La empresa encargada de realizar el escrutinio no sólo fue denunciada por las falencias de su sistema, sino también por el modo en que fue contratada por el Gobierno. La jueza María Romilda Servini consideró necesario investigar el caso.
La empresa Smartmatic será investigada formalmente por la justicia federal penal. Así lo dispuso la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, quien consideró que la justicia electoral electoral es incompetente para investigar las presuntas maniobras que envolvieron a la contratación de la empresa de origen venezolano.
Servini tomó la decisión ante la denuncia que presentó el abogado Leonardo Martínez Herrero. El letrado se presentó en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias con el partido Dignidad Popular, que lidera el empresario Santiago Cúneo, y en su denuncia consignó que “el Ministerio del Interior giró 290 millones de pesos para que el Correo Argentino contrate un servicio general de digitalización de la totalidad de los telegramas de todas las mesas del país y dicha empresa terminó contratando a Smartmatic que no solo no puso una sola máquina (las PC las pagó el Ministerio del Interior, como vimos, y los scanner los pagó el Correo), y el servicio terminó resultando un fracaso absoluto”.
“En estas condiciones, parece inevitable investigar el posible fraude al Estado”, planteó Martínez Herrero, quien remarcó que “la condición mínima exigida para ser adjudicataria del servicio era contar con un software cuyas prestaciones fueran suficientes como para poder efectuar el recuento provisorio de la totalidad de mesas electorales del país, habiéndose publicado en diversos medios que, a pocos días de la celebración de las elecciones primarias del 11 de agosto de este año, el software de la empresa no estaba listo”. “En efecto, las pruebas realizadas habían fallado y contaba el programa con algunas falencias para el recuento provisional de los votos, situación esta que generó dudas y temores en la gran mayoría de las agrupaciones participantes del comicio; deberían investigar entonces, si el Estado Nacional abonó efectivamente la suma de 4.500 millones de pesos por un sistema plagado de deficiencias”, agregó el abogado en su denuncia.
La jueza consideró necesario investigar penalmente el caso. El fiscal electoral Jorge Di Lello opinó en el mismo sentido que Servini, al señalar que “siendo entonces que el objeto de denuncia es un hecho de relevancia en materia penal, por resultar ajena a esta jurisdicción especial y restrictiva, no corresponde que la justicia Federal con competencia electoral intervenga, sino que deberá intervenir el fuero federal penal de esta Capital Federal”.
Servini y Di Lello intervienen en la causa contra Smartmatic que se tramita en el fuero electoral a partir del amparo que interpuso el Frente de Todos ante las falencias técnicas de las empresa a la cual el gobierno de Mauricio Macri contrató para el escrutinio del actual proceso electoral. En expediente que en paralelo se tramitará en el fuero penal estará centrado en determinar si la firma de origen venezolano incurrió en un presunto fraude contra el Estado.
“Del texto de la denuncia origen de autos se desprende que el Dr. Leonardo Martínez Herrero puso en conocimiento del Tribunal un hecho que podría resultar delictivo, consistente en un posible fraude económico en perjuicio de las arcas del Estado Nacional”, fundamentó Servini su decisión de declararse incompetente y remitir el caso a la justicia federal penal.
En la nueva causa se investigará a Smartmatic, pero también a los funcionarios del Gobierno que invervinieron en la contratación de la empresa y al Correo Argentino.
(De Página/12)
