpus que permitía las domiciliarias de la polémica, este domingo hubo una protesta fuerte de los detenidos en la comisaría de Villa Caraza, en Lanús, por un preso con fiebre. Tal vez haga falta recordarlo, pero la detención permanente en comisarías es inconstitucional.
La realidad de las personas privadas de su libertad acumula ejemplos desoladores. Una chica trans, presa por robar shampoo, latas de atún y 2 serenitos, tiene (como tienen todas y todos los detenidos) miedo de contagiarse de coronavirus. Sus defensores ya no saben cómo argumentar para que el juez considere su caso.
Un intento de rescate de la situación es el que por estas horas ensaya el hiperactivo ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que estima que en 60 días tendrá listas 16 Unidades Sanitarias Carcelarias y 6 Centros de Aislamiento en Ezeiza, Marcos Paz, Florencio Varela, Magdalena, La Plata, San Martín, Salta y Chubut. Los 12 hospitales que montó el Ministerio en tiempo récord podrán recibir pacientes la semana que viene. Resta saber si los penales pueden aguantar 60 días en condiciones de hacinamiento y sin medidas de higiene, hasta recibir los nuevos espacios de aislamiento. Todo indica que no.
En el medio, hasta el 75% de las personas en gran parte del territorio nacional volverán a movilizarse para ir al trabajo y el Gobierno espera poder monitorear la situación a través de la aplicación para celulares CuidAR, que ya venían usando los argentinos que volvían del exterior y debían reportar cualquier síntoma a través de ese sistema. Algunos expertos informáticos han advertido a través de redes sociales sobre posibles vulneraciones a la privacidad a partir de los datos que la aplicación le permite conocer al Gobierno. También expresó su alarma la mesa de conducción de Juntos por el Cambio. Esto último es llamativo. Cuando fue gobierno, JxC no dudó en utilizar las bases de datos de la Anses para comunicación política, se rehusó sistemáticamente a permitir una auditoría profunda del sistema de escrutinio electrónico que implementó y, además, mostró poco apego por la privacidad de algunas personas permitiendo (¿incentivando?) la difusión de conversaciones privadas obtenidas de manera ilegal y que no aportaban ningún elemento que justifique su publicación.
Dos aclaraciones que expresó en las últimas horas el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntan a esclarecer el panorama sobre la utilización de la app: no es obligatorio instalarla (al menos a nivel nacional, pues hay provincias que sí la consideran de utilización forzosa para volver al trabajo) y, en caso de instalarla, activar la geolocalización del sistema es opcional y voluntario. La clarificación fue clave porque el presidente Alberto Fernández había dicho que era obligatoria en la última conferencia de prensa.
Hay un grupo de asesores y expertos que trabajan con el Gobierno en la aplicación y que, como pasa con el comité asesor de epidemiólogos, muchos de los que conocen el área definen como un “dream team”. Están allí Sebastián Uchitel, Diego Garbervetsky, Sergio Romano y Fernando Schapachnik (todos del Instituto de Ciencias de la Computación UBA-Conicet) y la especialista en política y tecnología Natalia Zuazo, reconocida a nivel regional por su trabajo en comunicación, derechos, regulación. Además de gran divulgadora. El grupo colaboró con la Secretaría de Innovación Pública en el desarrollo de la aplicación y mantiene un sistema de asesoramiento permanente para mejorarla, basándose en recomendaciones internacionales. Por ejemplo: el Gobierno quería implementar a través de la app el contact tracing, al estilo de lo que hizo Singapur o algunos países de Europa, pero por recomendación del equipo de asesores desistió de hacerlo.
Otra de las recomendaciones a la Secretaría fue la modificación de los términos y condiciones de la aplicación para que la comunidad informática pueda decompilar el código. En una semana, aseguran en Gobierno, habrá una versión de la app (quienes la tengan ya instalada deberán actualizarla). Prometen mejoras.
Quienes no deberían esperar mejoras de ningún tipo son los inquilinos. Con la apertura de las mudanzas y las inmobiliarias, lo recomendable es decirle adiós a la tibia, muy tibia, aparición del CBU en el pago de alquileres. Según Inquilinos Agrupados, 17.000 familias esperan poder mudarse en mayo sólo en la Ciudad de Buenos Aires. Una bomba de tiempo. Muchos de ellos, porque no pueden pagar el alquiler. Según una encuesta que hizo la ONG, entre casi 4.000 inquilinos en todo el país, el 59% de ellos no podrá hacer frente al alquiler de mayo (17% más que en abril). Si bien está vigente el decreto 320/20 que impide desalojos hasta septiembre, la realidad indica que aquellos inquilinos amenazados y presionados por los propietarios o las inmobiliarias eligen mudarse. Cerca del 35% de los entrevistados dijo haber sido maltratado o presionado.
Ni hablar de la utopía del CBU. El 45% de los encuestados respondió que sus locadores no les permitieron bancarizar los pagos durante la pandemia. Con la apertura, lo que podría haber sido una consecuencia positiva de la cuarentena quedará definitivamente en el olvido
