A TODO O NADA

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A fines de los ’90 se estrenó la comedia británica “Full Monty”, que sigue la historia de Gaz, un desempleado desesperado por mantener la custodia de su hijo. La película se desarrolla en Sheffield, una ciudad que en los ’70 supo ser la cuna de acero del mundo, llena de fábricas vinculadas a la metalurgia, y que, veinte años después -como consecuencia del auge liberal y la reconversión industrial que sufrió el Reino Unido-, se convirtió en un páramo donde la gran mayoría de sus habitantes se quedaron sin trabajo y tenían que rebuscárselas como sea.

La idea que se le ocurre a Gaz es montar un show de striptease y para eso forma un peculiar grupo con otros hombres desempleados, donde ninguno tenía la más mínima experiencia en el tema. Acá la película se llamó “A todo o nada”, precisamente porque full monty es una expresión coloquial británica que significa llevar las cosas hasta el límite, como la estrategia que hasta ahora parece ser la insignia de este gobierno tanto en el plano macroeconómico (que, como veremos, tiene su sustento principal en un ancla fiscal sumamente osada), como en el microeconómico, a través del DNU y la Ley “Bases”.

El ajuste como principio y solución

A fines de la semana pasada, junto con la noticia de la aprobación del acuerdo por parte del directorio del FMI y la liberación de los fondos (unos USD 4.700 millones), se hizo público el staff report, el documento técnico que resume las conclusiones y recomendaciones de los funcionarios del organismo multilateral de crédito sobre el nuevo plan de gobierno para alcanzar las metas del programa acordado. El documento deja bien en claro cuál es la hoja de ruta del gobierno y cuáles son las dudas del Fondo.

Los principales objetivos económicos son dos: acumular reservas (necesarias para afrontar los importantes pagos de deuda externa que se vienen en 2025 y 2026) y bajar la inflación, algo imprescindible para lograr la estabilidad económica. Asimismo, la acumulación de reservas también es esencial para lograr la desinflación, dado que no hay manera de que eso suceda si el tipo de cambio no se mantiene estable.

Para el primer objetivo, la principal medida que aplicó el gobierno fue el incremento del 120% en el tipo de cambio. Este drástico encarecimiento del dólar, potenciado por una segunda medida que les permite a los exportadores liquidar el 20% de sus divisas al tipo de cambio contado con liquidación (un 55% más caro que el oficial), rindió sus frutos: el BCRA lleva comprados USD 6.300 millones desde la medida.

Esto también se vio ayudado por una regulación de la autoridad monetaria que les imposibilitó a los importadores acceder a la compra de dólares durante el primer mes de gestión (con una liberación gradual posterior). Este es el factor principal que explica la reducción prácticamente a la mitad en el ritmo de compras de los últimos días (USD 80 millones semanales contra 150–200 de dos semanas atrás).

El otro factor que también explica este comportamiento es lo que sucedió con el valor del dólar tras la devaluación. El BCRA comunicó que lo ajustaría a un ritmo del 2% mensual, muy por debajo de la inflación, con lo cual su valor real se viene abaratando de manera sostenida. Como se puede apreciar, en la actualidad ya se redujo casi 30% desde que se llevó a cabo la devaluación y, de mantenerse esta dinámica, para principios de marzo volvería a los niveles pre-PASO.
La lógica por detrás de esta decisión fue la de contener el traslado a precios de la devaluación, buscando que luego del salto que provocó en la inflación de diciembre (fue del 25,5% mensual) esta mostrara un comportamiento descendente en los próximos meses. Según las proyecciones del FMI, ya para fines del segundo trimestre la inflación mensual podría llegar a ser de un dígito, pero eso va a depender de que se apliquen el resto de las medidas acordadas. Esto tiene que ver con lo que advertíamos respecto de la dinámica del valor del dólar en términos reales. Para evitar que el mismo se siga abaratando de manera sostenida (lo que, más temprano que tarde llevaría a otra devaluación y a otro salto inflacionario), la inflación debería ir bajando para lograr que, para fines del segundo trimestre, se alinee con la tasa de aumento del tipo de cambio. Esto llevaría a que el valor del dólar -medido en términos reales- frene su caída y se estabilice, lo que el FMI estima que va a suceder para mediados de año. ¿Cuáles son esas medidas acordadas? En primer lugar, lograr para fin de año el equilibrio de las cuentas públicas, la meta que se propuso el gobierno. Esto requiere, según el organismo, un ajuste de aproximadamente 5 puntos del PIB, magnitud sumamente ambiciosa no solo desde el punto de vista de la historia argentina, sino a nivel global. El FMI advierte que en la gran mayoría de los procesos de consolidación fiscal el equilibrio se logró de una manera mucho más gradual (los países tardaron entre 3 y 5 años), pero que hubo algunos pocos casos exitosos donde el ajuste fue tan drástico, como Turquía en los 2000 y Brasil en los ’90. En segundo lugar, la mejora (sic) de la política monetaria. Esto tiene que ver con el hecho de que para el FMI el proceso de desinflación requiere que la tasa de política monetaria sea positiva (siempre medida contra la inflación), para fortalecer la demanda de la moneda doméstica (y desincentivar la compra de dólares), mientras que la estrategia del tándem Milei-Caputo fue la de llevar la tasa a terrenos sumamente negativos, con el objetivo de reducir la cantidad de dinero en circulación. Veremos si en los próximos meses se observa este cambio de rumbo en la política monetaria o no. Por último, un detalle de color. El FMI señala que durante la gestión anterior los márgenes de ganancia del sector empresarial se incrementaron de manera significativa a costa de la caída del salario real de los trabajadores. Por tales motivos, la dura recesión que se viene en los próximos meses (estima una contracción del PBI de 2,8% para este año), sumado a la corrección de las distorsiones en los distintos mercados, debería llevar a que se reduzcan los márgenes de ganancia, contribuyendo a la reducción de la inflación. En definitiva, el proceso de desinflación requiere una política monetaria más restrictiva, pero sobre todo depende de la meta fiscal, el ancla utilizada para convencer al mercado no solo de que contará con los recursos necesarios para afrontar sus deudas, sino que también logrará mantener estable al tipo de cambio, el elemento clave -por su capacidad desestabilizadora- de este proceso. Como advirtió el FMI, la decisión de llevar a cabo un ajuste de 5 puntos del PBI en un año en el que la economía se contraerá de manera significativa y con un contexto social sumamente crítico (con caída generalizada de ingresos y una tasa de pobreza llegando casi a la mitad de la población), ya de por sí parece muy osada. Como si esto fuera poco, Milei decidió llevar a cabo una masiva reforma de leyes y de (des)regulaciones económicas a través de un DNU y de una ley ómnibus, a las que ató su capital político. Acá la decisión resulta todavía más arriesgada, dado que el DNU podría ser declarado inconstitucional por la Justicia (ya hay varias partes con fallos en contra, sobre todo en la parte laboral), mientras que la aprobación de la ley ómnibus -la cual ya sufrió un fuerte recorte- sigue en suspenso tras haber vuelto a comisión en Diputados, y todavía falta el Senado. Recordemos que, como mostró Facu Cruz acá, Milei es el presidente con menor cantidad de diputados y senadores desde el regreso de la democracia. Si cualquiera de estas tres cuestiones (la meta fiscal, los componentes principales del DNU y/o de la Ley Bases) se ve frustrada, es muy probable que eso ponga a prueba la solidez del programa económico del gobierno, a través de una mayor presión sobre las reservas y la brecha cambiaria. Dado que solo van 60 días de gestión, la decisión de utilizar esta estrategia “a todo o nada” no parece la más acertada. El riesgo de que algo salga mal es muy elevado y le quedan 1.400 días por delante.
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Juan Manuel Telechea | Cenital 

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