La medida a favor de las prepagas, vinculada a empresarios-funcionarios que regulan para beneficiar a sus empresas. ¿Qué pasa en otras áreas? El increíble caso en Minería.
Funcionarios con participación en sociedades anónimas y directorios de empresas a las que deben controlar; otros que vienen de (y probablemente vuelvan a) los sectores a los que deben regular desde el Estado; y algunos con mucho poder, como el asesor monotributista Santiago Caputo, que ni siquiera están nombrados y no son auditables. La nueva decisión oficial, que habilita a las empresas de medicina prepaga a limitar las coberturas en medicamentos y prácticas y que afectará a la mayoría de sus once millones de afiliados, puso sobre la mesa los conflictos de intereses que cruzan al área de Salud y, más allá de ella, a todo el gabinete de Javier Milei.
Cenital anticipa en exclusiva el próximo informe del Observatorio de las Elites del CITRA (UMET-CONICET) sobre riesgos de conflictos de interés en el Poder Ejecutivo, que muestra números elocuentes. Son 55 los funcionarios de rango superior –ministerios, secretarías y subsecretarías– que tienen 182 participaciones declaradas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en directorios de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades extranjeras, entre otras. El Ministerio en el que más casos hay es el de Economía (23 funcionarios), seguido por la Jefatura de Gabinete (7 funcionarios) y el ex Ministerio del Interior (5 funcionarios). Los datos del informe están consolidados a mayo 2024, para un gabinete que nunca terminó de estabilizarse y que atravesó no solo cambios de nombres sino reordenamientos profundos de funciones hasta las últimas semanas.
Los conflictos de interés en el Ministerio de Salud, por caso, eran un secreto a voces durante la gestión del renunciado Mario Russo y terminaron de saltar a la luz pública con el ascenso de quien controlaba la cartera desde un segundo plano: el hoy ministro de Salud, Mario Lugones. Creador de la Fundación Sanatorio Güemes, a su vez controlante de la prepaga Hominis, Lugones hoy toma decisiones sobre el sector que integró e impulsó y que, con el gobierno de Milei, recibió dos grandes noticias: en diciembre, la desregulación de los precios; y esta semana, la posibilidad de rechazar a afiliados monotributistas y de restringir las coberturas en los planes cerrados.
En lo que va de la administración de Milei, las empresas de medicina prepaga aumentaron casi todos los meses por encima del índice de precios general. Solo rompieron esa tendencia cuando el Gobierno registró en las encuestas el malestar de gran parte de sus votantes con los incrementos e intervino precaria y encapsuladamente para que moderen los aumentos. Con variaciones según la empresa, las prepagas han aumentado entre diciembre 23 y octubre 24 un 180% en promedio (frente a una inflación acumulada del 127,1% para el mismo período). En paralelo, a los médicos y prestadores les aumentaron en promedio un 80%, por lo que muchos de ellos dejaron de prestar servicios a sus afiliados. La atención se deterioró.
La Superintendencia de Servicios de Salud, un organismo descentralizado que debe controlar a esas empresas, no se queda atrás en cuanto a conflictos de interés. Su titular, Gabriel Oriolo, es un ex OSDE que fue denunciado por asociación ilícita y tráfico de influencias tras la intervención de la obra social de la UATRE. Este martes, Oriolo declaró en Radio Mitre que la resolución publicada por el Gobierno el lunes no dice lo que dice. “Si el médico, esté o no en la cartilla, prescribe medicamentos habituales y que no son de alto precio, no va a tener ningún problema”, aseguró. El Ministerio de Salud informó luego que en los próximos días modificará la resolución.
Según el informe del Observatorio de las Elites, el Ministerio de Salud tenía en mayo al menos a cuatro funcionarios de alto rango con potenciales conflictos de interés: María Cecilia Loccisano, Hernán Seoane, Federico Pedernera y el ya eyectado Mario Russo. “El gabinete de Milei conserva, más allá de su alto grado de rotación de funcionarios, un rasgo preocupante, que es el elevado riesgo de conflictos de interés en algunas dependencias estratégicas, especialmente en el Ministerio de Economía, pero también en el de Salud y en la Jefatura de Gabinete”, detalló la coordinadora del Observatorio y ex secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani. “Hasta mayo, eran 55 los funcionarios que figuraban como directores y/o socios de empresas privadas, especialmente en el área energética, de servicios financieros, telecomunicaciones, tecnológicas, desarrolladores inmobiliarios y de servicios de salud, todas áreas sensibles a la regulación estatal”, agregó.
Según Castellani, experta en el tema y coautora de una exhaustiva investigación sobre conflictos de interés durante el gobierno de Mauricio Macri, “más allá de que la información de la IGJ esté actualizada o no, el hecho de que hayan formado parte de esas empresas y ahora desempeñen cargos de gabinete plantea un gran riesgo de captura de la decisión pública, porque tienen acceso a información privilegiada y en muchos casos tienen que regular el funcionamiento del sector en el que tienen o tuvieron, muy recientemente, intereses privados”.
De esos 55 funcionarios que detectó el Observatorio con potenciales conflictos de intereses, hay algunos casos llamativos. En el Ministerio de Economía, nada más ni nada menos, 23 funcionarios tienen 106 participaciones en sociedades comerciales y/o asociaciones civiles. Uno solo de esos funcionarios, el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, tiene participación en 37 sociedades o directorios. Algunas de ellas:
- los gigantes de la minería global XSTRATA QUEENSLAND LIMITED; XSTRATA HOLDINGS (BERMUDA) LIMITED; M I M INTERNATIONAL EXPLORATION PTY LTD; GLENCORE EL PACHON LIMITED;
- las financieras ALCATEL-LUCENT SERVICES INTERNATIONAL B.V.; ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS; ALLY FINANCIAL INC; AQUILINE HOLDINGS INC;
- la tecnológica ZEBRA TECHNOLOGIES CANADA, ULC;
- la farmacéutica SERVIER NEDERLAND B.V;
- y la empresa de leasing de vehículos GMAC ARRENDAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
Su participación en empresas mineras constituye un conflicto de interés contemplado en la Ley de Ética Pública, que, de mínima, lo obligaría a excusarse en decisiones vinculadas a esas firmas y sus intereses. Y que también muestra un caso más de un gobierno copado por representantes de empresas y sociedades a las que, desde diciembre, deben regular y controlar.
Cenital
