El fin de semana, en el Teatro Picadero, decenas de intelectuales y artistas consagrados hicieron una lectura pública del libro Cometierra, de Dolores Reyes. Antes, Axel Kicillof se había fotografiado leyendo la obra apuntada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y otras figuras del firmamento oficialista a nivel nacional. La nutrida y enérgica respuesta tiene ya el aspecto de una trampa tendida para generar los efectos provocados, al exponer una selección arbitraria e intencionada de párrafos al servicio de la generación de indignación colectiva. Posiblemente sea el primer capítulo de muchos.
Los antecedentes internacionales muestran un cambio grande del tipo de discursos que logran penetrar en la sociedad y de un tono que logró ajustarse después de una seguidilla de derrotas abrumadoras para los espacios conservadores en materia de moral –tales como el derrame, por todo Occidente, de políticas como el matrimonio igualitario, que goza de enorme aceptación social en los lugares donde se implementó.
Ese discurso conservador, en retirada, se reposicionó a partir de una narrativa de protección y de justicia. Ya nadie repite reclamos como el de censurar directamente una exposición como hicieron hace dos décadas organizaciones ultramontanas respecto de la obra del artista León Ferrari sino que se habla de “proteger a los niños” frente a la transmisión de “contenidos inapropiados”, impropios de una institución de cierta verticalidad como la escuela. Este procedimiento sencillo logró generar adhesiones incluso electoralmente relevantes en lugares como Brasil o Estados Unidos. En Brasil, el movimiento “escuela sin partido” logró movilizar a padres, legisladores conservadores y hasta autoridades locales y nacionales bajo la bandera de la defensa de la niñez.
El asunto, particularmente vinculado a la participación de atletas trans en competencias femeninas en deportes juveniles o la utilización de baños, fue parte de los avisos de campaña de Donald Trump y sus partidarios legislativos en la reciente y ajustada victoria electoral republicana. Las respuestas ante estas ofensivas suponen también un desafío para los rivales. Si abrazar desenfadadamente aquello de lo que se los acusa parece liminarmente una mala estrategia –que alimenta el efecto buscado por los iniciadores de este tipo de campañas– ignorarlas, como hicieron en gran parte las centroizquierdas en Brasil y Estados Unidos, sea probadamente peor.
Puede que exista una alternativa en un corredor estrecho y riesgoso en inclementes tiempos de redes sociales: explicar y poner las cosas en su medida. Que un libro de literatura argentina, con el lenguaje que sea, esté en una biblioteca de una escuela secundaria para lectura de un público adolescente, no puede escandalizar a nadie –nunca, pero muchísimo menos en tiempos en que la pornografía real está a unos pocos links de distancia o el oficialismo en su conjunto, comenzando por el presidente, tiene expresiones igual de explícitas sin la mediación de la creatividad o el arte–.
Sin embargo, cuando el Estado edita un libro o una colección de ellos –o decide priorizar de algún modo particular su distribución en el ámbito escolar– tiene que poder explicar por qué considera que tiene un valor literario. Un primer umbral, no demasiado exigente dado el valor que tiene en sí mismo y como regla general promover la lectura y, cuando alguna se incluye como sugerida como parte de la currícula, la motivación supondría un mínimo de exigencia adicional: explicar por qué el documento tiene valor pedagógico de acuerdo a la estrategia educativa. Este foco en el proceso de toma de decisiones, por supuesto, tiene una carga a veces antipática para una mirada elitista de las cosas públicas. El Estado no tiene que deliberar sobre los temas con sellos reaccionarios que se presentan como representativos de asociaciones de padres, pero tiene que poder dar explicaciones de sus decisiones a la ciudadanía.
Una tarea que, en este caso, por ejemplo, podía suponer enfocarse en que se trata de libros de literatura argentina con una favorable recepción crítica puestos al alcance de adolescentes a cuya edad el lenguaje –que, por otra parte, es más contenido que el de gran parte de la música urbana– es más que manejable y que no se trata de literatura sugerida como material obligatorio de lectura en clases –por lo que está disponible como promoción de la lectura para quien va a buscarla y no lo contrario.
Discutir el criterio, acaso, probablemente sea más exitoso que abrazar cada obra y su contenido en sí, que en el caso de la novela de Reyes u otras también señaladas –como la de Gabriela Cabezón Cámara– serán mucho más fácilmente estigmatizadas –algo que probablemente beneficie a los autores puntuales discutidos, que verán aumentar sus ventas, pero acerque más a la derrota a la práctica educativa discutida, ya que, por más exitoso que sea un libro, siempre serán muchos más los expuestos a recortes arbitrarios, compartidos en un tuit o un segmento de TikTok que quienes se molesten en ir a buscar la totalidad del contenido apuntado.
Las explicaciones sobre el momento del Gobierno –con niveles de aceptación pública que, coinciden mediciones diversas, se encuentran en los niveles más altos para un primer año de gestión en las últimas dos décadas– son inescindibles de los indicadores de inflación y su descenso sostenido, que aparece mucho más importante que la tenue recuperación económica. En este marco, son interesantes los conceptos que compartió el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, cuando habló de las diferencias entre su trabajo actual y su paso por la función durante el gobierno de Macri: “No tenemos conflictos de interés y funcionamos como un equipo económico integrado. Todos pensamos en la situación y las restricciones del otro”.
Evitando la obviedad de remarcar el fallido de llamar conflicto de intereses a las diferencias políticas y funcionales existentes en el seno del Gobierno, la explicación del funcionario que en todo el mundo es el principal responsable del combate a la inflación es de interés por dos motivos. El primero, porque al menos en la coyuntura macroeconómica argentina, desecha abiertamente la utilidad de una institución fetiche para la ortodoxia económica: la independencia del Banco Central. Esto supondría, de ocurrir, muy posiblemente, que cada uno atienda su juego y que, por ejemplo, el encargado del área monetaria no mirara las necesidades fiscales y viceversa. El equipo para aquella coyuntura que Bausili describe como subóptima, acaso no casualmente, incluía en su primera configuración a Luis “Toto” Caputo como secretario de Finanzas y a Federico Sturzenegger como presidente del BCRA.
Bausili, como ahora, era un hombre de confianza de Caputo. Más allá de los egos y el diseño institucional, se destaca otro factor: Milei decidió que el poder de Caputo sobre su área de competencia no tenga contrapesos relevantes. A la hora de nombrar al equipo económico, el presidente no recorrió el mismo camino de Macri que, para reafirmar su propia autoridad, evitó en todo momento consagrar un ministro de Economía fuerte –con todas las palancas macro relevantes a su alcance– que pudiera correr el riesgo de eclipsarlo.
Durante el último período de gobierno, la falta de capacidad de decisión del equipo económico fue más por la disfunción en el centro de toma de decisiones políticas, marcada por la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que por las diferencias –que existían– entre Martín Guzmán (luego Sergio Massa) y Miguel Pesce. Acaso sea consecuencia de la falta de recorrido y desprecio por el mundo político, la confianza en que difícilmente nadie pueda hacerle sombra a su liderazgo estridente o una mirada crítica sobre los resultados de sus antecesores que llevaron a Milei a romper con la práctica habitual, pero difícilmente pueda negarse al actual Gobierno capacidad de tomar decisiones políticas que marcan rumbos inequívocos en materia económica. Del Banco Central a la Secretaría de Comercio, es difícil identificar alguna interna.
Las ambiciones del Gobierno para una coyuntura que, hacia adentro, consideran de larga duración, tienen pocos límites. Entrevistado en TN, el canciller Gerardo Werthein indicó que el oficialismo buscará convertir la sintonía política con el gobierno de Trump en un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Fundamentó aquello en la Americas Act, un proyecto de ley bipartidista que tiene entre sus autores a la representante republicana María Elvira Salazar, cercana al próximo secretario de Estado, Marco Rubio, que prevé crear un mecanismo para extender las previsiones del acuerdo de libre comercio de los tres países norteamericanos T-MEC, al resto de los países del continente. A eso se sumaría la profundidad de las reformas económicas mileístas y el alineamiento político y diplomático que viene pregonando el libertario con el próximo Gobierno estadounidense para convertir a Argentina en el socio ideal de la administración Trump. Ishan Tahroor, uno de los principales columnistas internacionales del Washington Post, evidencia en su columna de ayer la existencia de esa preferencia en Washington, donde Milei es una figura mimada por distintos sectores del entorno de Trump.
La concepción tiene dos problemas. El acuerdo comercial trae implícita una idea de ruptura del Mercosur, al menos tal como lo conocemos. Los países del bloque, como aprendió Luis Lacalle Pou durante su quinquenio, no están autorizados a negociar acuerdos en forma individual. El cuestionamiento al Mercosur seguramente tome mayor impulso tras la victoria de Yamandú Orsi en Uruguay. Habrá que estar atentos al tono de Werthein y el propio Milei en la cumbre en diciembre, cuando Uruguay transfiera la presidencia pro témpore. Allí, el presidente se encontrará con el gobernante electo uruguayo y, nuevamente, con Lula da Silva, tras la fría recepción en el G20 de Río de Janeiro. El Mercosur es el principal destino para las exportaciones de mayor complejidad y valor agregado de la Argentina y cualquier quiebre impactaría severamente tanto en la producción industrial como en su escala.
Más allá de la relación con el bloque sudamericano, hay mucho de deseo en las proyecciones de la administración argentina sobre el potencial de acuerdos con los Estados Unidos. Americas Act es apenas un proyecto de ley, de pasaje incierto. Busca extender el libre comercio que seguramente tenga sentido geopolítico en el marco de la disputa con China, pero que está en la vereda opuesta de las tendencias políticas estadounidenses respecto de la apertura comercial, particularmente hacia países cuyos niveles salariales son muy reducidos en comparación con los estadounidenses.
Ni el trumpismo parece ansioso de aprobar algo así, ni el Partido Demócrata dejaría pasar la oportunidad de ridiculizar la inconsistencia entre la prédica y la acción gubernamental si lo hiciera. En cuanto a los beneficios del T-MEC, Trump anunció en su red social Truth Social que ni bien asuma firmará una orden ejecutiva para establecer un arancel lineal del 25% sobre todas las importaciones provenientes de México y Canadá si estos países no detienen el flujo de fentanilo y migrantes por la frontera estadounidense. Una amenaza maximalista que da una idea del lugar que, para Trump, tienen los acuerdos. No habría que descartar, sin embargo, que como con el swap y los apuros financieros argentinos, Milei termine perdiendo la paciencia con su socio de preferencia y culmine su mandato golpeando la puerta en Beijing, donde prima la avidez por la suscripción de acuerdos comerciales que, antes de visitar Mar-a-Lago, el presidente reafirmó como de su interés. Sería un final paradójico.
En el peronismo, luego de los escarceos de orden público, todo aparenta –al menos en términos de horizonte– estar menos desordenado aunque lejos, aún, de una síntesis en términos políticos. A la reunión contada en exclusiva por #OffTheRecord se le sumó el encuentro revelado por Gabriel Sued en Cenital el fin de semana y al menos otra hace 20 días, con Juan Manuel Olmos como anfitrión, y de la que no participó Kicillof, pero donde la agenda fue la misma que en la siguiente: qué hacer con las PASO.
Del primer mitin, además de Olmos, participaron Cristina Kichner, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Al segundo asistieron los mismos, con el gobernador bonaerense en reemplazo de Olmos que fue el que planteó las ventajas y desventajas de la propuesta del Gobierno en materia de cambios de reglas electorales. Massa expuso su posición histórica respecto a la eliminación de las primarias y tanto Cristina como Máximo ven las ventajas circunstanciales de, al menos, una suspensión de las PASO. El Gobierno redobla: “No, eliminación y no solo de las PASO sino de todo el esquema de financiamiento”.
De la misma manera, en Rosada ya no se esconde la idea de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en comisión, como hiciera en su momento Macri. El fin de semana, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, rechazó la idea con el argumento de que “hay que aprender de los errores”. Scaglia, además de formar parte de una coalición que incluye a la UCR y el Socialismo, es la presidenta del PRO en la provincia. ¿Un anticipo de lo nacional? “¿Quién se va a oponer? ¿Macri, que lo propuso, o Rosatti y Rosenkrantz que lo aceptaron?”, provocan en Casa Rosada. En la Corte circulaba una aclaratoria: que el presidente del máximo tribunal no tiene atribuciones para decidir si le toma o no juramento a un nuevo integrante sino que “esa decisión corresponde al pleno del Tribunal”. Ayer hubo una voz disonante: la del juez de Casación Alejandro Slokar que publicó una columna de opinión en Página/12 titulada “Jueces en comisión: el funeral democrático”.
Previo a esta deliberación, Lucía Corpacci firmó el pliego de Lijo en lo que pareció un gesto de Cristina a la negociación con el oficialismo. A diferencia de lo que podría pensarse, en el primer anillo de Milei lo recibieron con disgusto y así se lo hicieron saber a un emisario de CFK: “Decile a la señora que va a estar todo bien, pero que no la complique más”. En la lectura del Gobierno, la titular del PJ movió la validación del pliego porque sabe que la negociación por ambos magistrados está encaminada con el resto del recinto y que podría prescindir de los votos cristinistas.
No es el único frente que intenta apagar el oficialismo. Ayer hubo un encuentro de enorme significancia para La Libertad Avanza: Emilio Viramonte, estrecho colaborador de Victoria Villarruel, se reunió con Santiago Caputo en Casa Rosada a través de una conversación con la ascendente Macarena Alifraco. Viramonte habita el ecosistema Milei hace años –el presidente estuvo en tres ocasiones en su casa en Córdoba antes de su estrellato–, es amigo personal de Agustín Laje y tiene una mirada menos emocional que la vice que, naturalmente, sabía del encuentro. Si bien ambos espacios saben que la suerte de Villarruel en el oficialismo está prácticamente echada, el encuentro tuvo como espíritu un horizonte de recomposición que tiene, como condición necesaria, pero no suficiente, que la presidenta del Senado se prive de alguna respuesta a las declaraciones de Milei.
Antes de terminar quiero aprovechar para darle la bienvenida a Cenital a Claudia Piñeiro, cuya primera nota marca la pauta de lo que significa sumarla como autora a nuestro medio. En su artículo plantea un debate necesario sobre la libertad cultural y contextualiza la denuncia sobre Cometierra y el acoso desatado sobre otras autoras argentinas. Acerca de los límites del relato oficial también escribió Esteban Rafele, pero en clave económica: “A Milei lo salva el Estado”, dice. Porque YPF, la petrolera de mayoría estatal, es la principal impulsora de los proyectos productivos que surgieron del RIGI.
Iván Schargrodsky | Cenital
