Veinte años de presiones políticas sobre el periodista Daniel Santoro: de la causa armas al caso D’Alessio

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Por su trabajo como editor de Clarín, recibió amenazas, ataques y hackeos por parte de sucesivos gobiernos, empresarios y agencias de espionaje.

Los periodistas no tienen -no tenemos- privilegios ni ventajas ante la ley. Debemos rendir cuentas por nuestros actos como cualquier ciudadano y cargamos sobre nuestros hombros una responsabilidad extra: al denunciar posibles maniobras de corrupción o actos irregulares, debemos extremar los recaudos para evitar errores y arbitrariedades.

En nuestra búsqueda de información -que funcionarios, empresarios, sindicalistas y otros poderosos desean mantener en la oscuridad-,tomamos contacto con decenas de fuentes de datos que confían en nosotros y ponen en nuestras manos su seguridad. A cambio, nuestro compromiso en esos casos es mantener su anonimato y las condiciones bajo las cuales esas fuentes de información de interés público la compartieron con nosotros. En su artículo 43, la Constitución Nacional protege expresamente la reserva de ese vínculo.

Ese trato funciona de igual manera en todas las democracias del mundo. Una vez publicada la noticia, a los periodistas nos corresponde absorber las reacciones, enojos, desmentidas y hasta ataques que los perjudicados por esa difusión emprendan.

Daniel Santoro, periodista de investigación de Claríndesde hace más 25 años, está a punto de afrontar un exceso de esas consecuencias. Tras la traición de una de aquellas fuentes, que según investigó la justicia traficaba datos e influencias para extorsionar a empresarios y otras víctimas, ahora es él quien será indagado en los tribunales como supuesto partícipe de esas maniobras. Santoro deberá defenderse sin abandonar su compromiso profesional de proteger al resto de sus fuentes y datos ajenos a esta acusación. 

Sin justificar las equivocaciones y descuidos que el periodista o cualquiera de nosotros, sus colegas, podemos cometer en el desempeño de nuestro trabajo, la extensión hasta Santoro de los posibles delitos que sus informantes hayan cometido dibuja una peligrosa línea roja sobre el suelo que no debería cruzarse. Los periodistas no somos nuestras fuentes.

Para poner los hechos en perspectiva histórica, repasemos la secuencia de presiones, amenazas y ataques que Santoro recibió en las últimas décadas, de las que este periodista es testigo como colega de la redacción de Clarín.

En 1995, tras la investigación por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador -comprobado en la justicia-, el gobierno de Carlos Menem le hizo un juicio por violación de secretos de Estado, que no prosperó. Además de reiterados insultos privados y públicos, también hicieron circular una lista con las llamadas que recibía el fiscal Carlos Stornelli -acusador del caso armas- que estaba encabezada por Santoro. “Paralelamente, un supuesto comando árabe me amenazó y me mandó un cuchillo de la OTAN a la redacción del diario por mi investigación sobre el plan menemista para desarmar el misil Cóndor II”, recordaba Santoro. Pero nada comparado con lo que vino después.

“En 2006, mientras investigaba a una banda de narcotraficantes serbios que, bajo prisión preventiva domiciliaria había logrado un permiso para hacer una fiesta faraónica en el hotel Four Seasons, mis mails y los del juez Daniel Rafecas aparecieron en manos de los abogados defensores de los serbios“, repasaba el periodista. “Todavía hoy mis correos electrónicos siguen en la web, porque están posteados desde los Estados Unidos y la justicia argentina no tiene jurisdicción para bajarlos.”

En 2010, la cara de Santoro apareció en un afiche anónimo, junto con otros colegas que trabajaban en el Grupo Clarín, luego de investigar junto al periodista Nicolás Pizzi el desvío de fondos públicos correspondientes al programa Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo. El afiche apareció en las calles más importantes de la ciudad de Buenos Aires.

“En 2011, me vuelven a pinchar -como decimos en la jerga profesional- el mail junto a otros periodistas, jueces y diputados de la oposición. Creo que fueron espías del gobierno kirchnerista, pero no puedo demostrarlo”, relataba Daniel hace unos meses.

No era la primera vez que lo atacaban desde el kirchnerismo. “En el 2012, la Revista 23 del empresario ultra K Sergio Szpolski publicó la falsa y ridícula versión de que yo era agente de la KGB, y ahora los K vuelven a reflotar la injuria”.

En 2013, el entonces jefe del Ejército César Milani habría mandado a hacer un seguimiento a través del GPS del celular de Santoro. “Cruzando mi GPS con el de otros se podría saber quiénes eran mis fuentes. Lo hizo en forma tercerizada para que no quedaran rastros, según mis informantes.”

¿Por qué habría hecho eso el militar, ahora preso por delitos de lesa humanidad? Porque en 2011, poco después de que lo nombraran director de Inteligencia del Ejército, Santoro denunció que Milani había participado del levantamiento carapintada de 1987 y, luego, que estaba involucrado en la desaparición del soldado Agapito Ledo. Recién cuatro años después de esa nota, el CELS le retiró en el Senado su apoyo al general. “Para seguirme, Milani contrató a una empresa privada con fondos reservados”, cuenta el periodista. Tras una denuncia del exsenador y actual gobernador de Jujuy Gerardo Morales, se abrió una causa judicial por este espionaje ilegal, pero siempre es muy difícil llegar a los autores de este tipo de seguimientos.

En el 2015, me volvieron a pinchar el mail y el celular, junto a diputados de Cambiemos como Patricia Bullrich y Laura Alonso, además de otros colegas. Esta vez habría sido por orden de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, que reemplazó a la SIDE) y tuvo la categoría de “OB”, que en la jerga de los espías significa orden de observación. El juez federal Sebastián Casanello certificó que mi celular había estado siendo intervenido por una fuente externa”, sigue enumerando Santoro.

En todos estos años, el objetivo de estas presiones fue el mismo: causar miedo en los periodistas y desalentar a las posibles fuentes de información sensible de compartirla con ellos para que se haga pública. Ahora es el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien tiene en sus manos decir cuál es límite para estos atropellos.

(de Clarín)

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