Hay denuncias cruzadas ante la Justicia por las condiciones de la licitación. La presión al Gobierno y los debates técnicos.
Cámaras empresarias y grandes compañías extranjeras buscan que el Gobierno cambie las condiciones de la licitación de la Hidrovía y prorrogue el plazo de apertura de ofertas, estipulado para el 12 de febrero. Mientras que el Ejecutivo quiere acelerar a toda velocidad con la operación –que supondrá un negocio de más de USD 12.000 millones en treinta años, según fuentes que participan en la compulsa–, denuncian que la operación parece direccionada para la continuidad de la dragadora belga Jan de Nul, que opera la Vía Navegable Troncal por la que pasa el 80% de las exportaciones desde 1995.
Entre discusiones técnicas aflora la puja de intereses económicos y políticos, con denuncias cruzadas ante la Justicia. Mientras las grandes cerealeras presionan al Ejecutivo para conseguir cambios que bajen el precio del peaje –y, por lo tanto, el costo logístico–, el puñado de compañías internacionales interesado en obtener la concesión de la Hidrovía llegó a presentar demandas judiciales para interrumpir el proceso. Estas entienden que las condiciones del pliego le dan amplia ventaja a la empresa belga que administra la vía desde los 90. Lo hizo en sociedad con el grupo Emepa de Gabriel Romero hasta 2021 y, luego, en soledad.
El lunes 13, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) envió una nota al director ejecutivo de la nueva Agencia Nacional de Puertos (ANP), Iñaki Arreseygor, para demorar por 30 días la apertura de sobres. En la nota, pidió modificar cuestiones técnicas, como la profundidad del dragado del río Paraná y cambios en el canal alternativo para la navegación. Pero, sobre todo, solicitó una mayor ponderación de la oferta económica en la consideración final. Traducido: que se priorice a la empresa que ofrezca el peaje más barato para administrar la vía troncal.
La CPPC agrupa a grandes empresas exportadoras. Entre sus socios se encuentran gigantes del agro como Cargill y Cofco y también Ternium y Acindar. La nota lleva, además, la firma de Gustavo Idígoras, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC). “Compartimos la idea de que haya una licitación internacional, sin el aval del Estado y a riesgo empresarial”, le dijo a Cenital. Se refiere a que la empresa que administre la Hidrovía no recibirá subsidios, sino que se cobrará del peaje.
Sobre la cuestión económica explicó: “Queremos que pese más la oferta económica que la oferta técnica para promover la competencia de tarifas”. El pliego dispuso que ninguna empresa podrá cobrar más de USD 5,70 por tonelada, pero es un peaje mucho más caro que el actual, que ronda los USD 4.
Dardos contra Jan De Nul
El pliego otorga puntos extra a la oferta técnica que más se acerque a los requisitos establecidos. Algunos, incluso, son excluyentes, e impiden abrir el sobre con la propuesta económica de las empresas que no los cumplan.
Días atrás, la firma belga Dredging International (DEME) presentó un reclamo ante la Justicia. Objetó varios ítems que, interpretó, direccionan el pliego en favor de Jan De Nul. El juez de turno en lo Contencioso Administrativo, Enrique Lavié Pico, rechazó el reclamo en tiempo récord por entender que no existen indicios que lo confirmen. Fuentes del sector anticipan que la disputa continuará.
DEME consideró que algunos requisitos benefician a la firma que actualmente opera la Hidrovía. Por ejemplo, el que pide experiencia reciente en el mantenimiento de vías navegables de más de 250 kilómetros de largo en cauces fluviales y en la región. Solo Jan De Nul, en el Paraná, y la china CCC Shangai Dredging podrían acreditar esa especialidad. Esta última firma quedó excluida porque la licitación no permite la participación de compañías bajo control estatal.
En una nota que envió al ministro de Economía, Luis Caputo, y a Arreseygor, DEME se quejó: “Resulta claro y evidente que nos encontramos ante una licitación direccionada”. Añadió: “Se ha aprobado un pliego que otorga ventajas competitivas insuperables a favor del actual dragador (que es parte del grupo empresario que opera la Vía Navegable Troncal desde hace
más de 29 años) que desalientan e incluso podrían tornar inviable la presentación de ofertas por nuevos operadores”.
La compañía dinamarquesa Rohde Nielsen hizo un reclamo similar dirigido a Arreseygor. “La Licitación se basa en requerimientos y condiciones que restringen la concurrencia de interesados (en su mayoría empresas internacionales de gran trayectoria de la industria) y la competencia entre eventuales oferentes, beneficiando solo a un potencial competidor, el grupo Jan De Nul”, se lee en el escrito.
Según el representante de una compañía interesada en el negocio, para compensar la desventaja técnica contra Jan De Nul, la oferta económica debería ser al menos 35% inferior al tope tarifario que puso el Gobierno. En un negocio de unos USD 410 millones por año, la compañía debería resignar USD 120 millones.
Cenital consultó a Jan De Nul, pero esta no quiso opinar sobre las acusaciones –que, en rigor, se dirigen al Gobierno–. “La empresa trabaja para presentar la mejor propuesta y valoramos el aporte que hizo en estos treinta años para el desarrollo de la infraestructura argentina”, sostuvo la compañía.
Además de las dos firmas belgas y la dinamarquesa, estarían interesadas en la licitación dos empresas neerlandesas: Boskalis y Van Oord. Y otras tres habrían comprado los pliegos, según fuentes del sector privado. A Boskalis se le atribuyen los buenos oficios de la reina Máxima Zorreguieta y del expresidente Mauricio Macri.
A fin de año, Macri le pidió al Gobierno, explícitamente, acelerar la concesión que él había dejado preparada al cierre de su mandato, en 2019. “Basta Mauricio, no vamos a usar tu pliego para la hidrovía. Bien ahí votando con el kirchnerismo”, tuiteó el legislador provincial Agustín Romo, en respuesta a un comunicado del Pro que repudiaba a La Libertad Avanza por no haber acompañado la sanción de la ley de Ficha Limpia. “No te vamos a dar la Hidrovía”, completó la agrupación Las Fuerzas del Cielo.
Jorge Metz, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la administración Macri, es muy crítico con el pliego. Jan De Nul opera la Hidrovía en soledad desde la gestión de Alberto Fernández, una vez caída la concesión de los 90. El Frente de Todos avanzó con una licitación corta, que quedó trabada en la Justicia. Luego, la Administración General de Puertos (AGP) tomó la operación, pero la tercerizó al antiguo concesionario. “Esta misma gente es la que hizo esta licitación larga”, afirmó. “Los que trabajaron esto desarrollaron los mismos términos que ya se venían cuestionando”, agregó en diálogo con Cenital.
Esa concesión originó una deuda del Estado con Jan De Nul de entre USD 80 y 100 millones. Los pliegos de la licitación dicen que el nuevo concesionario deberá asumir ese pasivo –que se trasladará al precio del peaje–.
“Mi impresión es que esto se hizo así para tener algún problema judicial y seguir con la contratación directa”, añadió Metz, con una trayectoria de más de 40 años en la gestión portuaria. Recordó que el Gobierno disolvió la AGP y creó el nuevo organismo, pero que mantuvo a las mismas autoridades y funcionarios que trabajaban en la gestión. “Se disolvió la Administración General de Puertos, antro de corrupción y privilegios”, celebró, el 3 de enero, el vocero Manuel Adorni.
Otros participantes del proceso creen que la licitación es exigente, y que mantener el puerto, con los altos estándares de seguridad del pliego, será costoso. Ese costo, claro, se verá reflejado en el peaje. Pero descreen que haya direccionamiento hacia Jan De Nul. Argumentan que uno de los requisitos, por ejemplo, es tener equipos de dragado propios y no en leasing (es decir, alquilados para determinados eventos). Esos equipos, por las características de la vía, deberían estar a disposición todo el año. Jan De Nul, al estar operando desde hace tres décadas, los tiene.
Los reclamos judiciales cruzados son habituales entre este grupo de grandes empresas. Jan De Nul denunció a DEME en Rusia, por supuesto cohecho. “Para competir, las empresas tienen que tener equipos disponibles en el país y hacer una inversión importante, de más de USD 3000 millones. Eso lleva a que pocas cumplan con las condiciones, pero no vemos ningún objetivo de exclusión” de algunas, dijo Idígoras. “Por eso, insistimos en priorizar la oferta económica”, añadió.
Cenital consultó a la Secretaría de Transporte sobre las críticas que recibe del sector privado la licitación de la Hidrovía, pero no obtuvo respuesta.
Cenital
