El año empezó con una inusual calma financiera, pero a medida que persisten los días con alta temperatura, en la City ya se empiezan a ver gotas de sudor. Algunos miran al dólar de reojo y se vuelcan otra vez al contado con liqui.
En las empresas saben que el clima en las góndolas será un poco más frío que en el mundo financiero, pero igual prefieren seguir ajustando precios para arriba (como hacen las petroleras con las naftas). Son reacciones propias de tiempos de cepo y congelamiento, donde nadie quería quedar atrapado en las rebuscadas reglas del gobierno de Sergio Massa y Alberto Fernández. “Ya habrá tiempo para acomodarse”, dicen en el sector de consumo masivo. “Las promociones y las cuotas son una herramienta lógica para usar cuando cae el consumo”, señalan.
La inflación no es solo un reflejo de aumentos reprimidos. Es también un daño colateral de la devaluación, que achicó el valor en dólares de las compañías, y que apelan a la remarcación para revalorizar sus stock, y con ello, su valor contable.
Enero es un mes de feria judicial, y muchas acciones del Gobierno quedaron presas de ese suspenso, como la pulseada por el mega DNU. Otras navegan un limbo similar por la falta de músculo político del gobierno libertario. La demora en poner en marcha las comisiones del Congreso frenó el inicio de los debates y puso entre paréntesis las apuestas sobre si las normas del Ejecutivo saldrán adelante o no. El tema de hoy son las velocidades de Milei.
Veamos el semáforo.
Dos preguntas repiquetean en los oídos de inversores y empresarios desde que el Gobierno puso sobre la mesa del mega DNU y la denominada Ley Ómnibus. ¿Hacía falta mezclar medidas urgentes con reformas simbólicas? ¿Habrá alguna negociación que permita separar la paja del trigo, y avanzar con lo importante?
La primera pregunta se transformó en retórica. El combo de mil artículos (la suma de ambos proyectos) aturdió a la oposición, a los empresarios y a los gremios. Pero también a los propios. Hubo hasta miembros del gabinete nacional que reconocieron no haber visto todo el articulado antes de que fuese hecho público.
Acto seguido, lo que empezaron a buscar fueron señales de negociación. Lo que trascendió fue lo contrario: contactos reservados con miembros de la CGT quedaron desautorizados (básicamente, porque el DNU incluyó cuestiones que en alguna charla se prometió excluir, como lo referido al cobro de las cuotas sindicales solidarias) y referentes de sectores aliados, como el PRO o el peronismo no kirchnerista, seguían a la espera de guiños que señalaran “esto sí” o “esto no”.
El Presidente maneja en su cabeza una velocidad ideal. Aspira que su ley desreguladora se apruebe a fin de enero (el 25, el día siguiente al paro cegetista) y cree que no hará falta extender las sesiones extraordinarias para ese fin. A sus legisladores les pide avanzar y defender todo el articulado. Pero en el mundo libertario, donde todavía hay poco conocimiento de los resortes políticos y administrativos del Congreso, nadie se anima a garantizar semejante promesa.
La única luz verde que apareció en este sentido es tenue, y muestra al ministro del Interior, Guillermo Francos, en una solitaria cruzada para conseguir la ley. Es el único funcionario que comprometió cambios a las provincias pesqueras, y está hablando con los gobernadores de distritos amigos. En su mesa, el tablero de gestión que maneja incluye temas como la obra pública y la reversión de los cambios en Ganancias. Nadie sabe muy bien si está conectado al despacho principal. Pero por ahora no hay otro puerto donde amarrar.
Hubo versiones de salidas, e incluso apareció el nombre de Diego Santilli como posible sustituto. No hay cambios a la vista, pero el “versionismo” que sale de la propia Casa Rosada expresa las diferentes visiones de Francos y de Nicolás Posse, el jefe de Gabinete.
Otra voz que se sumó en las últimas horas fue la del presidente del bloque de oficialista en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, quien señaló: “Queremos ponernos a trabajar y trabajar la ley, tenerla preparada a mitad de mes, si se puede. Consideramos que vamos a tener mayoría, la vamos a aprobar en Diputados y la vamos a girar al Senado. Vamos a escuchar a todo el mundo. Si debemos corregir puntos del paquete de leyes lo vamos a hacer”.
En este sentido, la semana que viene puede haber un guiño favorable de los diputados. Referentes de PRO y de LLA analizan proponer una versión de la ley ómnibus rebajada al 75%, lo que implicaría dejar afuera o para más adelante los capítulos más ríspidos, necesitados de mayor tiempo de debate. Esa iniciativa tiene un aire noventista: recuerda al Núcleo de Coincidencias Básicas, el articulado que el peronismo y la UCR acordaron incluir en la reforma constitucional de 1994, No debe extrañar, habiendo un Menem al frente de la Cámara baja, con un padre que fue protagonista de ese cambio que marcó un antes y un después en la política.
Los funcionarios del FMI que negocian con la Argentina son tan latinos como sus interlocutores. El chileno Rodrigo Valdés y el venezolano Luis Cubeddu entendieron perfecto a Javier Milei cuando en sus discursos iniciales remarcó una y otra vez que “no hay plata“.
Por eso desde el primer día le pusieron un espejo a Luis Caputo, para que lea el mismo mensaje que pronuncia su jefe y no se ilusione con algún ayudín de Washington. El ministro de Economía tampoco quiso alentar el sueño, y desmintió la chance de cualquier aporte externo en un posteo en la red X.
El Fondo lo que puede hacer es usar el mismo dinero que puso en juego con Sergio Massa. Hay desembolsos que quedaron pendientes y hay vencimientos de enero que quedaron agrupados a fin de mes. Todo eso se puede conversar. Incluso habilitar un “segundo vencimiento“, para ponerlo en términos argentinos, puede ser una fórmula factible que le otorgue aire al Gobierno sin tener que arriesgar dólares. Pero esperan algo a cambio, como suele suceder.
El ajuste fiscal prometido, de 15 puntos del PBI (consolidando el Tesoro y el BCRA) es el más grande ejecutado en la historia local, si es que se logra hacer en el plazo pretendido. Los técnicos del FMI (que ayer comenzaron sus conversaciones en Buenos Aires, con Cubeddu a la cabeza) quieren ver algo más que promesas. Y ahí el camino termina otra vez en el Congreso, ya que varias de las medidas fiscales que deberían ayudar a completar el aumento de ingresos anunciados, están dentro de la Ley Ómnibus. Si Milei entiende el idioma del Fondo, es probable que habilite gestiones que apuren el trámite más allá de sus tiempos ideales. Si los diputados consiguen poner sobre la mesa el consenso mencionado con el 75% de esa ley, para darle herramientas de recaudación al Ejecutivo antes de que termine el verano, para el FMI sería una buena noticia.
El veranito cambiario que reinó hasta inicios de esta semana, mutó sobre el cierre por el mismo factor del que hemos hablado en los últimos días: las velocidades de la gestión, y las chances reales de calzar medidas con problemas. Los amparos judiciales en contra del DNU de Milei tampoco ayudaron a crear clima. Hagamos un repaso.
El hecho de que los exportadores liquiden 20% de sus ventas con el dólar CCL ayudó a bajar la brecha a niveles insospechados, pero también inconsistentes. Que la diferencia con el oficial se ubique por debajo de 30% era desconocer el piso que le pone el impuesto PAIS.
En las últimas 48 horas, las ventas del agro se moderaron, las compras de dólares por parte del BCRA también, los Bopreal (los bonos que deben dar salida al tapón creado para cancelar deuda comercial) siguen sin ser aceptados, y todo condujo a un rebrote del nerviosismo.
A comienzos de la semana, las cotizaciones del dólar futuro a fin de enero habían caído más de 2%. Pero sobre el cierre rebotaron, junto con el CCL, que se acercó nuevamente a $ 1050. En el camino, el mercado no tiene claro de qué manera va a reaccionar el BCRA cuando salga la inflación de diciembre (tres consultoras la ubicaron debajo de 25%, aunque el Gobierno sigue agitando su cercanía con el 30%), después de que dejara la tasa de plazos fijos tan negativa frente al IPC esperado. Por eso también hubo un nuevo interés en los bonos duales, los que ajustan por inflación o tipo de cambio. Esa búsqueda de cobertura cambiaria también refleja las dudas por la sostenibilidad del crawling peg de 2% que quiere llevar adelante el Central.
Las señales que puede emitir el Congreso sobre la ley ómnibus la semana que viene tal vez cambien otra vez el viento en el mercado. Pero eso está por verse. Seguramente también habrá señales del FMI sobre los próximos vencimientos. El DNU seguirá rebotando como pelota de squash en la feria judicial, pero lo real es que más allá de que un juez diga que sí y otro que no, su destino será resuelto por la Corte Suprema, como señalamos la semana pasada. El máximo tribunal dio lugar a un recurso de La Rioja y lo empezará a evaluar en febrero. Aunque si se toman en cuenta sus tiempos, lo más probable es que lo “medite” una y otra vez para dar tiempo a que el mecanismo de revisión del Congreso se pronuncie. Si la política no actúa, deberán hablar los jueces. Para el mientras tanto, hay que considerar que solo está suspendido el capítulo laboral.
Dos temas para el cierre. El Bopreal no convence y eso demora los tiempos de normalización del flujo importador, y por consiguiente, de la normalización cambiaria. Impacta un tema de diseño de la herramienta y del registro que la complementa. Pero también una realidad que el equipo económico no puede desconocer: la mayoría de las empresas de capital extranjero no pueden canjear los pesos que tienen en plazos fijos o fondos de inversión de money market por un bono del Tesoro. Sus casas matrices lo consideran una inversión de riesgo. Con lo cual muchas esperarán a que aparezcan los dólares o haya un mecanismo alternativo. Ayer el BCRA y la UIA repasaron las objeciones al sistema con el propósito de que la próxima licitación funcione mejor.
Ultimo: el Tesoro le colocó letras intransferibles al BCRA por u$s 3200 millones. El lado bueno es que captó los dólares necesarios para pagarle al FMI y a los bonistas. El lado malo es que usó el recurso que le permitió al kirchnerismo llenar de papeles sin valor real el patrimonio del BCRA. Como se verá, la realidad tiene cara de hereje. El decreto que lo autoriza es una prueba más del pragmatismo de Javier Milei, que aceptó replicar una norma que Néstor Kirchner inauguró en 2006 para pagarle al Fondo y que Cristina potenció en 2010 (cuando usó reservas para saldas pagos a privados), forzando entonces la salida de Martín Redrado del Central. Habrá que ver si ese espíritu se refleja en alguna otra medida.
El Cronista
