El partido centenario impulsa un proyecto que retome algunos puntos del DNU y que pueda generar consenso con otros espacios políticos. Están la extensión del período de prueba, las multas, indemnizaciones y aportes a sindicatos.
El Congreso se reactivó con algunos escándalos, improvisaciones y la intención oficialista de avanzar con la ley ómnibus recortada y un paquete fiscal que financie al Estado nacional, además de girar unos billetes a las provincias con la coparticipación del impuesto a las Ganancias. Con esos objetivos en mente, cada bloque intenta acomodarse y el radicalismo trabaja hace un tiempo en un proyecto que garantice una reforma laboral que consideran necesaria.
En la elaboración del texto trabajan los distintos espacios que conforman el radicalismo. No se trata de una iniciativa sólo de un sector, aunque la misión se le adjudicó al más cercano al gobierno, con el acompañamiento de las otras facciones más críticas de las medidas de La Libertad Avanza. Pero son varios los diputados que cultivan esa propuesta.
El Comité Nacional está al tanto de estos movimientos y, de hecho, Martín Lousteau se reunió hace unos meses con la CGT para conversar un poco la temática. Para el radicalismo, a fin de cuentas, la reforma laboral apareció como necesaria y encontraron acuerdos amplios multipartidarios para poder avanzar. El senador y presidente del partido redactó proyectos referidos de multas por falta – o mala – registración, lo que demuestra la unidad conceptual en esta materia.
Además de la intención de algunos de colaborar con el gobierno e impulsar un proyecto que, inserto en el DNU 70/2023, quedó frenado por la Justicia, el partido centenario encontró una oportunidad, en la debilidad oficialista, para introducir una reforma que sea posible. De este modo, se quedarían a mitad de camino, no alcanzando los objetivos del decreto, pero con la chance de construir consensos para estos cambios legales.
El radicalismo tiene varias vertientes en su interior. Unos, referenciados en gobernadores del Grupo Malbec, se mostraron más proclives a negociar con el gobierno y hasta vieron abiertas las puertas para una eventual coalición electoral que también incluya a Mauricio Macri, presidente del PRO.
Pero no es el único grupo, hay otros dos sectores que ya tuvieron posiciones muy críticas con el gobierno nacional, uno conducido por Martín Lousteau y otro por Facundo Manes. Estas líneas internas tienen la intención de poder consolidar un espacio de centro que le escape a la grieta protagonizada por la extrema derecha y el kirchnerismo.
El corto período de tiempo del gobierno imposibilita, a esta altura, conocer si será o no será posible esa opción. De nacer, muchas de las decisiones que hoy aparecen en la nebulosa podrán tener cauce. Los grises se podrán consolidar en una oposición moderada no kirchnerista, pero claramente opuesta al gobierno. Eso se sabrá más adelante.
El pedido de reforma laboral, también hecho por el PRO que presentó su propio proyecto, le escapó a esas divisiones internas y mostró que la UCR no sólo puede evitar, en algunos casos, las peleas intestinas sino también intentar acuerdos con otros sectores políticos.
Fue la UCR la que le planteó la necesidad de avanzar con la reforma amparados fundamentalmente en el impacto que la legislación actual tiene en las pequeñas y medianas empresas. Uno de los objetivos de los boina blanca pasa por bajar la litigiosidad y hacer más fácil la contratación y el despido de trabajadores.
El período de prueba, según el texto que se termina de escribir por estas horas, pasaría de tres a seis meses, lo que le quita previsibilidad al pacto laboral y deja sin protección al trabajador por una mayor cantidad de tiempo. Durante estos meses, cualquiera de las partes puede terminar la relación sin dar preaviso y sin que, por ello, haya que pagar algún perjuicio. Se habilita a despedir sin consecuencias después de haber entablado un vínculo.
Por otra parte, también se proponen indemnizaciones bajo el formato UOCRA con la posibilidad de que cada sindicato, por actividad, pueda decir si es conveniente o no. Pero la cuestión central pasará por las multas y la “industria del juicio” que consideran “brutal” y frena la posibilidad de que los empresarios quieran contratar ante el temor de terminar, por acumulación, pagando sumas importantes de dinero ante una desvinculación.
Según los datos esgrimidos por los centenarios, hay ocho millones de trabajadores en la informalidad, sin aportes ni obra social. Con ese argumento, los radicales quieren avanzar con la reforma laboral para fomentar la entrada y salida de puestos de trabajo dado que, sostienen, al resolver los problemas de informalidad también se colaborará con el sistema previsional dada la mayor registración. El problema es que, de no haber consecuencias para aquellos que contratan sin cargas patronales, probablemente no haya un aluvión de blanqueos.
La intención de la UCR es lograr una reforma laboral que salga por ley, con mayores consensos que un DNU con vicios de inconstitucionalidad. En ese marco, van a insistir con la no obligatoriedad del aporte sindical, lo que probablemente traiga aparejadas resistencias.
La CGT, en el Congreso, se reunió con senadores y senadoras de Unión por la Patria. José Mayans les expresó que, “como bloque, nosotros no vamos a tratar ningún proyecto que vaya en contra de los trabajadores, como es el proyecto de Impuesto a las Ganancias”. En el encuentro se manifestó la preocupación por la ley ómnibus, la amenaza a derechos laborales, la no homologación de paritarias y la posibilidad de impulsar medidas que favorezcan a los trabajadores.
La intención del radicalismo, y del gobierno, es acoplar el proyecto de reforma laboral al de ley Bases una vez iniciado el trabajo en comisiones la semana que viene. Según el cronograma, esperan que el proyecto llegue al recinto en la semana del 22 de abril y pueda tratarse en el Senado a mediados de mayo.
En el mientras tanto, los legisladores pudieron conocer un nuevo borrador de los proyectos de ley que desvelan al oficialismo, la Bases y el pacto fiscal con la inclusión de Ganancias. Según se confió desde una banca radical, los proyectos están “bastante ordenados”, pero seguirán discutiendo puntos con los que no están de acuerdo.
Si en algo coincidieron los dialoguistas es en el cambio de actitud del gobierno. No sólo por las reuniones previas para negociar sino por el hecho de haber acotado los proyectos, haciéndolos más debatibles. La cuestión de Ganancias será un punto de conflicto, no generó un apoyo al 100% pero sí se le reconocieron algunos puntos.
Con el intento de restituir el impuesto, muchos trabajadores caerán en el tributo, lo que generará un importante costo político, pero se destacó que las alícuotas aparecieron más progresivas y amigables, distanciadas entre sí y con porcentajes razonables. La foto, se espera, será la misma que antes de la reforma de Sergio Massa, con poco más de un millón de trabajadores pagando arancel.
El gobierno tiene la intención de que los proyectos pasen favorablemente por la Cámara de Diputados y, con ese objetivo en mente, ya iniciaron los contactos en el Senado para el round dos. Hubo un encuentro con senadores en Casa Rosada, participaron los jefes de distintos bloques salvo Unión por la Patria para abordar el futuro tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal.
El Destape
