El ex ministro de Energía está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. La titular de la Oficina Anticorrupción quedó imputada por encubrimiento y abuso de autoridad. Alonso anunció que apelará y habló de “lawfare”
El juez federal Luis Rodríguez procesó a los funcionarios de la gestión macrista Juan José Aranguren y Laura Alonso. El ex ministro de Energía está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. El magistrado le trabó un embargo de 1.200.000 pesos. Para Alonso, en tanto, el procesamiento fue por encubrimiento y abuso de poder. El embargo alcanzó el millón de pesos.
Enterada del procesamiento, Alonso tuiteó: “Apelaremos un procesamiento político e injusto. Sin evidencias ni pruebas. Totalmente armado y con intencionalidad política. No hay que ser muy vivo para darse cuenta quiénes vienen por la venganza y el ‘lawfare’”
“Lawfare”, el concepto de la guerra política a través de la justicia, es uno de los conceptos que plantea la hoy vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, por las causas en su contra, muchas de las cuales la OA de Mauricio Macri ha motorizado.
Rodríguez había llamado a indagatoria a Aranguren y Alonso por una causa que nació en 2016 cuando diputados kircherista acusaron al entonces ministro de haber comprado gas a Chile, vía una empresa ligada a Shell, de la que Aranguren era accionista aún siendo ministro de Energia. A Alonso le adjudicaron no haber cuestionado ese conflicto de intereses.
En su resolución Rodriguez afirmó: “se ha demostrado, con el grado de certeza aquí exigido, que Juan José Aranguren en su calidad de Ministro de Energía y Minería se interesó en que la empresa Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados, demorando los controles que le correspondían en razón a su cargo y determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación”.
Para el magistrado, “ello permite dar por acreditado el aspecto objetivo de la figura de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública en orden al incremento desmedido de la empresa Shell, en el cual el mismo se interesó”. Aclaró asi que para esta figura penal “no resulta indispensable para la configuración de este delito que nos encontremos ante la presencia de un conflicto de intereses”.
El fallo señaló: “Es cierto que aquí el encartado no intervino en un acto particularmente vinculado a la empresa Shell, como sí aconteció en el supuesto examinada anteriormente, sino se observa que la falta de control se vio signada en el interés del mismo en beneficiar a la empresa Shell en sus operaciones de importación demorando la implementación de los controles propios del ámbito de su competencia”
Con Alonso, Rodríguez fue especialmente duro. “Con gran asombro puede leerse de sus fundamentos que Alonso reconoce que Aranguren delegó la función que tuviera encomendada en CAMMESA a un funcionario directo suyo, circunstancia que en nada le llamara la atención a la imputada y que vilmente pretendiera naturalizar como legal”.
“Parece ser que para la titular de la Oficina Anticorrupción, el hecho de que fuera el propio ministro quien delegara su función en CAMMESA en un empleado suyo y, además, mantuviera la potestad de aprobación y pago de las operaciones, no es relevante”, afirmó. Y agregó: “Se advierte que la encartada efectuó distintas recomendaciones que no vendrían al caso y que tendrían por destino brindar una apariencia de legalidad a la conducta llevada a cabo por Aranguren durante su función”.
El fiscal del caso es Carlos Stornelli. La causa se había iniciado en 2016 por la denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tahilade y Mario Doñate.
Allí se sostuvo que de la declaración jurada patrimonial presentada surgía que Aranguren, ex CEO de la filial argentina de la transnacional petrolera de origen anglo-holandés, declaró poseer “más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell”. Esas acciones le permitieron obtener bonificaciones. Otro de los puntos de la denuncia alude a la decisión de aumentar las tarifas de gas, incrementando el valor de lo pagado a los productores, entre los cuales está Shell. En el expediente, Aranguren presentó un descargo por escrito solicitando ser sobreseído y que se le cierre la causa.
En su presentación, los diputados dejaron constancia de que habían alertado sobre la presunta “incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo” a la OA pero que no obtuvieron respuesta alguna. “Es evidente el conflicto de intereses respecto de la situación del Ministro socio de Shell, en tanto esta compañía participa activamente del mercado energético cuya regulación y control está a cargo del propio Aranguren”, dice la presentación.
Aranguren vendió sus acciones en Shell en noviembre de 2016, cuando esta denuncia ya había sido presentada. Lo anunció el propio Macri en diálogo con la prensa durante un encuentro del Foro de Inversiones. Fue después de un dictamen de la OA que recomendaba la venta. Pese a ello, el presunto delito existió mientras estuvo en poder de esas acciones y tomó esas decisiones.
Aranguren renunció en junio de 2018 al Gobierno. Justo días atrás reapareció en una entrevista diciendo que el ajuste sobre las tarifas debería haberse hecho como él proponía y no gradualmente. También aseguró que estaba trayendo los dólares del exterior para poder vivir.
(De Infobae)
