Página/12 accedió a un documento que muestra que la Junta Militar aprobó una propuesta para crear agrupaciones “contrafachada” que salieran a defender públicamente el accionar de los grupos de tareas. Es parte de la documentación hallada en 2013 en el edificio Cóndor y con la que trabajan los equipos de relevamiento y análisis de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
La dictadura propició la conformación de organizaciones de “deudos de víctimas del extremismo” como forma de contrarrestar la presencia y la denuncia pública de las Madres de Plaza de Mayo. Estas agrupaciones tuvieron en la transición una fuerte presencia a través de Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS) y actualmente volvieron a tener influencia de la mano de Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei que solía reunirse con genocidas como Jorge Rafael Videla y tiene un discurso que reivindica el accionar de la última dictadura. La información surge de los archivos que fueron hallados en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea en 2013 –y con los que trabajan los equipos de relevamiento y análisis documental que funcionan dentro de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
El general de brigada Raúl José Ortiz se hizo cargo de la Secretaría de Información Pública (SIP) en 1981. La SIP, durante la dictadura, tenía una doble función: por un lado, ejercer como órgano de contralor de los medios de comunicación a través del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y, por otro, producir información y propaganda a través de sus propios medios –tal como explica Julia Risler en su libro La acción psicológica.
El 26 de mayo de 1981, Ortíz elevó una nota a la Fuerza Aérea con la propuesta. “La reciente experiencia obtenida por la organización de cobertura denominada ‘Madres de Plaza de Mayo’ demostró la necesidad de contar con estructuras propias que se hallen en aptitud de actuar en sentido contrario de aquellas, con la necesaria capacidad y libertad de acción”, dice Ortiz en la introducción del documento que lleva el sello de estrictamente secreto y confidencial.
Para la dictadura –al igual que actualmente lo plantea Villarruel–, los organismos de derechos humanos eran básicamente lo mismo que las organizaciones político-militares de izquierda. Por eso, la propuesta que elevó la SIP llevaba como título “organización de ‘contrafachada’ con relación al tema derechos humanos y el accionar de las organizaciones de fachada parasubversiva”. La SIP, que dependía directamente de la Presidencia, evaluaba que hasta el momento la “mayor parte de las reacciones psicológicas contra la subversión” revestían carácter oficial y que eso debilitaba no solo la credibilidad y la solidaridad social.
En función de ese diagnóstico, la SIP proponía montar una organización en base a la designación “deudos de víctimas del extremismo”. El organismo sugería usar extremismo porque entendía que la referencia al marxismo era tácita y “además, evitaría despertar reacciones inmediatas de las colaterales de izquierda, que harían lo posible para impedir el montaje de la propia organización”.
La agrupación debería funcionar casi en espejo con Madres de Plaza de Mayo, es decir, conformada mayoritariamente por mujeres. “Contando con un núcleo inicial de esposas, madres, hijos, etc. de víctimas de la subversión convenientemente seleccionadas, se podría constituir –con la correspondiente personería legal– la Asociación Argentina de Deudos de Víctimas del Extremismo (AADVE)”, sugería la SIP.
La organización también tendría una comisión directiva con adherentes –con capacidad de apoyo financiero, publicitario, de propaganda, jurídico–. Todo el reclutamiento, dice la propuesta, se iniciaría “conforme a las orientaciones y datos que proporcionen los servicios de inteligencia”.
Según la iniciativa de la SIP, el organismo a crearse debería:
- Tener presencia sistemática en todos los actos o eventos que tengan vinculación con el “accionar contrasubversivo y antiextremista”;
- Elaborar una suerte de cronograma inicial para prever y organizar los actos principales;
- Trabajar con enlaces y servicios de inteligencia de la región para crear organizaciones similares y, de esa forma, organizar la Liga Internacional de Deudos de Víctimas del Terrorismo (LIDVE), que podría tener sede en Tucumán –donde se inició la represión con el Operativo Independencia.
Más allá de estos lineamientos, se debería conformar un equipo de estudio para armar la propuesta integral. Este grupo estaría conformado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la SIP y las áreas de Inteligencia y de Comunicación Social de las Fuerzas Armadas. La SIDE –que, para entonces, estaba en manos del general Carlos Alberto Martínez– debería ser la que canalizara un informe hacia la Presidencia.
La Junta abordó el tema en su reunión del 8 de junio de 1981. Sin embargo, no figura en el acta oficial. En las anotaciones puede leerse “estamos de acuerdo” y que fue aprobado para implementarse a través del secretario de turno- SIP. En ese momento, el secretario de turno de la Junta era el vicealmirante Jorge Demetrio Casas, que había sido uno de los jefes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y fue el representante argentino en la reunión fundacional del Plan Cóndor, hecha en noviembre de 1975 en Santiago de Chile.
Pese a la propuesta de la SIP no llegó a conformarse una organización que llevara el nombre de AADVE, lo que sí se conformó hacia finales de la dictadura fue FAMUS y cumplió con el rol de justificar el accionar de la dictadura. La versión oficial de sus integrantes es que empezaron a conocerse en 1983 en las misas que se hacían para recordar a los caídos en la “lucha contra la subversión”. Sin embargo, las actas de la propia Junta –también halladas en el edificio Cóndor en 2013 y que pueden ser consultadas online– muestran que, para principios de 1983, FAMUS ya estaba constituida y era considerada por la dictadura como una aliada estratégica.
El 14 de abril de 1983, la Junta aprobó un plan para la difusión del llamado “Documento Final” –en el que se hablaba de errores y excesos en una “guerra sucia” y decía que debía considerarse muertos a quienes figuraban en los listados de desaparecidos–. Como la Junta preveía la reacción que esta comunicación generaría, vislumbró que necesitaba “apoyo comunicacional” y, en el documento, postuló a FAMUS para salir en su auxilio.
FAMUS estuvo particularmente activa entre 1983 y 1991. Cesó su intervención en la vida pública –particularmente a través de misas, actos oficiales y la impugnación de los organismos de derechos humanos y del trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)– tras los indultos de Carlos Menem. Las agrupaciones de “memoria completa” se activaron hacia finales de la década de 1990, cuando el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia volvió a tener presencia en la agenda pública. El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside Villarruel, fue creado en 2006, cuando se reabrieron los juicios a los genocidas. Como reveló Página/12, era parte de la estrategia que bosquejó Martínez, el exjefe de la SIDE, para forzar una amnistía general que beneficiara a los genocidas.
Desde su creación, FAMUS pretendió funcionar como una contracara de Madres de Plaza de Mayo. Tal es así que su principal dirigente compartía el nombre de pila de la entonces presidenta de las Madres. De un lado, estaba Hebe de Bonafini –madre de dos desaparecidos– y, del otro, Hebe de Berdina, madre de un soldado muerto en Tucumán. Una de las que recordó esa oposición fue la misma Villarruel en 2020 al tuitear: “Vos tan Hebe de Bonafini, yo tan Hebe de Berdina”.
Página/12
