La discusión que se planteó primero a través de redes sociales y que luego fue replicada en medios de comunicación carece de sustento. Qué dice la Ley 20.464.
La batalla que parece haberse desatado en las últimas 48 horas en redes sociales respecto del sistema científico tecnológico argentino, y que luego saltó a algunos medios de comunicación nacional, es apenas una muestra de lo que serán los meses que nos separan hasta las elecciones de octubre. Una batalla que tiene más de provocación, noticias falsas, adjetivos calificativos desbordados y paranoia, que de propuestas y análisis de situación.
Si hay algo que ha caracterizado al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, han sido las garantías establecidas específicamente en cuanto a libertad de conciencia y de expresión. Una libertad que figura en el mismo Estatuto de las carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, Ley Nro. 20.464, sancionada el 25 de mayo de 1973.
El artículo 18 de dicha ley señala expresamente, entre otros aspectos: “Son derechos del personal perteneciente a este régimen: la estabilidad, condicionada exclusivamente a la realización de sus tareas y al cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente Estatuto”. Como complemento, la ley establece en su artículo 27 como derechos universales reconocidos a los científicos y técnicos los de “desarrollar sus investigaciones en el clima de libertad académica creativa” y “la plena autonomía en el ejercicio de su disciplina, sometida tan sólo a las exigencias propias de los niveles de experiencia que hubieran alcanzado”.
En resumen: no hay razones objetivas para que un investigador del CONICET tema por su estabilidad laboral por razones exclusivamente políticas, porque el estatuto lo protege de despidos arbitrarios, ajenos al cumplimiento de sus obligaciones laborales específicas.
El CONICET es un organismo signado por la más amplia libertad de pensamiento y expresión a punto tal que no es raro que entre sus miles de integrantes haya con cierta regularidad fuertes intercambios dialécticos referentes a tal o cual posición ideológica, partidaria o teórica. ¿Acaso esa libertad no es imprescindible para el trabajo propio de un científico, sea en el área de las ciencias experimentales, de las ciencias de la vida, o de las ciencias sociales?
Ni durante el radicalismo, el menemismo, la Alianza, el kirchnerismo ni lo que va del macrismo ha habido despidos por razones políticas en el organismo. Lo dicen todos aquellos investigadores e investigadoras de buena fe. Y no es que hayan faltado críticas ni a las gestiones anteriores ni a la actual.
Que 8.800 investigadores, docentes, técnicos, becarios y administrativos hayan firmado y entregado ayer un documento de apoyo al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, tiene que ver con la situación de ajuste y desfinanciamiento que vive el sector desde hace tres años y medio. Y sí, es sin dudas un hecho político. El texto especifica que los firmantes buscan “colaborar en la recuperación e impulso a un modelo de desarrollo productivo y sociocultural que promueva la inclusión y la justicia social, apoyándose en la ciencia, la tecnología y el conocimiento generados en nuestro país”. Y pone cuidado de expresar que esa postura de defensa no es unívoca y que está planteada “desde una perspectiva pluralista, desde un colectivo que incluye personas con historias y visiones políticas diversas”.
Nadie que trabaje dentro del sistema científico tecnológico argentino, y específicamente como miembro del CONICET, ignora que la diversidad es un distintivo del organismo. Nadie que esté en contacto con los investigadores, técnicos y docentes desconoce que las tensiones político ideológicas son una constante en el sector. Todos tienen historias que describen cómo, llegado el caso, cuando un laboratorio tiene problemas presupuestarios otros salen (de poder hacerlo) en su ayuda, sin preguntar a qué partido o coalición política vota cada quién.
Y ojalá así siga ocurriendo, por el bien de toda la sociedad.
(De Revista Noticias)
