En medio de la incertidumbre que genera la aceleración de contagios en Europa por la aparición de la variante Delta, el oficialismo debate sobre qué tipo de campaña encarar, fundamentalmente, en la Provincia de Buenos Aires. Los actores están claros: Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa serán las caras visibles, pero ninguno de ellos encabezará la lista de diputados nacionales. Según un sondeo de Poliarquía que giró en Juntos por el Cambio, la figura frente a la que peor performance tendría la oposición es Santiago Cafiero. Sin embargo, el Presidente no quiere desprenderse de su jefe de Gabinete a quien considera, naturalmente, una pieza clave en la gestión de gobierno. Una decisión de esa naturaleza, además, abriría una disputa sobre quién podría ocupar el lugar de Cafiero y es difícil pensar en un elemento que no posea las tres nacionalidades del Frente de Todos o, al menos, conviva armónicamente con todas las tribus.
En la Ciudad de Buenos Aires el escenario es un poco más claro. Leandro Santoro se encamina a liderar la lista de diputados nacionales y el debate está en su acompañante. Los nombres que trascendieron son los de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, la dirigente porteña María Rosa Muiños y Gabriela Cerruti aunque, dicen, esta última ya le habría anunciado su retiro de la política en términos institucionales a los jefes del FdT. Al margen de los nombres, el debate hoy en el seno del oficialismo tiene que ver con el funcionamiento integral de las áreas de gobierno. Algo de esto plantearon los gobernadores en una reunión que mantuvieron el viernes en Olivos junto al Presidente, el jefe de Gabinete, Máximo Kirchner y Wado de Pedro.
Gildo Insfrán, Juan Manzur, Ricardo Quintela, Gerardo Zamora, Raúl Jalil, Sergio Uñac, Jorge Capitanich y Sergio Ziliotto mostraron su preocupación por la demorable, pero no evitable, circulación comunitaria de la Delta, celebraron el avance de la obra pública en sus provincias y sostuvieron que, al menos en sus territorios, esos logros de gestión no estaban siendo capitalizados, en términos de imagen, por Fernández. “En general es normal que el gobernador esté unos puntos arriba que el Presidente, pero acá en la última encuesta la diferencia es demasiado grande”, reflexionaba, ya en su provincia, uno de los mandatarios presentes ante #OffTheRecord. Esta postura fue acompañada por críticas a la comunicación oficial junto a un reclamo de los gobernadores del Norte Grande: la dificultad en la convivencia con las organizaciones sociales como el Polo Obrero, FOL o el propio Movimiento Evita en sus provincias. “Usan la plata que le dan ustedes para hacernos lío a nosotros y allá no es como acá, esos son votos de JxC, no de la izquierda”, relató un mandamás provincial en Olivos. El tema, naturalmente, será abordado luego de las elecciones.
Mientras tanto, y tras perder la presidencia del BID con la candidatura de Gustavo Béliz frente al estadounidense Mauricio Claver-Carone -en lo que parecía más una postura de principios- Argentina fue nuevamente desairada en la elección del otro gran banco de desarrollo regional, la CAF, donde el segundo de Béliz, Christian Asinelli, fue postergado por el colombiano Sergio Díaz-Granados. Al haber llegado a un acuerdo, nuestro país no cosechó siquiera un voto entre sus socios del Mercosur y depositó esperanzas en Perú, a pesar de los choques que el gobierno de Francisco Sagasti había tenido con el argentino en función del apoyo del presidente electo, pero aún no asumido, Pedro Castillo. El gobierno argentino apenas logró salvar las formas y obtener una elección unánime en la que Asinelli será vicepresidente de Díaz-Granados y tendrá una oficina en Buenos Aires. Un caramelo de madera.
En paralelo, mientras Martín Guzmán viaja a Italia en el contexto del G-20 y se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para avanzar en el acuerdo con el organismo multilateral, Econojournal llamó la atención sobre la renegociación de la deuda con China por la construcción de las represas Kirchner-Cepernic en Santa Cruz, una inquietud que fue recogida el fin de semana por el diario Clarín. La Argentina debería comenzar a desembolsar parte del dinero recibido hasta el momento para la obra de las represas que, de acuerdo a la planificación original, ya deberían estar funcionando. Modificaciones al proyecto durante el gobierno de Macri y problemas técnicos motivaron demoras en la negociación donde las partes no terminaron de acordar una adenda en el contrato que recoja las nuevas condiciones.
Por la parte china se suman dificultades, ya que la constructora Gezhouba y los financistas -un grupo de bancos de mayoría estatal- parecen tener intereses diferentes en relación a la obra. El país deberá renegociar con las partes chinas en un contexto donde la prioridad y los mayores montos en la negociación financiera están en occidente. Se ha advertido en esta columna sobre las condiciones que acompañan los financiamientos chinos, como las cláusulas de cross-default -que ponen en riesgo otras obras ante cualquier impago- y la posibilidad de apoderamiento de las obras de infraestructura ante incumplimientos, pero en el caso es poco probable que la situación escale. En un marco de dificultades financieras del país con sus acreedores, la publicidad de conflictos y dificultades es esperable, pero ni Argentina tiene incentivos para romper lanzas con un socio estratégico “integral”, ni China los tiene para asumir el papel de acreedor hostil ante un socio relevante y confiable de una región en la que los interlocutores de ese tipo no abundan.
En Juntos por el Cambio el escenario no es mucho más armónico. Si bien los actores principales de la coalición pretendieron mostrar unidad luego de la renuncia de Patricia Bullrich a su candidatura, la herida tardará en sanar. La reacción de la titular del PRO pareció evidenciar que no supo asimilar el golpe, tal vez producto del fastidio que tenía con un Mauricio Macri que, ella esperaba, la respaldara en su aventura capitalina y en cambio se fue a España. Bullrich, los días siguientes del anuncio, confirmó que quiere ser candidata a Presidenta en 2023, presentó un seductor equipo conformado por Florencia Arietto, Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Gerardo Millman y subió un video a su cuenta de Instagram junto a Horacio Rodríguez Larreta en el que los votantes de JxC se acercan sólo para celebrarla a ella y el jefe de Gobierno parece un convidado de piedra. No parece la reacción de alguien que ganó. Ni que podría haberlo hecho como sentenció minutos después del anuncio.
El ideal de Bullrich era encabezar una lista de unidad en CABA para, con un resultado que supere los 50 puntos, pavimentar su camino de la candidatura presidencial. No pudo y, entonces, eligió no competir. Bullrich perdía con María Eugenia Vidal. Eso le hubiera costado la presidencia del partido y obstruía su sueño hacia la Casa Rosada. A pesar de la frustración del cineasta Juan José Campanella, la jefa institucional del PRO no entregó la PASO a cambio de nada. Dirigentes que participaron de las negociaciones le confirmaron a #OffTheRecord que “a Patricia le garantizaron estructura para recorrer el país durante este año y también en 2023”. Como dijo Miguel Ángel Pichetto en este mismo espacio, “la promesa de hoy puede ser la ruptura de mañana”.
Macri, por su parte, reclamó una supuesta venganza que, dice, traería aparejada la declaración de la quiebra de Correo Argentino SA, la sociedad con la que la empresa familiar SOCMA operó durante algunos pocos años el correo oficial, cuya gestión le fue adjudicada durante el menemismo. El motivo de la rescisión del contrato no fue otro que la falta de pago del canon que la sociedad se había comprometido con el Estado y que (casi) nunca cumplió, motivando una puja con el gobierno de Fernando de la Rúa que inició procedimientos para quitarle la concesión, algo que finalmente se produjo durante el gobierno de Néstor Kirchner. El proceso concursal en el fuero comercial, a pesar de lo que dicen Elisa Carrió, Bullrich y hasta las figuras más moderadas de la coalición, como Larreta o Vidal, es -excepto por su extensión- bastante ordinario. El principal acreedor, el Estado argentino, no aceptó la propuesta de pago de capital de 1100 millones de Correo Argentino SA debido a su diferencia con el monto reclamado como deuda, de 4500 millones. El rechazo es lógico y la diferencia es grande. La declaración de quiebra es algo relativamente normal en procesos concursales y no supone más que la liquidación del patrimonio de Correo Argentino. La denuncia de persecución de Mauricio Macri apunta a la segura próxima instancia. Si se determinara que la quiebra fue, de algún modo, fraudulenta, se podría avanzar en el cobro de la deuda sobre SOCMA -la sociedad controlante- bajo una figura de larga tradición en nuestro derecho que es el corrimiento del velo societario. Si la Procuración del Tesoro, comandada por Carlos Zannini, actúa en forma diligente, es de esperar que busque las herramientas para que el Estado cobre la deuda. En ese esfuerzo, seguro acuda a las numerosas denuncias públicas que existían al momento de la pérdida de la concesión. De hacerlo se encontraría con los testimonios de Patricia Bullrich y Elisa Carrió.
Iván Schargrodsky – cenital.com
