La Asociación de Magistrados de La Plata expresó su preocupación y le exigió al Senado que intervenga ante la voluntad de la gobernadora de designar 42 integrantes del Poder Judicial antes de culminar su mandato.
La intención del gobierno de María Eugenia Vidal de concretar antes de terminar su mandato el nombramiento de 42 integrantes del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires sigue sumando resistencias. La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Plata, que nuclea a importantes jueces y fiscales de la provincia, manifestó su preocupación y pidió al Senado provincial que intervenga para evitar el copamiento por parte de la mandataria.
“La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Plata ha resulto manifestar su preocupación e instar al Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires para que arbitre los medios, y despliegue los mayores esfuerzos en pos de obtener a través del diálogo institucional una decisión con el suficiente consenso amplio y plural antes de proceder a prestar el acuerdo para la designación de magistrados, como tradicionalmente ha sucedido y las circunstancias lo aconsejan”, publicaron mediante un comunicado al que accedió El Destape, y que lleva la firma de Victor Violini, juez de la Cámara de Casación provincial, el máximo tribunal penal bonaerense.
La entidad exhortó al Senado “a actuar con la mayor prudencia y responsabilidad institucional y democrática a la hora de dar acuerdo en el proceso de selección de magistrados”. En concreto, le reclama que no avance sin conseguir el acompañamiento de otros bloques legislativos de la oposición más allá de que Cambiemos contaría con el número de votos necesarios en la Cámara alta provincial para hacer las designaciones.
Tal como adelantó El Destape, el oficialismo, de la mano de Vidal, parece decidido a avanzar pese a haber sufrido una contundente derrota en las primarias del 11 de agosto. De los 42 cargos que pretende cubrir, se destacan dos magistrados cuyo destino es el Tribunal de Casación Penal, la máxima instancia penal local, que precisamente también integra Violini, uno de los firmantes del comunicado junto a Enrique Catani, juez del fuero laboral.
La oposición busca por todas las vías impedir esta avanzada, que se realiza a un mes para las elecciones generales. Cuestiona el momento en que se eligió para tomar esta decisión (con la derrota consumada) y también los candidatos que se eligieron para cargos claves.
De las cuatro decenas de funcionarios judiciales que pretende designar el oficialismo, 17 son magistrados. Todos elegidos por la gobernadora, ya que el Poder Ejecutivo es el que selecciona al candidato de una terna que le eleva el Consejo de la Magistratura. El nombramiento se concretará luego de que el Senado trate el pliego de los candidatos. Esta última etapa es la que está por abrirse. El miércoles pasado, el oficialismo dejó allanado el camino para poder llevar esta cuestión al recinto.
Entre los candidatos propuestos más cuestionados se encuentra el secretario de la Procuración General bonaerense, Francisco Pont Vergés, un hombre del riñón judicial de Cambiemos. De hecho, está actualmente a cargo de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal en el Ministerio Público provincial.
(De El Destape)
