El monto de la deuda comprendida en la moratoria ronda los 534 mil millones de pesos, cifra equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito al sector privado del sistema financiero.
El Frente de Todos buscará alcanzar acuerdos con los bloques opositores con el objetivo de poder sancionar esta semana en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional, que contempla la posibilidad de regularizar deudas fiscales acumuladas hasta el 30 de junio.
La intención de la bancada oficialista -que conduce el diputado Máximo Kirchner- es poder debatir el jueves en el recinto el plan de pagos diseñado por el Gobierno, luego de que la Comisión de Presupuesto y Finanzas emita el correspondiente dictamen en la reunión convocada para este martes a las 11.
De ser posible, el oficialismo también pretende avanzar en el aval para la extensión y ampliación del Presupuesto 2019 que sigue rigiendo en la actualidad, para reforzar las partidas del PAMI, de la Tarjeta Alimentar y para el apoyo al sector productivo.
El envío de este último proyecto fue confirmado durante las últimas jornadas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para aumentar los recursos para “las políticas de cuidado de la salud y de ayuda como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y a las empresas con los créditos blandos y moratorias que estamos implementando”.
Más allá de la intención del oficialismo, lo concreto es que las autoridades de los bloques parlamentarios serán quienes definan la fecha de la sesión luego de que de que la comisión de Presupuesto y Hacienda -de manera virtual- emita el dictamen.
El presidente de la comisión, Carlos Heller, dijo que buscarán dar dictamen al proyecto de moratoria que tiene un carácter generalizado debido a que amplía el número de beneficiarios comprendidos en la norma sancionada en diciembre pasado, que tuvo como eje a las pymes.
El monto de la deuda comprendida en la moratoria ronda los 534 mil millones de pesos, según informó el jueves pasado la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont . La cifra equivale a casi la cuarta parte de todo el crédito al sector privado del sistema financiero.
Si bien la moratoria cuenta con el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios, desde Juntos por el Cambio dijeron que van a insistir con su propuesta de que las empresas deudoras de combustibles y de juegos de azar, o que están en proceso de quiebra de manera previa, no puedan ingresar a este plan de pagos.
Esto fue planteado en la reunión de comisión del jueves pasado por el macrista Luciano Laspina y el radical Luis Pastori. Desde ese bloque también insistirán con la necesidad de dotar de un “premio” a los contribuyentes que pagaron sus impuestos en término a través de un crédito fiscal.
Desde el oficialismo la intención es emitir dictamen sin cambios y solo dejar una facultad al Gobierno para que pueda ampliar la fecha tope de inscripción y para el pago de la primera cuota. Juntos por el Cambio definirá este lunes o el mismo martes si firma el despacho con disidencia parcial o si termina presentando un dictamen propio, indicaron voceros de la bancada opositora.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo amplía la cantidad de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria aprobada en la ley de Solidaridad Social que solo era para pymes, para moras acumuladas al 30 de junio pasado.
La iniciativa fija que habrá plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse y que la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. El proyecto establece que las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas, mientras las obligaciones tributarias se podrán abonar en 96 o 120 cuotas. La tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2 por ciento mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, regirá una tasa variable en pesos. Además, determina que las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.
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