El Ejecutivo busca mostrar sostenibilidad política y aliento a las inversiones y acelera la sanción, pero en Diputados ese apuro le costó desprolijidades que hoy amenazan con voltearla.
La Ley Bases, que el Gobierno busca desesperadamente para completar el hat-trick de gestos que le reclaman el FMI y el mercado, llegó herida a la Cámara de Senadores y su futuro no está claro. Las declaraciones de optimismo oficiales buscan enmascarar un escenario complejo que vuelve a teñir a la presidencia de Javier Milei de incertidumbre. Dos factores se combinaron los últimos días para este resultado: el más que accidentado trámite del proyecto en la Cámara de Diputados y el endurecimiento de algunos gobernadores a los que la situación social presiona en sus provincias.
El Ejecutivo necesita dar tres señales con la sanción de la ley. La primera, reclamada insistentemente por el Fondo, pasa por demostrar que tiene la capacidad política de articular mayorías legislativas. Los libertarios se abocaron a lograr este objetivo con tanto ahínco que terminaron enchastrando la votación del proyecto en Diputados. Necesitados de darle un cierre a la discusión, exigieron al máximo a la Cámara (en tiempos y complejidad del texto) y hoy la media sanción tiene dos cuestionamientos que abren la puerta a la judicialización: la discusión por la votación del impuesto al tabaco y el hecho, admitido (y minimizado) por el vocero presidencial Manuel Adorni y por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, de que hay diferencias notorias entre el texto que aprobaron los diputados y el que llegó al Senado.
La segunda señal que busca dar el presidente con la aprobación de su ley fundacional apunta a los inversores. Una de las estrellas del proyecto, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), combina a la perfección con las reiteradas exhortaciones que llevaron él y su ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos para que los inversores se den cuenta de la oportunidad que les ofrece en este momento la Argentina. “Tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de occidente”, los invitó Milei, tras enumerar los recursos naturales, los profesionales y la ubicación estratégica en la antesala de la Antártida que podrían aprovechar quienes quieran invertir sus dólares en el país.
Para ellos, el RIGI promete baja de impuestos, permisos de importación y exportación, plazos amplios y un detalle sobre el que puso el ojo este martes en el debate en comisiones la senadora peronista por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti: el artículo 162. Es, sin dudas, un párrafo llamativo. “Cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”, reza el texto objetado por Sagasti, quien lo consideró inconstitucional. “Este artículo, así como está escrito, podría decir que se derogan las leyes de protección ambiental en las provincias. Están generando una inseguridad jurídica total para la provincia y los inversores, además de llevarse puesta la Constitución Nacional”, avisó.
El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, aclaró que, para el Gobierno, el artículo sólo se refiere a cuestiones tributarias. “Nada tiene que ver el RIGI con la ley de agua ni con los recursos de la provincia”, subrayó. La duda quedó sobrevolando el recinto y, ante la cara de incredulidad de Sagasti, la recién estrenada secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, Maria Ibarzábal Murphy, se acercó para decirle fuera de micrófono a la senadora que el Ejecutivo subsanará el tema en la reglamentación de la ley. El ministro del Interior, Guillermo Francos, le dijo lo mismo, también fuera de micrófono, al libertario Bartolomé Abdala, que conducía el debate. No alcanzó. “No dice lo que ustedes dicen y tenemos que cambiarlo. Lo que yo digo es que no somos una escribanía y podemos salvar este texto de la ley para que no caigamos en cuestiones judiciales”, cerró Sagasti.
Pero el episodio no quedó ahí. Sumó una observación Guadalupe Tagliaferri, de PRO, al avertir que el artículo 163 y el 222 se contradicen entre sí. Contradicción que también se puede ver entre el artículo citado por Sagasti y el que marcó Tagliaferri. En el primero, la orden es taxativa: si las provincias o municipios hacen algo en contra del RIGI, intervendrá la Justicia Federal. Mientras que el artículo mencionado por la senadora porteña señala que provincias y municipios “que adhieran al RIGI” no podrán imponer nuevos gravámenes locales. ¿La implementación de régimen es compulsiva, como dice el artículo 162, o es por adhesión, como dice el 222? Ante el nuevo cuestionamiento, Rolandi ensayó una respuesta que pareció abrir la puerta a que sea el propio Gobierno el que introduzca cambios en el texto. “Esa no parece ser la interpretación que hace la mayoría. Les pedimos que nos den mañana (por este miércoles), que viene el doctor (Javier Rodríguez) Chirillo, para ver si podemos transmitir mejor nuestra posición. Si mañana vemos que no es suficiente, tomamos el punto de poder hacer una modificación”, aseguró, para sorpresa de varios.
El Gobierno se rehúsa a incluir cualquier cambio, por ínfimo que sea, para no dilatar el trámite del proyecto. Y porque espera concretar también la tercera señal que busca dar con la Ley Bases: el avance en algunas privatizaciones y la reforma laboral. Pero también esos puntos aparecen en tensión por estas horas. Muy activa, la CGT habla en público y en privado con los senadores y volverá a reclamarles acción durante el paro general convocado para el jueves 9, mientras que en la Patagonia crece el malestar por la inclusión en el listado de empresas sujetas a privatización parcial (hasta un 49%) de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Como contó Pablo Ibáñez, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, es uno de los mandatarios en los que el Gobierno confía poder influir para aprobar la ley. Las exigencias del patagónico para poner a disposición sus dos votos en el Senado son ambiciosas. La reactivación de la construcción de las represas hidroeléctricas con financiamiento chino, la reversión de una decisión de YPF que amenaza a 15.000 puestos de trabajo en la provincia y sacar a YCRT de la lista de empresas privatizables, lo que implicaría alguna modificación o veto parcial al texto que ya aprobó Diputados. En su provincia, Vidal destaca haber logrado rescatar a YCRT de la privatización total o el cierre. Aun así, se encontró a sí mismo dando explicaciones en los últimos días por el voto positivo de sus dos diputados al capítulo privatizador. “Esto es lo que se logró hacer”, subrayó en una entrevista con el Canal 3 de Río Turbio y agradeció “a los diputados que se animaron a tomar la decisión menos peor, que fue pasar de privatización total a empresa mixta con mayoría estatal”.
Vidal juega a la incertidumbre por estas horas respecto del voto de sus dos senadores, José María Carambia y Natalia Gadano. Es la misma estrategia ambigua de otros patagónicos, que si hacen scrum para no votar a favor de la restitución del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores tendrían en sus manos la devolución del proyecto a la cámara de origen. En el pelotón de escondedores se ubica también el entrerriano Edgardo Kueider, que ha dicho que no cree que el Senado deba ser una escribanía de Diputados y aprobar sin modificaciones el texto, pero que aún no adelanta el sentido de su voto. Ante la duda sobre qué hará, el PJ de Entre Ríos le avisó: “Es una obligación para el peronismo situarse en las antípodas de ese proyecto”. Pero el Gobierno lo sigue mirando con esperanza.
Noelia Barral Grigera – Cenital
