La decisión de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun beneficia a los exministros de Transporte, Guillermo Dietrich; de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Energía, Javier Iguacel, y al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
La Cámara Federal declaró que son nulos los procesamientos que había dictado el juez Rodolfo Canicoba Corral en la causa sobre el fraude con los peajes y la concesión de autopistas contra el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, el extitular de Hacienda Nicolás Dujovne, el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y el exdirector de Vialidad Javier Iguacel. La decisión fue firmada por Leopoldo Bruglia, cuya designación por el mecanismo de traslado durante es defendida por el macrismo, y por Martín Irurzun, uno de los autores de la doctrina que lleva su nombre, y que fue funcional al gobierno de Mauricio Macri para encarcelar a exfuncionarios del kirchnerismo. El argumento de los camaristas es que los imputados no habían tenido acceso a las pruebas en su contra antes de ser indagado pese a que las habían requerido. La causa, tras la jubilación de Canicoba, está a cargo del juez Julián Ercolini, que deberá decidir cómo continúa e, incluso, si acepta como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) que ayer realizó la solicitud.
La resolución de la Cámara se conoció, curiosamente, en los estertores de la crisis que desató la rebelión policial bonaerense, como si los jueces pretendieran que pasara desapercibida. Dietrich, Iguacel y Saravia Frías habían sido procesados por administración fraudulenta, mientras que a Dujovne, Canicoba Corral le atribuyó abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el juez hubo durante el gobierno de Cambiemos un claro negociado para favorecer a las concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, entre las cuales estaba la empresa Autopistas del Sol (Ausol), de la que el grupo Macri tenía el 7 por ciento del paquete accionario, lo que generaba un perjuicio millonario al Estado. Los camaristas Bruglia e Irurzun no analizaron los delitos en juego ni tampoco los hechos. Encontraron un argumento técnico escueto para hacer lugar al pedido de los exfuncionarios que habían sido procesados: “Si el pronunciamiento se apoya sobre pruebas que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas, se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa. El procesamiento así dictado es nulo”. Agregaron que “la declaración indagatoria debe cumplir con requisitos básicos de informar los hechos y pruebas en contra del imputado” y que se deben poner a disposición las pruebas antes de definir la situación procesal.
Canicoba Corral señaló a Página/12: “Cuando los imputados plantearon estas nulidades hasta el fiscal Carlos Stornelli estuvo de acuerdo en que había que rechazarlas. Tuvieron acceso a casi toda la causa, fue una mínima parte la que, en el contexto de la pandemia, no se pudo digitalizar. Podían examinar el expediente también después de la indagatoria e incluso pedir una ampliación si era un tema de acceso a la prueba. La causa estuvo a disposición. No entiendo cuál es el agravio. El tema es que no pueden esgrimir una defensa y no tienen nada que objetar; tampoco se detuvo a nadie ni hubo secreto de sumario. La prueba que hay es contundente y buena parte es prueba documental, además de las declaraciones del exprocurador del tesoro Carlos Balbín y la exdirectora de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli. Yo hice lo que tenía que hacer hasta mi ultimo día de trabajo sin recibir ninguna presión ni nada. Me parecía una falta de ética dejarle al colega que le tocara subrogar el juzgado la resolución de una causa de estas características”.
Los ejes que Canicoba Corral en cuenta al dictar los procesamientos y que pintan la maniobra eran:
* Tres días antes de que Mauricio Macri asumiera la presidencia, la empresa de la que su familia formaba parte, Ausol, inventó una demanda contra el Estado ante el CIADI (un tribunal arbitral internacional) por supuestos retrasos tarifarios formalmente presentada por su socia Abertis. Por entonces estaba cerca del fin la concesión y habían pasado 14 años desde la pesificación de las tarifas. Buscaban renegociar el contrato y conseguir indemnización del Estado. Pedían 1100 millones de dólares, consiguieron 499 millones, que se pagarían con un plus a los peajes, o sea se los cobraban a los usuarios.
* En sus resoluciones, el juez hacía referencia a que si bien cuando se firmaron los contratos de las autopistas, en julio de 1994, las tarifas estaban dolarizadas, se pesificaron con la crisis de 2001. Pero por ese entonces la empresa no reclamó nada. Se acordó cuando Macri llegaba a la Casa Rosada. El exprocurador Balbín –de la gestión de Macri– declaró que era inadmisible esa demanda ante el CIADI, que debía pasar antes por tribunales locales. En Vialidad y organismos de control hacían un cálculo según el cual si el país era condenado tendría que pagar solo 71 millones de dólares. Lo que deja a la vista que fue una estafa aceptar 499 millones.
* Luego, y con el argumento de que existía esa demanda internacional millonaria, Dietrich anunció la renegociación de los contratos. Les dieron hasta 2030, sin ningún estudio técnico, ni auditoría ni concurso.
* Después de esa extensión, se disparó el precio de las acciones: valían 4 pesos en enero de 2015; al asumir Macri subieron a 14,50 pesos y después de que se impuso un aumento de los pesajes de hasta un 270 por ciento, llegaron a 75,50. En ese entonces, la firma Socma de los Macri vendió el 7 por ciento que tenía de participación a casi 20 millones de dólares, a una empresa que no tenía antecedentes en el rubro, Natal S.A.
* Entre sus conclusiones Canicoba Corral explicaba que fue una típica maniobra donde Macri estuvo de los dos lados del mostrador: sus funcionarios le daban contratos preciados a su grupo empresario, pero también señalaba que hubo un fraude al estado, con un perjuicio estimado en 746 millones de dólares.
La Cámara no entró en ninguno de estos detalles sino que logró una pirueta para darle un golpe a la causa más allá de la contundencia de las pruebas, con el argumento de que los imputados no las habían visto, y cuando –en rigor– ya era tema conocido y difundido por los medios tras la revelación del periodista Alejandro Bercovich. Dicen los Camaristas: “Pese a que sus asistentes técnicos lo requirieron en múltiples oportunidades desde que los encartados fueron citados a declarar el 30 de junio de 2020, ni antes ni durante ni después de las audiencias tuvieron la posibilidad de confrontar el contenido de cualquier de esos elementos que se les enunciaron (….) ante los reclamos, el juez argumentó, primero, que para él no correspondía legalmente permitir a las defensas la compulsa previa a las indagatorias; superado ello, invocó que su carga al sistema informático –por su dimensión– era dificultosa y llevaría tiempo (…) muestra el expediente que esas condiciones de no acceso para las partes se mantenían inalteradas cuando se procesó a Iguacel, Dietrich, Saravia Frías y Dujovne. Y que en todos los pronunciamientos objetados se valoró como prueba fundamental aquella documentación que aún no se había puesto a disposición de las partes imputadas”.
El gran interrogante ahora es qué hará el juez Ercolini, y qué le plantearán. La resolución de la Cámara se limita a anular los procesamientos pero no se pronuncia sobre las indagatorias. Algunos juristas sostienen que podría ampliar las indagatorias y volver a resolver. Otros creen que podría dar marcha atrás con todo ante una ofensiva de las defensas. En Comodoro Py, varias voces coinciden en que durante los años de macrismo nunca se vio tanta preocupación por las pruebas: a Cristina Fernández de Kirchner, por caso, le tomar 8 indagatorias en un mismo día, lo que hacía materialmente imposible que viera todas las evidencias.
Página/12
