El máximo tribunal de Justicia tratará este martes el caso de los magistrados designados en forma irregular por Mauricio Macri. Por qué el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, abandonó su bajo perfil. La interna y las presiones de los grupos mediáticos.
Alberto Fernández decidió poner en primer plano el conflicto con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien desató en las últimas dos semanas una sucesión de jugadas para presionar a sus colegas cortesanos en la discusión por los jueces designados por traslado en cargos claves de Comodoro Py durante el macrismo: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. La última y crucial iniciativa fue anunciar en forma unilateral, pero sin recibir resistencia, que el acuerdo del tribunal del próximo martes será “extraordinario”. El tema central será el pedido de per saltum de los tres jueces, que no quieren a volver a sus cargos de origen como les ordenaron el Senado, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Casación. Con su urgencia e imposición, Rosenkrantz dejaba a la vista que sus propias acciones exceden esa discusión por los nombramientos y que estaría actuando como defensor de intereses corporativos, de la oposición política, de grupos económicos y medios afines, en particular el Grupo Clarín que les dedicó varias tapas y páginas a los jueces trasladados. “¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte de con tanto ahínco impulsar esto? ¿Qué es lo que está buscando”, se preguntó públicamente el Presidente, como para dejar al cortesano al desnudo.
Hasta la semana pasada, la Corte mantenía la política de esquivar o posponer el per saltum planteado por los tres jueces atrincherados. Lo que pretenden es que la Corte valide sus nombramientos a dedo durante el gobierno de Macri, sin concurso ni acuerdo del Senado. Bruglia y Bertuzzi pasaron de un tribunal oral a la Cámara Federal, y Castelli pasó de un tribunal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7. A la primera presentación de esas características los supremos respondieron “téngase presente”, que equivale a un desaire, y avisaron que tendrían la última palabra. Pero pronto Rosenkrantz asomó y abandonó su habitual bajo perfil con declaraciones sobre el tema en los medios. No en cualquiera, sino en Clarín y La Nación. Intentaba decir, contra lo que se veía, que la Corte trataría el pedido de saltear instancias. Tanto en el tribunal como en el Gobierno, nadie cree que Rosenkrantz, designado en la Corte inicialmente por decreto de Macri, actúe sólo por convicción. A la presión de los medios se sumó hasta un proyecto de resolución del interbloque Cambiemos para “exhortar” a la Corte a pronunciarse, como si el tema Bruglia-Bertuzzi-Castelli (BBC) fuera de vida o muerte.
Desde el punto de vista jurídico, una mayoría en la Corte manejaba un criterio que les parecía obvio: el trío BBC había iniciado acciones judiciales en el fuero contencioso administrativo que tarde o temprano llegarán a los despachos o computadoras del alto tribunal. Hasta ahora los jueces trasladados sólo obtuvieron rechazos a medidas cautelares y al amparo por parte de la jueza María Alejandra Biotti, que ahora está en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Desde la Corte miran con atención los movimientos de este tribunal porque si llegara a tomar una decisión antes del martes, algo no tan probable, el per saltum podría quedar abstracto.
Los supremos y la suprema se reunieron por Zoom el martes último. El encuentro empezó tenso porque Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se pasaron facturas por notas periodísticas. El encono entre ambos se remonta al 11 de septiembre de 2018, cuando el primero desbancó al segundo, que llevaba más de una década en la conducción del tribunal, en un golpe palaciego del que participaron todos menos Juan Carlos Maqueda. Esta vez el presidente supremo se quejó por una nota en Infobae que decía que la Corte no tiene conducción y por ende el Poder Judicial está acéfalo. Lorenzetti reprochó las apariciones mediáticas de Rosenkrantz tratando de imponer la idea de que el tribunal resolvería el per saltum. El presidente de la Corte es, objetivamente, un juez con poco margen de acción porque sus colegas en una acordada le recortaron hace dos años la posibilidad de tomar decisiones individuales. Casi todo requiere tres firmas.
Poder en juego
Para hacer una demostración de que conserva poder, Rosenkrantz usó una de las pocas posibilidades que tiene de resolver algo de manera unilateral: anunció en el acuerdo remoto que el próximo será “extraordinario”, aunque es un día de plenario habitual, y se tratará el recurso del trío BBC para saltear instancias. Nadie le dijo que no, incluso Rosatti, Maqueda y Lorenzetti dieron señales de aceptarlo. El ofreció una razón curiosa: dijo que había que apurarse porque está en juego el prestigio de la Corte, y en su caso personal su “capital reputacional”. El argumento de que la Corte no hace nada, elude y posterga es el que intenta utilizar la oposición respecto de los jueces atrincherados. Pero desde el Gobierno, e incluso el presidente Fernández, intentan mostrar que la pasividad más preocupante del tribunal atañe a otros asuntos. Tardaron dos años en resolver, por ejemplo, los recursos de los imputados por tragedia de Once, y lo hicieron con el artículo “280” del Código Procesal Civil y Comercial, que los exime de fundamentar y analizar el caso. Sólo usan la palabra “improcedente”. Alberto Fernández les recriminó también que son el único poder del Estado que hasta ahora no aplicó las capacitaciones obligatorias de la Ley Micaela (en perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres), pese a que la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta envió una nota a Rosenkrantz en junio. El supremo se anticipa ahora a otro tema en la misma línea y convocaría a la llamada “comisión interpoderes”, que no se reúne desde 2016, por los juicios de lesa humanidad.
Cuando Rosenkrantz habla de su “reputación” e intenta arrastrar con él a los demás, en realidad parece aludir al respaldo de medios y corporaciones. Su vinculación con Clarín es de larga data, no sólo porque su estudio representó al grupo empresario en el pleito por la Ley de Medios, sino por su vínculo con el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que incluso publicó un libro sobre el tema en medio de las audiencias en la Corte. “Pepín” fue uno de los hombres de la mesa chica de Macri. A Alberto Fernández le llegó la versión de que Rosenkrantz había tenido un encuentro reservado con Macri a cuento de la polémica por los traslados. El supremo, informaron sus colaboradores, le hizo llegar un mensaje este sábado desmintiendo tal situación. Lo que parece impresionante es el cúmulo de intereses que parecen moverse detrás de la iniciativa y el apuro por el asunto de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Por empezar, la exhibición de poder guarda lo lógica de la famosa frase que Héctor Magnetto, el CEO de Clarín, le dijo a Carlos Menem sobre quién manda verdaderamente el país: “el presidente ocupa un puesto menor”. Luego hay temas puntuales: intereses de este grupo empresario que tocó el Gobierno al declarar esenciales tres negocios que son medulares para él como la televisión por cable, Internet y la telefonía celular. Otras dos cuestiones latentes: que se reflote la Ley de Medios, lo que limitaría las propiedades de medios del grupo Clarín (casi única en el mundo), y la posibildad de que se revise la compra de Telecom.
Escenarios en puerta
La Corte es hoy una especie de serpentario donde prevalece la desconfianza mutua entre la mayoría de sus integrantes desde hace más de cuatro años. Las relaciones están marcadas por las pujas de poder y con la mira puesta ya en el año que viene, cuando a Rosenkrantz se le termine la presidencia, lugar al que Lorenzetti ansía volver y que Rosatti también mira con cariño, y algo de cautela. Sobre la cuestión de los jueces trasladados sólo el presidente supremo es el que ha mostrado algunas de sus cartas y sincerado su postura de darles un aval e incluso abrir el per saltum. Los demás mantienen reserva y en los Zoom no adelantan demasiado. Lorenzetti se ha mostrado sinuoso, necesita mantener sus buenos vínculos con Comodoro Py, pero cuida su vínculo con el Gobierno y el mundo empresario. Al trío BBC le hizo llegar en algún momento, que estaba de su lado, pero no es lo que manifestó puertas adentro de la Corte.
En el Gobierno creen que es muy poco probable que la Corte decida abrir el recurso para saltear instancias y también confían en que los traslados no sean avalados. A la vez sospechan de la habilidad de los supremos para hacer gestos hacia la propia corporación judicial. En el alto tribunal contaron a Página/12 que la semana pasada hubo secretarios consultando juriprudencia específica: casos donde tal vez se hayan rechazado recursos pero el tribunal haya “exhortado” a otros jueces a resolver ciertas cuestiones. Una posibilidad, en ese sentido, sería que ignoren o rechacen el per saltum pero hagan una llamado, por caso, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. También tienen pendiente resolver los pedidos de licencia de Bruglia y Bertuzzi, que pidieron primero una licencia extraordinaria y luego vacaciones trabajadas. Casación insistió en que deben resolverlo los supremos. Castelli consiguió licencia en el tribunal de San Martín pero sus dos colegas están en el limbo, porque no quieren convalidar el regreso a sus cargos de origen. Una licencia no es algo imposible y podría “preservarlos” hasta que llegue una definición judicial sobre la validez de sus traslados.
Fernández advirtió algo que la Corte analiza: “¿Qué pasaría si yo hoy para el juzgado de Claudio Bonadio, que está vacante, buscara un juez federal que me cae simpático y lo pongo en ese lugar? ¿Qué pasaría si para las cuatro vacantes que hay en la Cámara Federal buscara a cuatro jueces que me caen simpáticos dentro de los Tribunales Orales y los hago camaristas por un decreto? (…) Sería un escándalo. Eso es lo que hicieron”.
Los jueces y la jueza de la Corte tienen la posibilidad de asistir al acuerdo especial citado por Rosenkrantz sin ninguna propuesta y negarse a resolver. No parece lo más rendidor para ellos al estar en el centro de la escena con otro tema pendiente: la cautelar de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación. Es una Corte que teme a los escraches, por experiencia. No es claro aún lo que puede pasar y hay que ver qué hace la Cámara en lo Contencioso. La oposición y los medios afines han apostado a instalar que al trío BBC se lo desplazó porque se busca la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, cuando está claro que la mayoría de ellos ya fallaron en su contra y hay juicios en marcha o en camino. El oficialismo insiste que más bien el macrismo está interesado en sostener jueces aliados. Puede haber algo de esto, pero una maquinaria mucho más poderosa parece moverse por debajo.
Página/12
