Cuando se presentó la Ley Bases, el 27 de diciembre del año pasado, el jefe de Gabinete era Nicolás Posse, el presidente de bloque de La Libertad Avanza era Oscar Zago, la presidenta del PRO era Patricia Bullrich, la brecha cambiaria era del 20%, el PBI no se había desplomado cinco puntos, Javier Milei no había hecho ninguno de los nueve viajes que hizo al exterior desde que es presidente, ninguna diputada había ido a una comisión con un patito en la cabeza ni había cinco personas detenidas arbitrariamente por manifestarse. Exactamente seis meses después, la primera experiencia libertaria en la gestión tendrá sus primeras leyes, porque ahora son dos: Bases y el paquete fiscal. La “ómnibus” de 664 artículos pasó a 238, en el medio perdió emergencias, la nómina de empresas privatizables pasó de 41 a 8, en el camino quedaron las reformas penales, electorales, ambientales, de financiamiento de los partidos, la motosierra cultural y hasta la obligación de los magistrados de usar toga durante los juicios. El Congreso le mostró al Gobierno su piso de posibilidades. Diario del lunes (o del jueves) en la mano, no es poco. El corazón, que lo componen las facultades delegadas (aunque reducidas en cantidad y acotadas en el margen de acción), la tijera legal para desguazar al Estado, el RIGI, el blanqueo, el esquema para inversiones en hidrocarburos, quedaron. A eso le agregó la reforma laboral, un gesto del radicalismo friendly. La revolución anti casta se topó con el universo de lo posible. Y lo terminó abrazando.
¿Qué va a pasar?
Los votos para las dos leyes están y este jueves la Cámara de Diputados las va a sancionar y dejar listas para ser promulgadas y reglamentadas por el Poder Ejecutivo. El Gobierno no logró avales para reintroducir Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y RTA a la lista de empresas sujetas a privatización, ni para la derogación de la moratoria previsional ni tampoco para recuperar la lista larga de organismos públicos que podrá suprimir. No tuvo los votos para armar el Frankenstein de dictámenes y medias sanciones que quería. Para zafar de esta discusión, el universo “dialoguista” apeló a una interpretación reglamentaria. Según su mirada, como estos ítems ni siquiera se trataron en el recinto del Senado porque fueron quitados antes, tras un acuerdo político, no pueden ser reinstalados en Diputados. Este argumento usó un compañero de bloque de Miguel Pichetto para convencerlo de no insistir con la privatización de Aerolíneas y mantener la cohesión de su bancada, Hacemos Coalición Federal (HCF). Según esta lógica, sí puede Diputados insistir con las versiones “originales” del impuesto a las Ganancias y las rebajas de Bienes Personales, que la Cámara alta rechazó. Una interpretación curiosa pero, como dice un mandamiento parlamentario: “El reglamento dice lo que dice la mayoría”. Y la mayoría está de acuerdo con que ambos impuestos pueden ser recuperados por la cámara de origen. Ese mantra de las mayorías algunos se lo adjudican, justamente, a Pichetto. Ganancias espera entre 130 y 131 votos positivos, sin apoyo patagónico, porque el piso diferencial para las provincias del sur, introducido en el Senado, fue rechazado y ahora solo pueden insistir con la redacción original.
El tercer poder.
A la Ley Bases y el paquete fiscal los presentó el Poder Ejecutivo, los sancionó el Poder Legislativo y los terminará de convalidar el Poder Judicial. La vuelta del Impuesto a las Ganancias terminará en la Justicia. Así lo adelantó ayer el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez. Y lo confirmó, en declaraciones a Cenital, el diputado y titular de La Bancaria, Sergio Palazzo. “La Argentina es un país con todos los climas, todos los paisajes y en el que todo, siempre, lo define la Corte Suprema”, resumió un diputado que este jueves votará a favor de ambas iniciativas. Las bibliotecas chocarán en Tribunales. ¿Puede Diputados insistir con un título que fue rechazado en el Senado? ¿Violaría eso el esquema bicameral de sanción de las leyes que prevé la Constitución? Ese es el debate jurídico. Y también lo será en el recinto. El peronismo alimentará esta discusión para dilatar el final de un partido cuyo resultado ya conoce.
El corto plazo.
Los bloques de diputados de la UCR y HCF fueron el martes al Consejo Federal de Inversiones (CFI) a reunirse con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco), los peronistas Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) y el del PRO, Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Buscaban repartir el costo político de reinstaurar el impuesto a las Ganancias que rechaza la CGT. Sin embargo, el impacto fiscal del paquete completo, lejos de ser positivo para las provincias, es negativo. Según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impuesto a los altos ingresos representará una distribución en las provincias de fondos estimados en el 0,25% del PBI para este año. Mientras que lo que dejarán de percibir por las rebajas en Bienes Personales -que también es un impuesto coparticipable- se calcula en un 0,18% del PBI este año, 0,21% en 2025, 0,25% en 2026 y 0,33% en 2027. En el largo plazo, el impacto de los dos impuestos será perjudicial para las arcas provinciales. Entonces, ¿por qué insisten los gobernadores? Por la tentación de la masa de recursos frescos y urgentes que podrían representar los incentivos para los contribuyentes que adelanten cinco años del impuesto a sus bienes. Por si hace falta aclararlo: las personas que hoy gobiernan las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen mandato hasta 2027, por lo que se están ganando un problema para ellos mismos, en el futuro cercano.
Cumbre por las cajas.
Las urgencias provinciales son muchas, pero hay una central en más de la mitad: las cajas provinciales. Los distritos que no transfirieron su sistema previsional al régimen nacional no recibieron ni un peso para cubrir sus déficits desde que Milei es presidente y Luis “Toto” Caputo ministro de Economía. Nada, cero. Hoy a las 11 Pullaro recibirá en Santa Fe a Llaryora y Frigerio. De esta cumbre de la Junta de Gobernadores de la Región Centro se espera un comunicado reclamándole al Gobierno que cumpla la ley y envío los recursos que viene escatimando. Las tres provincias, aportantes de votos en el Congreso para las leyes de Milei, tienen iniciadas causas en la Corte Suprema por deudas atrasadas y esperan que pronto aparezca la plata. Incluso como un “premio” a los aliados. Para Córdoba y Santa Fe, el bache fiscal para pagarle a sus jubilados representa entre 10 y 11 mil millones de pesos por mes; para Entre Ríos, unos 4.500 millones mensuales. Mucha plata para cubrir con recursos propios que, además, se están achicando, por el impacto de la recesión en la masa coparticipable.
¿Alguien quiere pensar en el FONID?
Hace casi un mes, un grupo de diputados radicales elevó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un pedido de sesión especial para el próximo miércoles. El objetivo era poner en discusión los dictámenes, ya firmados, de proyectos que buscan garantizar el financiamiento de las universidades nacionales y reinstaurar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). A menos de una semana de esa fecha, nadie cree que el recinto se abra ese día. Por ahora no está citada oficialmente y no parece haber mucha voluntad en el “dialoguismo” para que se haga. Un influyente diputado de HCF cree que, con la recuperación de Ganancias, las provincias tendrán recursos para cubrir ellas mismas el diferencial salarial docente que implica el FONID y que la situación universitaria está encaminada, después del acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque los recursos para el salario docente no aparecen. “Es una cuestión de timing”, explican. La radical Danya Tavela sigue pujando para que la sesión se haga, pero no encuentra mucho feedback entre sus correligionarios. Otro diputado, brotado de sinceridad, aporta otra mirada: “El problema es que después de la Ley Bases se rajan todos”.
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