En un trabajo que relaciona la deforestación en el país con la implementación de la ley de bosques, se calcula que en 20 años se perdieron 6,5 millones de hectáreas en Argentina, el 43 % de esto, durante la vigencia de la ley.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del Centro de Información Ambiental (CIAM), elaboró un informe en el que analiza, por primera vez, la situación de los bosques nativos en Argentina a lo largo de 20 años (1998-2018) y el impacto de la implementación de la Ley 26331, conocida como ley de bosques y sancionada en 2007. Los datos sugieren que, hasta 2015, los instrumentos de gestión de la norma tuvieron un impacto progresivo en la baja paulatina de la tasa de deforestación, pero luego la misma volvió a crecer, por lo que es necesaria una reformulación de dichos instrumentos que fortalezca la protección de estos ecosistemas.
Se estima que entre 1998 y 2018 se perdieron en total 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos, de los cuales, 2,8 millones ocurrieron entre 2008 y 2018. Para ilustrar el desarrollo de la deforestación, valen otros datos. El porcentaje anual de pérdida respecto del total remanente (tasa) en el país disminuyó desde 0,94 % en 2007 a 0,34 % en 2015. Sin embargo, desde 2016 se incrementó hasta 0,42 en 2018 (unas 180 mil hectáreas).
El 87 % de la pérdida de dichos bosques corresponde a la región del parque chaqueño, principalmente Santiago del Estero (28 %), Salta (21 %), Chaco (14 %) y Formosa (13 %). El área constituye el segundo foco de deforestación de Sudamérica después del Amazonas.
Cabe recordar que la ley estableció tres áreas con criterios distintos de conservación. Se trata de las categorías: I (rojo), bosques nativos de alto valor de conservación, que no deben transformarse; II (amarillo), de mediano valor de conservación, con posibilidad de llevar a cabo aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y III (verde), de bajo valor de conservación, lo que permite su transformación parcial o total.
Entre 2008 y 2018, 47,2 % de la deforestación (845.832 ha) correspondió a desmontes autorizados dentro de la categoría III (verde). El 52,8 % (946.769 ha) se produjo en las categorías I (rojo) y II (amarillo), es decir en áreas que la ley prohíbe. Además, se perdieron 983.467 ha en bosques no incorporados en los ordenamientos provinciales.
Para la cartera nacional de Ambiente, a cargo de Juan Cabandié, el monitoreo, la prevención, el freno a los procesos de desmontes ilegales y el manejo de los bosques nativos son acciones prioritarias, como así también lo es la revisión de las políticas existentes para ser más efectivos en el cumplimiento de estas tareas. En este sentido, el Ministerio fortaleció el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) durante 2020, con mejoras en la precisión y periodicidad de la información generada. Además, logró acuerdos con las provincias para aplicar fondos retenidos de años anteriores por $ 660 millones, los que se suman a los $ 570 millones dispuestos para este año.
Con respecto a las causas de la deforestación, las principales son la expansión y la diversificación agropecuaria, en especial la agricultura y la ganadería intensivas. En menor medida, la agricultura de subsistencia, los incendios, el sobrepastoreo, el desarrollo de infraestructura y la sobreexplotación de los recursos forestales.
Los bosques son fundamentales para la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua; la fijación de carbono; la diversificación y belleza del paisaje, además de la defensa de la identidad cultural. La deforestación, por su parte, ocasiona la pérdida de biodiversidad, la reducción en la capacidad de mitigar el cambio climático, genera cambios hidrológicos con mermas en la capacidad productiva de los suelos y aumento del riesgo de inundaciones; y en general la disminución en la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad. Además, el modelo productivo que reemplaza al bosque por pasturas o cultivos anuales está vinculado con la pérdida de empleo rural, la concentración de la tierra y la migración de la población rural hacia los centros urbanos.
El informe, denominado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, fue realizado por la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, a través de la Dirección Nacional de Bosques. El documento sostiene que es necesario fortalecer las herramientas de desarrollo vinculadas a los bosques nativos, de manera que formen parte de la matriz productiva del país, de forma responsable y sostenible, generando arraigo y riqueza local. Lo que se logra con una política que acompañe el uso múltiple de los bosques, el desarrollo ganadero integrado a los mismos, la producción forestal maderera y no maderera, con generación de valor agregado en origen, mejoras en la comercialización y la distribución de la renta en los entramados productivos forestales, desarrollo del ecoturismo y restauración de la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios a la sociedad.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Prensa
