La nueva medida en torno a las prepagas y obras sociales fue comunicada esta mañana en el Boletín Oficial. Repercusiones.
El gobierno nacional oficializó nuevos cambios en el sistema de salud que afectan de forma directa a los beneficiarios de obras sociales y prepagas. A partir de ahora, quienes tengan un plan cerrado de cobertura, no podrán acceder a estudios y medicamentos que sean recetados por profesionales que se encuentren fuera de las cartillas médicas. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud argumentaron que lo anunciado se enmarca en el proceso de reordenamiento del sistema y busca reducir la litigiosidad en el sector.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 3934/24, que impone a las obras sociales y prepagas la limitación de las coberturas, como medida para revertir el desequilibrio en el sistema de salud. La normativa dicta que, de ahora en más, cada prescripción de medicamentos o de tratamientos sólo podrán ser realizadas por un médico de cartilla del prestador de salud, en caso de que se trate de un plan cerrado.
De esa forma, a partir de mañana, todos los afiliados de planes cerrados deberán atenderse con prestadores incluidos en las cartillas de las obras sociales o prepagas u optar por su prestación a los planes abiertos, que suelen ser los más costosos.
En detalle
Según expresaron fuentes vinculadas a la SSS, el objetivo de la resolución es ordenar diversos aspectos que derivan en la judicialización de casos. “Buscamos un orden en la prescripción médica frente a un elevado número de recetas que, en muchos casos, provienen de profesionales que no son especialistas en las patologías tratadas, no consideran la historia clínica del paciente y omiten detallar un diagnóstico presuntivo adecuado”, dijeron y agregaron que, la alta judicialización afecta el equilibrio financiero y obstaculiza el funcionamiento normal del sistema de salud, poniendo en riesgo su sostenibilidad.
En ese sentido, la judicialización de las causas y el aumento de la litigiosidad es una consecuencia de los abusos que cometen las prepagas y obras sociales frente al desconocimiento de los derechos que tienen los mismos pacientes y una escasa o nula respuesta por parte de los organismos estatales que deberían regular las prestaciones. “Contrariamente a lo esperado por la SSS, esto va a aumentar la litigiosidad. La judicialización de la salud se debe a que las obras sociales y prepagas incumplen sus deberes fundamentales dejando a sus afiliados a su buena suerte. Lo único que les importa es bajar costos y ganar más”, expresó el abogado especialista en derecho a la salud, Jorge Caloiro.
La disposición va en contra del derecho que tienen los pacientes de elegir libremente al profesional médico y también podría atentar contra los tratamientos que se encuentran en curso. “La reducción de las cartillas médicas viene afectando de manera directa la relación médico paciente. En ese sentido, el paciente debe saber que tiene derecho a mantener la continuidad de ese vínculo con su médico a pesar del cambio del prestador con la prepaga”, agregó el letrado.
Otro aspecto que adquiere relevancia tras la medida oficializada por el gobierno nacional es la prescripción de medicamentos que aún no cuentan con la aprobación correspondiente y permanecen en fase experimental o en etapas preliminares de ensayo clínico. Desde la SSS, expresaron que “algunos profesionales recetan tratamientos o prácticas sin suficiente evidencia científica que las avale, o bien mantienen vínculos con laboratorios o proveedores de tecnología médica que comprometen la objetividad en sus decisiones”. Con el fin de terminar con esas prácticas y evitar conflictos de intereses, se exigirá una declaración jurada del profesional médico que deberá confirmar la inexistencia de vínculos con los laboratorios productores de los medicamentos recetados o con los proveedores de las tecnologías médicas sugeridas.
MDZ
