Podría administrar de manera discrecional entre el 21 y 28% del gasto público que previó el Ejecutivo para el año próximo, según estimaciones que hizo Cenital en base a datos oficiales.
La falta de una ley de Presupuesto para 2025 facultará al Gobierno a administrar de manera discrecional entre 25 y 33 billones de pesos, o entre 21 y 28% del gasto público que previó el Ejecutivo para el año próximo, según estimaciones que hizo Cenital en base a datos oficiales.
Ese dinero comprende recursos para negociar con los gobernadores -unos $ 7,1 billones, entre obras y recursos corrientes-. También el manejo de los subsidios a la energía y el transporte ($ 6,2 billones) y recursos sensibles, como los que financian al PAMI ($ 2,9 billones). Estos últimos comenzaron a recortarse con fuerza, por el cambio en la cobertura de medicamentos que dispuso la administración de la obra social más grande del país.
De allí podría extraer fondos el Ejecutivo en el año electoral, si se descuentan los recursos que deben cubrir jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, salarios del sector público y servicios de la deuda.
Este miércoles, el vocero Manuel Adorni afirmó que el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para diciembre, pero no incluyó el proyecto de Presupuesto en el temario. Así, el año comenzará con la prórroga del texto que el Congreso sancionó a fines de 2022 para el ejercicio 2023. Esos créditos presupuestarios se actualizaron por decreto.
El artículo 27 de la Ley de Administración Financiera prevé que, si el Congreso no sanciona ley de Presupuesto, regirá “el que estuvo en vigencia el año anterior”, con algunos ajustes obligatorios para cubrir servicios de deuda, salarios, jubilaciones y otros compromisos impostergables. Los créditos vigentes al inicio de 2025 serán los del 31 de diciembre de este año. Es decir, el presupuesto inicial de 2024 actualizado por las distintas modificaciones que incorporó el Gobierno por decreto.
Guido Rangugni, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), explicó a Cenital que la discrecionalidad no está en la Ley de Administración Financiera (LAF), sino en los decretos con los que el Gobierno ejecuta el gasto más flexible. “El procedimiento establecido en la ley en caso de prórroga implica poca discrecionalidad, ya que básicamente establece que solo se pueden realizar los ajustes de gastos que permitan dar continuidad a las prestaciones públicas”, dijo. “No obstante, la posibilidad de utilizar los DNU, que es independiente de la circunstancia de la prórroga del Presupuesto, le permite readecuar íntegramente los gastos, e incluso incrementar el monto total de gastos”, añadió.
¿Cuáles son esos gastos que dan continuidad a las prestaciones públicas? La LAF menciona explícitamente a los servicios de deuda. También se incluyen ahí salarios, jubilaciones, pensiones y asignaciones. Si los primeros ajustan por paritarias y se negocian a la baja, las prestaciones sociales se indexan por inflación desde abril. El Gobierno debería cambiar, por DNU, la fórmula de movilidad para poder manejar discrecionalmente esos fondos.
Estos ítems (salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones e intereses de deuda) son los que el Ejecutivo blindó del ajuste para 2025. El texto que presentó Javier Milei en el Congreso incorporó una cláusula para blindar el equilibrio fiscal. “La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción”, fijó. “Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente deberán ser
recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero”, añadió.
Lo que queda para repartir
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los grandes rubros a salvo de esa cláusula de ajuste son el gasto en personal de la administración pública y las universidades nacionales; la seguridad social y los servicios de deuda. En total, el Gobierno previó gastar $ 84,3 billones en esas partidas, o el 78% de los gastos totales del proyecto de ley ($ 117,6 billones). El saldo, de $ 33,3 billones, tendrá discrecionalidad.
La cuenta varía si se actualizan por inflación los créditos vigentes a diciembre de 2024 para pagar salarios, jubilaciones, pensiones y asignaciones, y se le suman los recursos previstos para pagar deuda en 2025. Tomando la inflación promedio que fijó el Gobierno en su proyecto de Presupuesto (27%), esas partidas “viejas” actualizadas y los servicios de deuda suman $ 90 billones. Para 2025, el Ejecutivo estimó ingresos por $ 115,2 billones (un número inflado, según analistas). Si se cumplen las expectativas de recaudación de Luis Caputo y su equipo, sobrarían, entonces, $ 25,2 billones para acomodar por DNU.
Ambos caminos llegan a destinos similares: en el año electoral, aproximadamente un cuarto de todos los créditos presupuestarios quedarán a tiro de la discrecionalidad. Las facultades que el Congreso le dio al Ejecutivo en la ley Bases profundizan la autonomía de Milei para recortar o repartir recursos.
Al hilar más fino, hay partidas más sensibles que otras. El gasto en subsidios a la energía previsto para 2025 en el proyecto de La Libertad Avanza ascendía a $ 4,1 billones. Se previó un recorte del 0,5% del PBI en estas erogaciones. Podrá ser más profundo, en función de cómo el Gobierno aplique la tarifa social con la quitará el beneficio a sectores medios. El gasto para subsidiar el transporte (principalmente, trenes y colectivos del área metropolitana) se estimó en $ 2,2 billones. Recortar más implicaría mayores subas en el precio del boleto.
El PAMI está en el ojo del huracán, por la decisión del Ejecutivo de recortar la cobertura en medicamentos. No obstante, el proyecto de ley de 2025 preveía un incremento del 0,4% real en los recursos para esta área, que contrastan con el ajuste de 15% de 2024. Son partidas por $ 2,9 billones que el Gobierno podrá, en parte, reasignar.
El grueso de la rosca con las provincias se centrará en los $ 2,8 billones que el proyecto preveía como transferencias corrientes y en los $ 4,3 billones que se estipularon para obras. Son $ 7,1 billones que podrán repartirse con mayor discrecionalidad.
Cenital
