La novela terminó. ¿Terminó? ¿O es el comienzo de otra? La Cámara de Diputados finalmente le dio media sanción en general a la denominada ley Bases, una propuesta que, aunque terminó más parecida a una combi que a un ómnibus, no deja de ser una manifestación del rumbo que quiere adoptar la administración de Javier Milei.
El Presidente pagó un costo alto por esta aprobación, ya que tuvo que sacrificar casi la mitad del articulado y negociar una buena parte de los que quedaron en pie. Pero su objetivo quedó cumplido: la intención primaria era demostrar que tener una minoría legislativa no iba a ser un impedimento para gobernar. Para el FMI, los inversores o el Departamento del Tesoro, si la ley tiene una facultad delegada más o menos es un detalle cuyo impacto no les preocupa.
Pero como se dijo al comienzo, lo que hay por ahora es una media sanción en general. El martes que viene continuará la pulseada por la letra chica, y después vendrá el Senado, que es otra película. La pelea con los gobernadores no terminó y la discusión de un nuevo pacto fiscal es una promesa que las provincias quieren acelerar, y de ser posible, incluir en la puja actual. Todo este combo será lo que defina el destino final del proyecto.
Veamos el semáforo
Entraron u$s 4700 millones del FMI y Diputados le dio media sanción a la ley ómnibus. Alcanza para que Javier Milei sienta que terminó bien el mes de enero, con una inflación que mostrará desaceleración y un flujo de dólares que lentamente, pero de manera constante, va recomponiendo las reservas del Banco Central.
Lo que viene ahora es un debate áspero, ya que los gobernadores quieren reintroducir parcialmente el capítulo fiscal de la propuesta oficial. Aspiran a contar con un porcentaje de coparticipación del impuesto PAIS. El Gobierno no lo quiere soltar tan rápido, porque sabe que es el único anzuelo que le queda para conseguir el respaldo de sus aliados en el resto de las propuestas impositivas (moratoria, blanqueo, reforma de Bienes Personales).
Una mención aparte para la polémica por las retenciones. Más allá del interés fiscal por sumar recaudación que impulsó a Luis Caputo a poner esta medida en su plan, apareció una voz respetada dando su opinión en contra. Fue nada menos que Domingo Cavallo, el creador de la ley de convertibilidad y hoy un referente para Javier Milei, quien desaconsejó dar ese paso. La razón fue que restarle competitividad al tipo de cambio que recibe el agro podría transformar en necesaria una nueva corrección del dólar oficial. El exministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa consideró que era mejor buscar fondos en otro lado que darle aire a otra devaluación, porque eso retrasaría la estabilización de los precios.
Por ahora Milei está conforme con haber alcanzado su primer hito político. El Fondo, como se mencionó al inicio, estaba más preocupado por la gobernabilidad que por el contenido total de la ley. Así lo describieron en el Staff Report: “Implementar la agenda de reformas propuesta requerirá generar apoyo político y social. Esto implica formar coaliciones más amplias en el Congreso, ya que el propio partido del presidente (La Libertad Avanza) tiene minorías tanto en la Cámara Baja (37 de 257 diputados) como en el Senado (7 de 72 senadores)”.
Lo que debería hacer Milei para la etapa que viene (el articulado y el Senado) es revisar los diarios de sesiones del debate de la Ley de Solidaridad Previsional. Es la norma que consiguió Alberto Fernández apenas asumió el gobierno, apoyado en la mayoría que tenía en ese momento el Frente de Todos. En ese proyecto nació el Impuesto PAIS y se le otorgaron al Poder Ejecutivo facultades delegadas, además de revalidar la declaración de emergencia económica y aplicar más ajustes impositivos. El argumento en ese momento era que la Argentina estaba en default y que la pobreza superaba 40%, entre otros factores. Al oficialismo le puede servir escuchar la defensa que hicieron en 2019 sus actuales opositores, de temas en los que hoy manifiestan una postura casi contraria.
Javier Milei es el primer economista que se sienta en el sillón de Rivadavia. Para un país como la Argentina, es un activo invalorable. Pero para un gobierno con escasos cuadros técnicos propios y con minoría parlamentaria, pone en primer plano un déficit que se hizo evidente con la ley ómnibus: las dificultades para negociar con la política.
Milei apoya sus razonamientos en números, a los que considera fuente de toda razón y justicia. Sacrificar reformas estructurales de la ley Bases (como la política o la judicial) no fue un sacrificio demasiado doloroso para el Presidente, aunque su redacción y sus idas y vueltas le costaron un tiempo valioso. Pero cuando llega la hora de discutir partidas presupuestarias, fondos, impuestos, la negociación se vuelve casi imposible.
Todos los interlocutores de los bloques dialoguistas del Congreso remarcaron que la inexperiencia de Martín Menem, el titular de la Cámara baja, no fue tan decisiva en la extensa negociación como la falta de una interlocución política que ayude a tomar decisiones. Tampoco era un problema Guillermo Francos, el ministro del Interior, que lleva años en la arena política y sabe cuándo pedir y cuándo ceder. Conclusión: no era Menem y Francos los que no respondían, sino Milei. La aparición de Santiago Caputo ayudó en la discusión del dictamen, pero luego se corrió de ese rol. Y fue Karina la que monitoreó y destrabó las decisiones finales, siempre como portavoz de su hermano.
El Presidente tiene que empezar a entender que centralizar el poder en pocas manos puede ser un esquema útil para su formato de gestión, pero hay algunos síntomas de gestión lenta que después de 45 días de gobierno, no tienen excusa.
Hay dos ejemplos reveladores: el primero lo protagonizó Sandra Pettovello, una funcionaria leal al jefe de Estado, responsable de Capital Humano, que tuvo que reconocer que estaba frenada la asistencia alimentaria a comedores populares porque se estaba instrumentando un esquema de compras diferente. Vale el cambio y vale la mayor transparencia, pero con una inflación que saltó más de 45% en dos meses, no se pueden abrir flancos de este tipo. Las críticas fueron duras e inevitables. Un Estado gigante es malo, pero uno que no funciona donde debe, también.
El otro caso llamativo es el del renunciado Guillermo Ferraro. Aunque se reconoció informalmente su salida, ni se publicó el decreto formalizando el acto, ni se designó a Luis Caputo como responsable del Infraestructura, al menos transitoriamente. Quedaron pocos ministerios, pero la compresión de secretarías y subsecretarías por ahora solo ayudó a recortar sueldos ejecutivos, pero no resolvió problemas de gestión.
Mención aparte para el regreso de Daniel Scioli, a su viejo rol de responsable de Turismo y Deportes, al que suma Medio Ambiente. Será subordinado de Guillermo Francos, de quien fue su jefe cuando era gobernador de Buenos Aires. Veremos ahora cuánto demora la elección del nuevo embajador en Brasil.
Hay una soga que está a punto de cortarse, y eso no debería ocurrir. Según un informe del Iaraf, las transferencias discrecionales a las provincias cayeron 98% en enero. O sea, prácticamente quedaron en cero. Esa lista sacudió a Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Las más “favorecidas”, es decir las que tuvieron menores caídas, fueron Corrientes (-26%), Chubut (-30%) y Córdoba (-92%). Hay un denominador común visible, que permite identificar a los distritos ganadores y perdedores. No necesita mayor explicación.
Lo que sí requiere algún tipo de atención, es la parálisis total que padece la industria de la construcción, un sector que moviliza una amplia cadena de valor y mueve la aguja en términos de empleo. Sin inversión de Nación, y sin fondos de provincias, enero pasó como un mes de vacaciones, pero febrero no debería volver a quedar en cero. El problema es que con un Ministerio de Infraestructura casi acéfalo por un tiempo más, hay altas chances de que eso suceda. El sector inmobiliario, afortunadamente, ha logrado sostener su nivel de actividad. Pero la industria no come solo la construcción de viviendas u oficinas.
Más allá de las críticas de la oposición, no hay que pasar por alto que fue el propio FMI el que escribió en su Staff Report la siguiente advertencia: “Dada la situación social tan delicada, serán necesarios mayores esfuerzos para garantizar una distribución adecuada de la carga y el apoyo a los más vulnerables”.
La recesión, lamentablemente, es parte del plan. Es el arma con la que cuenta el Gobierno para frenar la inflación. El Fondo espera una caída en el nivel de actividad de 2,8% para este año, pero prevé un descenso del consumo privado mayor a 6%.
“Existen riesgos de que el paquete de políticas no cumpla inicialmente sus objetivos, lo que requerirá una formulación de políticas ágil, planes de contingencia y la necesidad de ampliar aún más la asistencia social”. Como se ve, el Fondo puso la firma porque no podía dejar de convalidar un acuerdo que propone revertir en un año un déficit fiscal de 3% del PBI. Pero tiene presentes los flancos débiles del Gobierno: alianzas políticas (que le impedirían adoptar medidas sostenibles) y agilidad en la gestión para dar respuestas a la crisis social que se dibuja en el corto plazo.
El Cronista
