Eduardo “Wado” de Pedro sacudió la coyuntura con una propuesta de eliminación de las elecciones intermedias con el argumento de que enfrentar una instancia electoral que cada dos años funciona como plebiscito impide gobernar. Una coincidencia con Mauricio Macri que en 2017 había planteado la necesidad de “elegir cada cuatro años todos los cargos”. De Pedro sabe -y Macri probablemente también- que una medida de esa magnitud implica una reforma constitucional. De aprobarse mañana mismo, los cambios se materializarían en el lapso de cuatro años. Por eso, el debate abierto no es el visible. La oposición mira el dedo mientras el ministro señala la luna: “Wado” piensa en un acuerdo de largo plazo con el radicalismo. “Si Larreta se hace radical, también con Larreta”, dicen con sorna en su entorno.
El amor es correspondido. En privado, Gerardo Morales celebra la sintonía con el ministro político: “Los acuerdos se cumplen”. Wado lo puso en palabras desde Brasil: “Hay que dejar de mirarnos el ombligo y ampliar la coalición”. Morales enfrenta los escarceos luego del acto en conmemoración del triunfo de Raúl Alfonsín. Alfredo Cornejo salió en defensa de Macri luego de las críticas del presidente de la UCR. La interna en la oposición toma el mismo registro de cómo la política resolvía los problemas cuando Patricia Bullrich comenzó a militar. En las últimas horas apareció un video en el que la titular del PRO amenaza a Felipe Miguel: “No me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”.
En el medio, la discusión sobre las PASO empieza a disociar lo político de lo institucional. Si el oficialismo aún no se decidió, la semana que viene la Dirección Nacional Electoral (DINE) impulsará el primer tramo de la licitación para las primarias que incluirá, entre otras cosas, el pliego de recuento, las urnas, los sobres, las impresiones, et al. El titular de la DINE es Marcos Schiavi, un hombre de extrema confianza del ministro De Pedro.
Mientras tanto, definiciones judiciales importantes para el país se dirimen en Nueva York, en el caso en que YPF es demandada en la Corte de Distrito por dos empresas españolas del grupo Petersen controladas por la familia Eskenazi y hoy concursadas en España, y por dos fondos de inversión administrados por la empresa de inversiones estadounidense Eton Park Capital Management, L.P.
El origen de la causa se remonta a la ley de expropiación de 2012, que autorizó al Estado nacional a expropiar el 51% de las acciones en poder de la española Repsol, su ocupación temporaria y el pago de la indemnización en 2014 que la consolidó, ya que los demandantes alegan que no se hizo una oferta para adquirir las acciones restantes por un precio calculado del modo previsto en el estatuto, por lo que solicitan una indemnización de 8554 millones de dólares más los intereses. La demanda se dirige a la vez al gobierno argentino como adquirente y a YPF SA como sociedad por no haber arbitrado los medios para evitar el supuesto incumplimiento. La petición está en poder de Burford Capital LLC, una de las empresas financiadoras de las disputas comerciales más grandes del mundo, que adquirió el control de los derechos litigiosos de Petersen y Eton Park.
Las partes acuerdan en que la cuestión sería de puro derecho, es decir, que no hay hechos controvertidos que probar en juicio, lo que permitiría dictar un fallo aplicando sólo la legislación. Si bien rechazó los planteos de incompetencia de la justicia de Nueva York, la jueza Loretta Preska ya reconoció que las cuestiones en disputa se rigen por el derecho argentino y lo aplicará para resolver el caso.
Mientras los demandantes se han ceñido a la cuestión estatutaria, el gobierno argentino alegó una serie de aspectos relevantes que, de aplicarse el derecho de fondo de nuestro país, deberían favorecer un rechazo de la petición, que también se vería fortalecido por algunas cuestiones procesales sobre la admisibilidad de las demandas que hacen a la legislación neoyorquina. De acuerdo a los alegatos del gobierno, la parte acusadora no tendría derecho a reclamar por el incumplimiento del estatuto porque cuando presentaron sus reclamos en 2015 y 2016 ya no eran accionistas de YPF. Petersen perdió sus acciones por ejecuciones y concursos entre 2012 y 2014, mientras que Eton Park vendió las suyas entre 2012 y 2013. Bajo el derecho de Nueva York, la potestad de reclamar por incumplimiento del estatuto se transfiere junto con los títulos. La misma regla aplica a las acciones bajo ley argentina.
Por otro lado, bajo el derecho argentino, el expropiante no “adquiere” la propiedad del bien en cuestión hasta que no paga la indemnización correspondiente, lo cual recién ocurrió el 8 de mayo de 2014, cuando el Estado nacional le abonó a Repsol una indemnización de 5.000 millones de dólares en títulos públicos acordada en el Convenio que celebraron en febrero de 2014. La intervención de YPF en abril de 2012 y la ocupación temporaria de las acciones sujetas a expropiación de mayo de 2012 a mayo de 2014 no constituyen adquisición, que se podría haber desistido en cualquier momento.
Adicionalmente, el derecho societario argentino no permite que un accionista demande a otro para exigirle que acate el estatuto sino que debe proponer a la asamblea de accionistas aprobar una resolución que imponga las sanciones previstas en el reglamento, y tiene tres meses para cuestionar judicialmente una resolución contraria de la asamblea que implique una violación del estatuto. A diferencia de otros accionistas minoritarios, los demandantes no ejercieron ninguno de esos derechos. Por último, los acusadores no tendrían derecho a reclamar una indemnización por daños porque el artículo 655 del viejo Código Civil, la norma aplicable al caso, dispone que las sanciones específicas por incumplimiento previstas en un contrato son exclusivas. Por lo tanto, las sanciones de pérdida del derecho a voto y de la distribución de dividendos previstas en el reglamento serían las únicas penalidades aplicables.
Por fuera de las cuestiones relativas a la legitimación, las obligaciones y penalidades estatutarias, quedan las cuestiones de Derecho Público argentino, que prevalecen sobre las disposiciones de un acuerdo privado, como lo es el estatuto de una sociedad. El artículo 28 de la ley 21.499 -que prevé el régimen general de expropiaciones- establece que ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos y que los derechos del reclamante se considerarán transferidos del bien expropiado a su precio o a la indemnización, quedando libre de todo gravamen. La interpretación del estatuto de YPF que postula la demanda supondría un gravamen adicional, al imponer al Estado nacional la obligación de realizar una oferta pública por las demás acciones, que podía costarle miles de millones de dólares.
Por otra parte, exigir que el Estado nacional ofreciera comprar el resto de las acciones hubiera sido contradictorio con dos de las finalidades de la ley 26.741: que YPF siguiera operando como una sociedad anónima abierta y que la Nación y las provincias tuvieran los porcentajes del capital de YPF determinados en dicha ley, y no otros surgidos de una norma privada como es el estatuto. En último lugar, algunas inconsistencias temporales de los demandantes convertirían el planteo comercial sobre acciones que cotizaban en Nueva York en uno no sobre el estatuto sino sobre la ley de expropiación, lo que determinaría una incompetencia de la justicia neoyorquina, por la inmunidad soberana de los estados.
La jueza podría rechazar definitivamente la demanda, acoger los planteos positivamente y determinar una indemnización -lo que sería apelable ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito- o podría determinar que hay hechos controvertidos y exigir la celebración de un juicio con producción de prueba. El balance, también, obliga a repensar, al margen de las virtudes de la llegada del Estado a YPF, el fracaso de la estrategia anterior, que supuso una fallida nacionalización, con la entrada de un grupo privado, lejano a la altura de la empresa, cuyo saldo, en vez de una mayor participación nacional en las decisiones, fue una demanda en tribunales neoyorquinos por un monto superior al pagado a Repsol, y una ineficaz participación que determinó la indemnización posterior.
El juicio, además del resultado, reviste importancia para sostener y defender la viabilidad de la que probablemente sea la empresa controlada por el Estado cuyo mejor resultado social se materializa en relación a las expectativas sobre el rol que debería cumplir. La firma que lideró la generación de proveedores locales, las asociaciones para la exploración petrolera no convencional -y ahora offshore- y la generación de capacidades en Vaca Muerta.
El debate sobre el rol social de las empresas públicas que encaró esta columna fue objeto de variados cuestionamientos, algunos de los cuales fueron realizados sin oportunismo ni segundas intenciones, algo que amerita profundizar en algunos aspectos. Quienes defendemos al Estado como impulsor del crecimiento, regulador y generador de actividad económica, debemos prestar atención a que cumpla su objetivo en forma adecuada. Mariana Mazzucato, la teórica que más ha estudiado ese rol de la acción estatal ha hecho énfasis en la necesidad de una mirada dinámica de la eficiencia, el desarrollo de capacidades públicas y la generación de valor social. Una utilización inteligente de los fondos del tesoro implica discutir el funcionamiento de las empresas públicas y el empleo público no (solo) por sus resultados fiscales sino por el valor social que generan.
Desde 2019 hasta la fecha, se duplicó el déficit de las empresas públicas en términos reales. ¿Ese aumento marcado en el gasto fue acompañado de un incremento similar en las prestaciones que otorgan o en los servicios que prestan? Tampoco han generado mayores externalidades vinculadas o nuevos mercados en la medida del aumento de sus presupuestos, ni aumentado proporcionalmente capacidades locales técnicas o científicas. Discusiones como la eficiencia y la productividad, subordinadas siempre a la eficacia estatal, no son necesarias sino imprescindibles.
En un Estado en que las carencias son múltiples, la discusión sobre el uso de los fondos públicos y su posibilidad de generar crecimiento es también la medida del ajuste del gasto al que obligan las metas suscritas con el Fondo Monetario Internacional tras el proceso de endeudamiento del macrismo. Mayor crecimiento redunda en menos necesidad de ajuste y cada peso de déficit injustificado en el funcionamiento de las empresas estatales, dadas las obligaciones existentes, significa un peso sustraído de otro lugar del gasto del Estado, donde acaso pudiera estar beneficiando a la sociedad.
Uno de los puntos que más disgusto generó fue el ejemplo de Aerolíneas Argentinas. Insistamos. La empresa cobra sus pasajes a precios similares a otras compañías de la región. Los resultados operativos de nuestra aerolínea de bandera son peores que los de aquellas. Las externalidades positivas que genera la empresa estatal -uno de los principales argumentos para defender que no se mire solo el déficit- son similares que las de sus competidoras en la región y los costos, mucho mayores. Las rutas que no cubren las empresas privadas y que conectan con las provincias más alejadas del circuito comercial, ¿explican las pérdidas o las ganancias? ¿Aerolíneas pierde dinero en las rutas más comerciales?
Una vez más: no se trata de ajustar sino de maximizar las capacidades existentes. Para ello, funcionalidad, productividad o utilidad social concreta no pueden ser tópicos prohibidos ni para la administración ni para los representantes sindicales. Una sociedad nihilista y un sindicalismo únicamente corporativo en relación a las empresas públicas es la receta para que un gobierno ultraliberal pueda plantearse con posibilidades de éxito su desahucio. Para ponerlo en perspectiva histórica, ¿hubieran sido posible los 90 si no hubieran estado precedidos por los cortes de luz programados o el pésimo despliegue de la red de líneas telefónicas durante la década que los antecedió? Limitarse a decir que el ajuste no es el camino sin evaluar los alternativos es una manera de abrirle paso. Un clásico de las izquierdas testimoniales, no del peronismo.
Last but not least. La elección de Lula como presidente de Brasil en la contienda más reñida desde que aquel país recuperó la democracia dejó una lista larga de aspirantes a repetir el fenómeno de este lado de la frontera. La pertinencia de aquella mirada es cuanto menos discutible. La opción por la moderación y la amplitud que Lula abrazó expresamente al elegir a su viejo rival Geraldo Alckmin como su compañero de fórmula -y que acentuó aún más marcadamente ante la segunda vuelta cuando alineó detrás de sí a Fernando Henrique Cardoso y los economistas que respaldaron su gestión durante los 90- no tiene un reflejo local en el futuro sino en el pasado. Cuando Cristina Fernández de Kirchner eligió a Alberto Fernández como su compañero de fórmula en el primer lugar de la lista estaba señalando tanto la amplitud del armado, como dando garantías de moderación. Los resultados no son intrínsecos a la fórmula del experimento que podría, teóricamente, haber salido bien, pero que, en todo caso, es irrepetible en su sorpresa.
La elección de Lula no es una buena noticia por lo que anticipa del futuro electoral del Frente de Todos -para el que la mejor noticia probablemente sea la resiliencia electoral del oficialismo- sino por lo que significa en la relación con nuestro vecino mayor, principal socio comercial y primer destino de nuestras exportaciones comerciales. La experiencia de Jair Bolsonaro magulló de forma palpable el Mercosur, mientras la relación bilateral, sin llegar a la que hubiera sido una amarguísima ruptura, transitó una distancia inédita desde el acercamiento entre Raúl Alfonsín y José Sarney, con presidentes que casi no se hablaron e intercambiaron destrato y hasta algunos ataques. La tarea de Daniel Scioli evitando que la crisis escalase fue, durante toda la etapa, digna de elogios. Un Brasil que vuelve a mirar al Mercosur y a la región como plataforma de su proyección regional es una excelente noticia para un año que, a nivel externo, se anticipa difícil.
La clara definición de Lula en su muy amplio y moderado discurso de victoria, respecto de la necesidad de replantear las relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea para evitar la inserción sólo como proveedores de productos primarios, habrá sido música para los oídos de un gobierno que hasta el momento dio esa batalla en soledad. En momentos en que la bipolaridad entre China y los Estados Unidos es cada vez más tensa y rígida, la posibilidad de concertar con el vecino de mayor tamaño es también una oportunidad para preservar márgenes de soberanía.
Por último, la exigua diferencia obtenida por Lula podría tener pocos efectos en el oficialismo pero influir, en cambio, en la oposición, que se mueve entre los más moderados que ven incluso con agrado a un Lula posicionado en el centro que sea socio de la Argentina y quienes toman la posta para la construcción de un bolsonarismo local. El todavía presidente no había -hasta el cierre de esta columna- reconocido la derrota. Camioneros partidarios suyos bloqueaban algunas rutas y caminos con la indiferencia cómplice de la policía caminera. Las ligaduras opacas entre sectores del Estado y grupos por fuera del control de la dirigencia, las posibilidades de actos violentos ajenos a las instituciones y la no aceptación de las reglas democráticas son también riesgos compartidos a menos de dos meses del atentado fallido que casi le cuesta la vida a la vicepresidenta.
Una última cosita antes de enviar el correo. La Argentina entró en cuenta regresiva para el Mundial. En tres semanas a esta hora la Selección habrá hecho su debut en la Copa y el ánimo colectivo pasará a depender de lo que ocurra en Catar con la pelota de fútbol. Por eso desde Cenital pensamos una cobertura especial para acompañarlos. “Nos fuimos mundial” es el nombre de esta propuesta que incluye un newsletter a cargo de Fer Duclos, también conocido en redes por su alter ego Periodistán. El domingo debutó con un homenaje al Diego evocando su vida a través de las Copas del Mundo. Si todavía no te suscribiste a su newsletter, podés hacerlo acá.
Iván Schargrodsky | Cenital
