La Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad pagó más 2 millones de dólares por servicios de “consultoría para la contratación de recursos humanos” para la relocalización de las personas que viven bajo la autopista.
La Villa 31 tiene más de 300 casos confirmados de coronavirus, que se suman a los de dengue. Sus vecinos y vecinas tuvieron que reclamar más de una semana por la falta de agua, mientras el funcionario del gobierno porteño encargado de la villa, Diego Fernández, le echaba la culpa a AYSA. En medio de esos problemas, se conoció un contrato por más de dos millones de dólares de la secretaría que conduce ese funcionario para el “servicio de consultoría para la contratación de recursos humanos para conformación de la Gerencia Operativa de Reasentamiento”. Desde el gobierno porteño argumentaron que ese dinero es un préstamo del Banco Mundial y se usó para contratar a los profesionales que trabajan en la relocalización de las personas que viven bajo al autopista. Lo que no pudieron explicar es por qué esos trabajos se tercerizaron a una empresa que viene embolsando decenas de millones en consultorías al Gobierno de la Ciudad, incluyendo una para supervisar obras en el arreglo de las veredas.
La Villa 31 tiene un área específica del gobierno porteño destinada a su integración como barrio. Se trata de la Secretaría de Integración Social y Urbana, que conduce Diego Fernández, y que estuvo en el ojo de la tormenta en estas semanas por la falta de agua en la villa y la explosión de casos de coronavirus. En ese contexto, se conoció el contrato en dólares con una consultora. Las primeras noticias aparecieron en una cuenta de Twitter liberal que suele escrachar funcionarios.
El contrato comenzó el año pasado por 1.141.488 pesos y 1.199.653 dólares y tuvo una extensión este año por otros 857.599 dólares. Según figura en la resolución firmada por Fernández, “el objetivo es contratar servicios profesionales para integrar los distintos equipos que conforman la Gerencia Operativa de Reasentamiento”. La consultora forma parte de la “evaluación de Impacto del Programa de Reasentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista” y es financiada por un préstamo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La consultora se llama HYTSA y al frente figura Marcela Inés Pimentel, una licenciada en Oceanografía que dirige esa firma desde hace 35 años. Como vicepresidente aparece el ex presidente del Club Independiente Javier Cantero. En su web, indican que hacen estos trabajos de consultoría para distintos gobiernos, como el de Salta o el de Tucumán. Con el gobierno porteño tiene una larga lista de contratos, que vienen desde la época de Mauricio Macri. Un pequeño resumen: en 2018 hicieron otra consultoría en la Villa 31 por 6 millones de pesos y una tercera en el mismo barrio en conjunto con otra empresa por 28 millones de pesos. En 2017, habían intervenido para evaluar el servicio de agua potable en esa villa, lo que costó otros 13 millones de pesos. Otro dato: la secretaría que conduce Fernández existe desde 2015.
HYTSA tiene, además, un contrato para “el control integral del servicio de higiene urbana” por 27 millones de pesos. El año pasado hizo otra consultoría para la obra del arroyo Medrano por 5 millones de pesos y se dedicó al “servicio de inspección de obras en vías peatonales” por 38 millones de pesos. Esta fue otra de las polémicas por tercerización de empleados que protagonizó el gobierno cuando la actual ministra de Espacio Público, Clara Muzzio, era la subsecretaria de Vías Peatonales: los supervisores de las obras eran tercerizados a esta empresa.
Sobre el contrato en dólares en la 31, desde el gobierno porteño afirmaron que “corresponde a la contratación de Recursos Humanos para el reasentamiento del Bajo Autopista a las Viviendas Nuevas construidas en el Sector YPF”. Sostuvieron que la consultora fue elegida en una licitación internacional a la que invitaron a otras seis empresas, aunque solo dos se presentaron. E indicaron que fueron contratados, por ese monto, 52 profesionales: 32 en ciencias sociales, seis abogados, diez ingenieros, un arquitecto y tres personas a cargo de la administración. Sostuvieron que el salario promedio es de 65 mil pesos, tras restar impuestos y cargas. Sostuvieron que esas personas se ocuparon de hacer un relevamiento de los hogares y de supervisar las tareas de demolición y la logística de las mudanzas. No explicaron por qué el Estado requiere tercerizar esas tareas en una consultora.
El titular de la secretaría, Diego Fernández, tiene una extensa trayectoria en el gobierno porteño. Comenzó hace diez años como jefe de Gabinete de Esteban Bullrich en el Ministerio de Educación. Se sumó a través del G25, la ONG de Bullrich y Guillermo Dietrich. Antes fue CEO de una cadena de helados y fundó una cadena de sushi. Como responsable de la urbanización de la 31, afirmó hace un tiempo: “La parte física del proyecto va a terminarse para el 2019 aproximadamente”. Y sostuvo que los servicios esenciales estarían a fines de 2018. Con la llegada de la nueva ministra de Desarrollo Humano, María Migliore, comenzó a haber permanentes roces con Fernández, en especial ahora que los problemas en la 31 se hicieron más que evidentes.
Página/12
