SEGURIDAD: UNA POR UNA, LAS MODIFICACIONES QUE PLANTEA PATRICIA BULLRICH

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Lanzó un paquete de leyes para que las Fuerzas Armadas hagan Seguridad Interior. Orden público, Registro de ADN gracias al FBI, una Ley RICO local y más.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el gobierno de Javier Milei impulsará cambios en materia de Seguridad, entre otros proyectos para combatir el crimen organizado, con el objetivo de bajar los dramáticos índices delictivos y desmantelar el narcotráfico en Rosario. La más resonante de las iniciativas fue la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, pero no es la única.

En concreto, se trata de los proyectos Organizaciones Criminales, más conocida como Ley Antimafia; Reincidencia y Reiterancia; Registro de ADN, que busca ampliar a todos los delitos y a partir del procesamiento; Ley de Orden Público, que incluye penalidades a la organización de piqueteras; ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación; aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad; y tipificación del bloqueo a empresas.

Las iniciativas, que el Gobierno enviará la próxima semana al Congreso, y que tendrá un tratamiento paralelo al de la ley ómnibus, apuntan a cercar y perseguir al “terrorismo”, como suelen denominar a las organizaciones de narcotráfico y a otras bandas armadas. En este sentido, tanto Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, que también estuvo involucrado en la redacción de los textos, calificaron las modificaciones “como un gran avance en la materia”.

Bullrich contra el derecho a la protesta

No es una novedad que Bullrich pretenda modificar leyes para limitar los piquetes y protestas callejeras, de hecho hasta fue parte de su plataforma de campaña presidencial como candidata de Juntos por el Cambio. Ahora, como ministra libertaria busca modificar el artículo 194 del Código Penal y las acciones tipificadas para especificar penas para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”, con penas de uno a tres años y seis meses de prisión.

La funcionaria busca crear también la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.

Esta condena aumenta hasta a 6 años si se lleva adelante “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.

Un nuevo registro de ADN

Este punto, como el anterior, son parte de los artículos originales de la ley ómnibus, aunque ahora el Ejecutivo lo enviará por separado, atento a las dificultades que podrían haber en un nuevo debate en la Cámara de Diputados. “Hoy en Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales. Ahora cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”, explicó.

Modificaciones en la ley de Seguridad Interior

Bullrich y Petri detallaron que los proyectos que darán a conocer en los próximos días habilitarán a las Fuerzas Armadas a “hacer patrullajes, control de personas, vehículos e instalaciones, al mismo tiempo que podrán detener en flagrancia a quienes cometan delitos”, algo que hoy está prohibido por ley. “Se posibilita la actuación de usar medios coercitivos pero se va a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las fuerzas donde es imprescindible la proporcionalidad y gradualidad”, amplió Petri, quizá atento a los numerosos cuestionamientos de estas modificaciones, sobre todo de las organizaciones de derechos humanos.

En paralelo, el Gobierno conformó un comité de crisis en Rosario, ante los hechos de violencia narco, y ordenó que las Fuerzas Armadas participen en cuestiones logísticas del operativo. La decisión generó reparos entre los efectivos e, incluso, trascendió el malestar de la cúpula castrista. De todos modos, se desplegaron cerca de 120 militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que brindarán apoyo a las fuerzas de seguridad federales en la lucha contra el narcotráfico. También se desplegaron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el marco del “Plan Bandera”. De aprobarse los proyectos, la Casa Rosada pretende enviar a unos 1200 efectivos de las Fuerzas Armadas, que aseguran representa cerca del 3% del total nacional.

Ley de Organizaciones Criminales

“Vamos a enviar al Congreso la llamada Ley Antimafias, que implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”, adelantó Bullrich. De prosperar se podrá utilizar el concepto de “mafia delictiva” y se podrá buscar el flujo de dinero de las organizaciones.

El jefe de gabinete, Nicolás Posse; el interventor de la AFI, Silvestre Sivori; y la ministra de Seguridad, @PatoBullrich, recibieron por primera vez en 14 años la visita del titular de la @CIA, William J. Burns. pic.twitter.com/V9wdAI7yyP — Jefatura de Gabinete (@JefaturaAR) March 21, 2024

Este proyecto está inspirado en la legislación de Estados Unidos, en la ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, más conocida como ley RICO. De hecho, este mismo jueves después de la conferencia de prensa que dio en el segundo piso de la Casa Rosada, Bullrich se mostró con el embajador norteamericano, Marc Stanley, y el titular de la CIA, William J. Burns.

Reincidencia y Reiterancia

Según explicó la titular de Seguridad, la reiterancia se aplicará cuando un individuo está acusado o procesado en varias investigaciones penales por el mismo delito sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme. De aprobarse el proyecto, esa persona esperaría por la resolución de su causa preso.

“Si reiterás el delito, vas preso. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente”, remarcó Bullrich. Sobre este punto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se había mostrado a favor. De hecho, dijo que la administración local también avanzará en un proyecto similar: “Vamos a avanzar con nuestros legisladores en la Ley de Reiterancia para que rija un criterio de justicia más severo y estricto que reemplace al de la actual ley de reincidencia. Necesitamos dejar atrás la lógica garantista que libera delincuentes que vuelven a matar, robar o violar. En la Ciudad tenemos muy en claro de qué lado estamos: nunca del lado de los delincuentes”, sostuvo Macri.

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